“Las consecuencias penales de mentir en el Currículum”

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 2011 avaló el despido de un trabajador que simuló tener el título de arquitecto técnico para acceder al puesto de jefe de obra, como recoge el diario El País el 15 de Septiembre de 2017.

La Señora Cifuentes lleva cuatro años (mínimo) simulando tener conocimientos en Derecho autonómico, algo que no es imprescindible para llegar a ser Presidenta de la Comunidad de Madrid. En manos de Ciudadanos está que el Partido Popular siga en el poder.

Para ellos, que tanto saben de derecho laboral, no parece suficiente la documentación ya aportada: que no coincidan las fechas, que no coincidan las direcciones que facilita Cifuentes en su expediente, que no coincida la composición del Tribunal evaluador con la composición recogida en el Reglamento de la Universidad… en cualquier empresa estaríamos ante una transgresión de la buena fe contractual recogida en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Pero no es el caso para Ciudadanos, que se verían obligados a dar la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid al ex Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, el socialista Ángel Gabilondo, a poco más de un año de las elecciones.

Una vez más, vemos que el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos no sirve para nada. El PP lo incumple continuamente y Ciudadanos prefiere ser socio del gobierno que estar en la oposición (donde le han colocado los madrileños y madrileñas).

Pero volviendo a lo que nos atañe, el tema laboral y contractual. Mentir en el currículum puede tener consecuencias penales cuando se falsifican documentos para encubrir la mentira. Es decir, cuando se hace en el Open Office de casa un acta con las notas… cuando aparecen tres firmas de tres personas que se parecen demasiado…

Otro trabajador que mintió en su currículum para acceder a un puesto del Ayuntamiento de Lleida, diseñó en su casa un título de monitor de patinaje, incluyendo el sello de la Federación Catalana de Patinaje. Este hecho delictivo no solo supuso el despido, también una condena de seis meses de cárcel.

De nuevo en la empresa privada, un hombre que presentó un falso carné oficial de instalador para promocionarse fue condenado a nueve meses de prisión al intentar acceder a una formación superior presentando a la propia Administración el carné falso.

Pero por la actuación de la Presidenta puede evitarse la consecuencia penal siempre y cuando la supuesta falsificación de documentos haya prescrito.

Ahora le tocará litigar con el movimiento estudiantil, que prepara acusaciones, y lo que clama la oposición, como intrusismo laboral. Está claro que no es necesario ningún máster ni titulación para acceder a la Presidencia de ninguna Comunidad Autónoma, pero si los trabajadores por cuenta ajena, sean contratados por la empresa pública o privada se ven fiscalizados, no puede ser menos la Señora Cifuentes, y más aún habiendo estado presente este punto curricular en el acuerdo de investidura que firmó Ciudadanos.

Teniendo al 90% de los jóvenes contratados con un puesto de trabajo por debajo de su formación, no es poca la indignación que se les supone.

No solo es cuestión de la inquina natural que se le tiene al Partido Popular desde el colectivo universitario que ha sufrido los recortes, la práctica desaparición de las becas, la saturación de las aulas, el auge de los becarios… y por supuesto la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior que la propia Cifuentes tumbó por estar a otras cosas mientras se votaba (de vez en cuando dice que le gusta hacerse la rubia).

Es cuestión de revisar más allá los criterios de contratación de todo un gobierno autonómico. Poner en cuestión el título de Máster de la Presidenta de la Comunidad no solo niega la honestidad de ella misma y vacía de prestigio a la Universidad que la ampara (si alguna vez la tuvo). Revisa todo un protocolo de contratación, nos lleva a revisar todos sus nombramientos. Ya no podemos confiar en la honestidad curricular del equipo de gobierno, cuando se ha puesto tan sólidamente en entredicho que quien lo preside tenga realmente la titulación que dice tener. Con qué criterio reclama titulación y esfuerzo a su equipo cuando presuntamente ella no es la primera en exigírselo a sí misma.

Se mina la confianza en las instituciones, y en una sociedad democrática donde el mercado de trabajo se regula constitucionalmente basándose en la igualdad, y se priman los criterios de mérito y capacidad, cuestionar qué los representantes políticos que no necesitan ninguna titulación para ser elegidos, mientan en su currículum, nos hacen pensar en qué está ocurriendo en los puestos de la administración que sí exigen titulación.

Ya existen en España algunas asociaciones que defienden que los puestos de la AGE accedan aquellas personas que cuentan con la titulación indicada y no se deba su designación a intereses personales o que se enmascare en la libre designación contrataciones con altas retribuciones y responsabilidades a quién no tiene los requisitos.

Hay aquí además una cuestión de clase, ¿por qué no se inventó Cifuentes un título de auxiliar administrativa? ¿O un título de camarera, limpiadora o temporera?

Para acceder a cargos de representación no es necesaria ninguna titulación, pero casualmente siempre que se inventan titulaciones, es para decir que son mejores y saben más que el resto de los mortales, que el resto de los centenares de mujeres que son administrativas, camareras, limpiadoras, temporeras... en la comunidad de Madrid.

Aida dos Santos

Politóloga por la Universidad Complutense de Madrid.

1°C

Madrid

Mayormente nublado

Humedad: 89%

Viento: 20.92 km/h

  • 14 Dic 2018 9°C 1°C
  • 15 Dic 2018 9°C 1°C
Banner 468 x 60 px