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Aclaremos las cosas; franquismo, no.

A medida que se ha ido caldeando el ambiente político con la evolución del “Procés”, han ido apareciendo en el debate, en el cruce de acusaciones y en la consiguiente producción de titulares, palabras que sirven para imponer fáciles etiquetas al adversario o, a falta de mejores razones, se usan directamente como insultos, pero son términos que se utilizan con poco rigor. Se habla, se denuncia, la democracia perseguida y se pontifica sobre el nazismo, el fascismo y el franquismo, para comparar o para caracterizar el momento que atravesamos.

El vigente sistema democrático es manifiestamente mejorable y precisa una renovación que ya va siendo urgente, pues, gastado por el uso y sobre todo por el mal uso y el abuso que se ha hecho de las instituciones, hace agua por varios puntos y uno de ellos es la organización territorial.

También es manifiestamente mejorable la acción del Gobierno, que, aparte de la funesta trayectoria que arrastra, en el caso del “Procés” se ha mostrado torpe, contradictorio, moroso y harto incompetente, pero de eso a comparar lo que sucede con dictaduras como el nazismo, el fascismo o el franquismo va un trecho bastante largo.

El nazismo y el fascismo nos quedan bastante lejos, pero el franquismo lo tenemos cerca, aunque algunos que no lo han conocido hablan de oídas y otros que lo han olvidado parece que también lo hacen. Así que debemos recordarlo, aunque sea sintética y brevemente.

Lo que se conoce como dictadura franquista era un régimen político centralizado, con mando único y representación política corporativa (“democracia orgánica”), asentado sobre tres instituciones de corte vertical y autoritario: el Ejército, la Iglesia y el Movimiento Nacional o partido único.

En la cúspide del poder del Estado estaba Franco, el Generalísimo o el Caudillo, que concentraba en su persona la Jefatura del Estado, del Ejército, del Movimiento Nacional y del Gobierno (hasta 1973, en que la ocupó Carrero Blanco). Ostentaba la presidencia del Consejo Nacional del Movimiento (inspirado en el Gran Consejo Fascista italiano) y de la Junta de Defensa Nacional, designaba a los presidentes del Consejo del Reino (órgano asesor del Caudillo) y del Consejo Nacional, de las Cortes Generales, del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Economía Nacional. Nombraba a los ministros, a cuarenta consejeros nacionales, a veinticinco procuradores en Cortes, al Jefe de la Organización Sindical, gozaba de iniciativa legislativa, intervenía en el nombramiento de obispos, se reservó el privilegio de conceder títulos nobiliarios y designó a su sucesor con el título de rey.

La participación popular se hacía a través de la familia, el municipio y el sindicato, pero no de modo individual y libremente. El sindicato, o Central Nacional Sindicalista, era único para trabajadores y empresarios y de afiliación obligatoria, sus mandos procedían del Movimiento y sus cargos más altos eran designados por Franco.

Las dos terceras partes de los cargos municipales no eran de elección popular; ayuntamientos y diputaciones eran regentados por miembros del partido único. La participación popular directa estaba reservada a los cabezas de familia en la elección de concejales del tercio familiar, y a los trabajadores en la elección de los enlaces y jurados de empresa, dentro del Sindicato Vertical. Cualquier otra forma de organización política o sindical al margen de las establecidas estaba prohibida, perseguida y severamente castigada.

Existían organizaciones de masas de inspiración fascista como la falangista Sección Femenina, dirigida por la hermana del fundador, la Organización Juvenil Española, el Sindicato Español Universitario y otras dedicadas a mantener el folclore nacional (Coros y danzas) y al ocio, como Educación y Descanso, que imitaba a la italiana Dopo Lavoro.

El Estado imponía formas de participación obligatoria: a los hombres el servicio militar y a las mujeres el Servicio Social. Sin cumplir dichas obligaciones no se podía disponer de pasaporte.

Las Cortes, o parlamento corporativo a imitación del italiano, no eran depositarias de la soberanía nacional, ya que esta se concentraba en la Jefatura del Estado. Estaban formadas por tres tipos de procuradores: los procuradores natos, que lo eran por razón de su cargo; los procuradores electivos, con un mandato de cuatro años y reelegibles, y los procuradores designados, que por su cargo en la jerarquía militar, eclesiástica, administrativa o por haber rendido relevantes servicios a España, eran designados directamente por el Jefe del Estado, hasta un máximo de veinticinco.

Las Cortes se componían de la Mesa (el Presidente de las Cortes y dos vicepresidentes), los miembros del Gobierno y los procuradores del grupo de altos cargos (el Gobierno y los presidentes del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del Consejo Supremo de Justicia Militar, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Economía Nacional), elegidos por el Jefe del Estado; los procuradores del grupo sindical, no elegidos por los afiliados sino por las juntas centrales de los sindicatos; los procuradores del grupo local o representantes de ayuntamientos y diputaciones provinciales, elegidos uno por provincia y uno por diputación; los procuradores del grupo del Movimiento, o consejeros nacionales, que, al margen de las Cortes, formaban el Consejo Nacional; los procuradores representantes de colegios (abogados, ingenieros, médicos, agentes de cambio y bolsa, notarios, registradores, doctores y licenciados, etc), de las cámaras de comercio, propiedad y de inquilinos y de asociaciones profesionales; por los procuradores representantes del ámbito de la cultura (rectores de universidades, Instituto de España, representantes de las reales academias, del CSIC); los procuradores (25) por designación directa del Jefe del Estado; los procuradores del grupo familiar, dos por cada provincia, elegidos por cabezas de familia y por mujeres casadas mayores de edad. Las varones alcanzaban la mayoría de edad a los 21 años; las mujeres a los 25 años.

Hay que recordar la labor adoctrinadora del Régimen, pues la religión, la política (Formación del Espíritu Nacional) y la gimnasia, llamadas de modo coloquial “las tres marías”, eran asignaturas obligatorias a lo largo de la vida escolar y parte de la académica; y también que existía la censura sobre lo que se decía, publicaba y exhibía (en cines y teatros) y que el Régimen poseía un potente aparato de propaganda, controlado por el Movimiento, formado por Radio Nacional de España y las agencias EFE y PYRESA, que seleccionaban las noticias, TVE, con dos canales; por la cadena de Prensa del Movimiento, que publicaba 40 diarios y varias decenas de revistas, y por tres cadenas de radio -la Cadena Azul de Radiodifusión, la Red de Emisoras del Movimiento, la Cadena de Emisoras Sindicales- que sumaban casi un centenar de emisoras repartidas por todo el territorio nacional.

Para más información, véanse los derechos y deberes de los ciudadanos contenidos en las Leyes Fundamentales del Régimen, compárese todo ello con lo que tenemos ahora y se verá que no hay color, aunque el régimen vigente tenga muchos tonos grises e incluso zonas de negra sombra.

Doctor en Ciencias de la Información y diplomado en Estudios Avanzados en Ciencias Políticas, ha sido profesor del departamento de Sociología VI de la Universidad Complutense.

Últimos libros publicados: Perdidos. España sin pulso y sin rumbo (Madrid, La linterna sorda, 2015); La oxidada Transición (La linterna sorda, 2013); La reacción conservadora. Los neocons y el capitalismo salvaje (La Linterna sorda, 2009) y con Ramón Cotarelo, La Antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España (Valencia, Tirant, 2015).