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El Estatuto catalán de 2006. Claves para entender la situación actual en Catalunya

El Estatuto catalán actual (2006) fue un empeño personal de Pasqual Maragall, cuyo objetivo inicial no fue tanto mejorar el autogobierno de Catalunya como dar satisfacción a ERC y a los sectores nacionalistas del PSC e IC-EUiA, todos integrantes del Primer Tripartito de Izquierdas, que reclamaban con insistencia “anar més lluny” (ir más lejos) del texto entonces vigente, que era el aprobado en 1979, durante la Transición, heredero lejano a su vez del Estatuto aprobado durante la Segunda República española en 1932.

¿Era necesario ese nuevo Estatuto, el de 2006? Desde el punto de vista administrativo, seguramente no. Desde el político, y a pesar de la contención general presente en su texto, la nueva carta catalana despertó la agresividad de lo más rancio del españolismo de derechas y de izquierdas. En cierto sentido resultó pues, contraproducente. La apuesta por el reconocimiento de Catalunya como nación y de España como “nación de naciones”, más algún portillo (discreto, pero real) que en su texto original posibilitaba un futurible proceso de autodeterminación pactado, disparó todas las alarmas en La Zarzuela y en La Moncloa, en Ferraz y en Génova, en el IBEX35 y en la Conferencia Episcopal. Hasta La Liga Española de Fútbol Profesional se sintió concernida, y no digamos las empresas mediáticas y los grandes grupos audiovisuales.

En realidad, el Estatuto de 2006 fue concebido en un principio como una simple mejora del texto de 1979, al que se pretendía dotar de más contenido político (o ideológico, según se mire). Por el camino de su elaboración fue adquiriendo mayor densidad política, al incorporar algunos conceptos elementales del discurso clásico catalanista (no necesariamente independentista). Con todo, cierta grandilocuencia, mesurada pero real, presente en el preámbulo quedaba luego casi desmentida por un contenido que tras las acervas y a veces salvajes críticas recibidas desde la clase política española, fue literalmente copiado en artículos enteros y trasplantado a la redacción de un sinfín de nuevos Estatutos de autonomía de regiones como Andalucía, cuyo presidente Manuel Chaves se distinguió en los insultos dirigidos contra su correligionario político Pascual Maragall y el conjunto de los catalanes, nacionalistas o no. Unos meses después como digo, Chaves y su entorno fotocopiaron sin pudor alguno, párrafos y hasta artículos del nuevo Estatuto catalán y lo presentaron como propio para Andalucía.

El Estatuto fue aprobado por el Parlament de Catalunya y refrendado mayoritariamente por el pueblo catalán, a pesar de las graves mutilaciones que sufrió tras su paso por el Congreso de los Diputados, donde fue masacrado en la Ponencia Constitucional que dirigía Alfonso Guerra. El político socialista se comprometió públicamente a darle “un buen cepillado”, tarea que enfrentó con el mayor entusiasmo y un resultado notable en su eficacia.

El cepillado a fondo fue realizado en sede parlamentaria y en reservados de conocidos restaurantes madrileños, con el concurso imprescindible de un PP que se lanzó a la calle a recoger firmas contra el texto del Estatuto (y en realidad, contra cualquier forma de expresión política catalana), y contradijo por completo el compromiso previo adquirido en público por el pusilánime Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, cuando el 13 de noviembre de 2003, durante la campaña de las elecciones al Parlamento de Cataluña, dijo ante 20.000 personas en un mitin celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona: “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”. El 21 de enero de 2006, una larga reunión en La Moncloa entre Zapatero y Artur Mas, en esa época máximo dirigente de CiU y muy alejado entonces de sus posteriores pulsiones independentistas, consumó el fraude al dar su aprobación los nacionalistas catalanes de derechas al texto cepillado y planchado por Las Cortes a cambio de algunas vagas promesas en materia de financiación, lo que provocó la ira de ERC, socio del Tripartito, y la desolación en el seno del PSC, una vez más abandonado por el PSOE a su suerte en aras a los pactos “de Estado” con la derecha nacionalista catalana.

Puesto a referéndum el texto final, fueron algo más del 50% del censo electoral los catalanes que participaron en la votación. En total, los votos favorables representaron aproximadamente el 44% del cuerpo electoral de Catalunya. Inmediatamente el presidente andaluz, Chaves, exigió la dimisión de Pascual Maragall, por considerar que el porcentaje de votantes desautorizaba su iniciativa. Cuando apenas unos meses después, el 20 de diciembre de 2006 se sometió a referéndum la reforma del Estatuto andaluz de 1981, solo fue votado favorablemente por el 33% del cuerpo electoral andaluz, 11 puntos menos que en el caso catalán; Manuel Chaves no dimitió de su puesto, a pesar del ridículo público que acababa de hacer.

En noviembre de 2006 hubo nuevas elecciones autonómicas catalanas ya sin Pasqual Maragall, defenestrado por su partido tras las intensas presiones del PSOE y de las élites españolas que venían recibiendo los socialistas catalanes, y se dio paso a un nuevo Tripartito, presidido este por el también socialista José Montilla.

El Estatuto sin embargo quedó embarrancado en el Tribunal Constitucional, adonde le envió un recurso del PP presentado en julio de 2006. La sentencia del Constitucional fue hecha pública en 2010, y terminó por destrozar el valor político del texto al declarar inconstitucionales 14 de sus artículos y arrogarse el tribunal el derecho de interpretar a su gusto otros 27. Lo que no impidió que como decía antes, el texto hecho trizas se convirtiera en inspirador de la mayoría de Estatutos regionales reformados desde entonces.

Los efectos posteriores de todo esto en Catalunya han sido devastadores, y están en el origen, junto con algunos otros factores, de hechos como el crecimiento exponencial del independentismo catalán durante la última década. A la irritación política de muchos catalanes no necesariamente nacionalistas, se sumó una crisis social y económica que golpeó con saña no solo a las habituales víctimas de estos ciclos, las clases trabajadoras, sino también y por primera vez en el país, a amplios sectores de las clases medias catalanas tradicionales, sobre todo en el pequeño comercio y las pymes, y desde luego a las clases medias emergentes, integradas por jóvenes profesionales con alta cualificación profesional, que en muy poco tiempo vieron evaporarse su futuro sin remisión. Las políticas salvajemente neoliberales y de destrucción del concepto mismo de servicio público desarrolladas por el Govern de CiU una vez expulsado el Tripartito y recuperado el poder por la derecha nacionalista catalana, hicieron el resto, favoreciendo la insolidaridad y el aislacionismo.

El caldo de cultivo estaba pues creado cuando un puñado de políticos profesionales sin escrúpulos, muchos de ellos corruptos, vieron la oportunidad de ponerse al frente de la manifestación y lanzaron el “Procés cap a la independència”. Pero esa es ya, otra historia.

Joaquim Pisa

Escritor. Ha publicado varios libros sobre literatura de viajes, investigación en historia local y memoria colectiva contemporánea. Algunos de sus títulos son “Un castillo en la niebla.Tras las huellas del deportado Mariano Carilla Albalá” (sobre la deportación de republicanos españoles a los campos de exterminio nazis), “Las cenizas del sueño eterno. Lanaja, 1936-1948. Guerra, postguerra y represión franquista en el Aragón rural” (sobre la represión franquista), y la novela “El cierzo y las luces” (sobre la Ilustración y el siglo XVIII).

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