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España es una democracia sin poder

“Todo poder cae a impulsos del mal que ha hecho. Cada falta que ha cometido se convierte, tarde o temprano, en un ariete que contribuye a derribarlo.” Concepción Arenal

Los teóricos del Poder lo reconocen como la capacidad de ejercer la Autoridad. Sin él, toda gestión queda sometida casi siempre a intereses ajenos a los fines colectivos. Entonces es el poseedor del Poder el que lo ejerce dirigiendo las decisiones según su finalidad. De esto, surge la inquietante cuestión de cuáles son entonces las fuentes del Poder.

En las monarquías el poder se garantiza por el acuerdo entre el plano religioso de los sacerdotes y el material de las aristocracias reinantes, poseedoras de toda la riqueza. Así, gobiernan y monopolizan la autoridad. En los sistemas autoritarios, el poder surge del control de la fuerza militar, en general también con el apoyo de los representantes eclesiásticos, mientras se le adhieren o se crea una burguesía económica que lo financia.

En el origen del sistema democrático, en cambio, la autoridad emana del voto ciudadano, a la vez que la división de poderes debe evitar la desviación de este cometido. Por tanto nos queda concluir que, si España no es ni una monarquía absolutista ni un régimen autoritario, ¿por qué se comporta como tales ignorando el interés general? ¿Tal vez sea porque nuestros gobiernos carecen del poder para llevar a cabo sus programas de gobierno emanados de las necesidades de la ciudadanía?

La división de poderes en la democracia española nunca fue apropiada para ejercerse de un modo satisfactorio. Las interferencias entre el poder ejecutivo y el judicial, produciendo a través del legislativo una legalidad “a medida” de intereses corporativos, fueron y son abundantes. Las instancias europeas dejan en evidencia las costuras de nuestras instituciones. Por no hablar de las presiones de la cúpula religiosa, militar o los grupos económicos.

Es en los propios discursos políticos donde es posible escuchar falacias que responden a justificar intenciones nada claras, en cuanto a libertades, o el mantenimiento de privilegios, por ejemplo. Tampoco se observa una intención clara de evitar que sigan dándose las denominadas “puertas giratorias”. El caso de la última vicepresidenta de Rajoy pone en evidencia las anomalías mencionadas.

Lo cierto es que parece que, el sistema democrático, en lugar de contribuir al progreso de sus ciudadanos, sólo incrementa el patrimonio de quienes se valen de él. Esta afirmación viene a cuento de los resultados del informe elaborado por EAPN, European Anti Poverty Network. En el mismo se asegura que la pobreza severa en nuestro país se sitúa en el 6,9% de la población, cifra superior a la registrada en el año 2014. Recuérdese entonces aquella primera legislatura del gobierno Rajoy. Reforma laboral, empobrecimiento energético, desmantelamiento de la sanidad y educación públicas. El descenso del “mileurismo” al “seiscientoseurismo”. Todo, mientras las corporaciones de IBEX y sus rémoras disfrutaban de records de beneficios.

La situación de esta democracia demuestra que sólo es un instrumento de ese modelo. La inviolabilidad de ciertas instituciones, que se ubican fuera del control del sistema democrático, debería ser tema del gobierno que se forme. Del mismo modo que se debe recuperar el poder de hacer que se cumplan la ley todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Sin excepción. En caso contrario, se habrá verificado que este sistema es una farsa. Una Autoridad sin Poder. Una deslegitimación del sistema.

En conclusión, en las próximas citas electorales, recuperemos el Poder.

Alberto Vila

Economista y analista político, experto en comunicación institucional.

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