Cuando se pierde la vergüenza no puede exigirse el respeto

 

“Prometemos según nuestras esperanzas, y cumplimos según nuestros temores.” François de La Rochefoucault

El Tribunal Supremo corre el riesgo de ser considerado una oficina al servicio del Poder, sea este económico, religioso o político. Sus actuaciones producen alarma social y desconcierto democrático. Todo lo menos que debiera esperarse de unas personas que tienen como principal función ser los custodios de las garantías democráticas.

Sin embargo, para desgracia de todas las personas de este cada vez más triste país, sus actuaciones y prácticas dejan las sospechas de que han llegado allí para responder a lealtades que nada tienen que ver con los intereses generales del país al que deben lealtad.

No es aceptable que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, fuera de toda norma habitual, desplazó al magistrado que debía hacerse cargo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Así es, José Manuel Sieira vio cómo los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votaban a otro candidato para apartarlo de la Sala. Allí aparece Luis María Diez-Picazo, sin la experiencia adecuada pero con los votos del grupo de vocales conservadores. El PP necesitaba el control de las sentencias.

Diaz-Picazo, con la presteza de los buenos servidores, por primera vez decidió revisar una doctrina del Supremo ya consolidada en una sentencia. Convocó al Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesto por 31 jueces, para que decidiesen si, como sostenían cinco de ellos, son los bancos quienes debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no los clientes.

Olvida este juez, que él mismo les encargó a esos magistrados que sentaran jurisprudencia y, cuando decidieron fallar contra los bancos -con las consecuencias que conlleva su sentencia-, dio marcha atrás. Un verdadero escándalo en cualquier democracia seria. En ellas, los oportunistas serían expulsados de la carrera judicial. Poco se ha dicho de sus relaciones con organizaciones vinculadas con la banca. Sus actos pueden ser constitutivos de prevaricación. Así lo entiende la querella presentada por Unidos Podemos, por la presunta comisión de un delito de prevaricación judicial tipificado en el artículo 446.3 del Código Penal, según señala el escrito presentado. En el mismo se indica que “..en el ejercicio de la acusación popular por los hechos y contra el magistrado”. Esto se presenta después de que éste magistrado decidiera elevar al Pleno de la Sala la jurisprudencia posterior al fallo del pasado 16 de octubre dictado por la Sección 2ª de la de la Sala Tercera, que atribuye a los bancos y no a los particulares, la obligación de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD). Y prosigue, “Y ello, sin perjuicio, de dirigir la acción penal contra los que puedan resultar imputados en el transcurso de las diligencias que se incoen”, añade la querella. Esto acaba de comenzar.

Desde la instrumentalización hecha del asunto catalán, pasando por las actuaciones del Master de Pablo Casado, hasta llegar a este esperpento construido por un magistrado bajo sospechas de la prensa publicada. Todo, sin mencionar que su crédito se le ha acabado a fechas de tratar la primera sentencia por el Caso Gürtel. Si se atreviese el señor Lesmes y sus magistrados a condonar las responsabilidades derivadas, entonces la respuesta social debería ser contundente. No basta con un decreto del Gobierno voluntarioso pero oportunista y poco efectivo. En él se apela a la voluntad de los bancos de hacerlo cumplir. ¿Quién asesora en su política comunicativa a Pedro Sánchez?

Cuando se pierde la vergüenza no puede exigirse el respeto.

Alberto Vila

Economista y analista político, experto en comunicación institucional.

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