En los últimos días hemos conocido distintas informaciones basadas en el encadenamiento de catástrofes como la pandemia, la guerra de Ucrania o la emergencia climática. Ante ellas, lejos de la necesaria reflexión para conocer cómo abordarlas, muchos se apuntan entre bromas y veras, al relato apocalíptico, a la impotencia de las instituciones estatales e internacionales de las democracias y en definitiva a la fatalidad que todo ésto lleva consigo.

Finalmente el gobierno y los sindicatos mayoritarios han acordado la elevación del salario mínimo en un ocho por ciento, cumpliendo así su compromiso de alcanzar el sesenta por ciento de la mediana del salario, en la línea de la Carta Social Europea. Con esta subida, el Gobierno en la actual legislatura ha elevado este indicador en casi un cincuenta por ciento. Con ello, dos millones y medio de trabajadores se verán beneficiados de la subida, con un perfil mayoritario de “una mujer, de entre 16 y 34 años, y con contrato temporal en el sector agrícola o de servicios”.

"Cura homeopática: doctrina de que lo similar cura lo similar".

Después de meses del goteo de rebajas de penas y excarcelaciones en aplicación de la ley del solo sí es sí, el PSOE y el ministerio de justicia han decidido reformar la ley para elevar las penas y con ello hacer frente a la alarma social e impedir que dichas rebajas de penas continúen en el próximo futuro. Con ello, el presidente del gobierno pretende no solo culminar la agenda legislativa sin nuevos conflictos de gobierno o parlamentarios, sino cerrar también los flecos negativos que los efectos inmediatos de las medidas y las leyes ya aprobadas puedan comportar en un año electoral. Todo ello, sin tener en cuenta los efectos transitorios ni dar el tiempo necesario para la adecuación de los operadores jurídicos a la nueva norma.

"Tan lejos de Europa y tan cerca de la ultraderecha".

La tercera manifestación de la derecha en Madrid contra el gobierno de coalición de la izquierda y su mayoría parlamentaria, que ha pasado de las dos anteriores en la plaza de Colón y sus aires de conquista a los de fertilidad de la diosa Cibeles, unas con Casado a la cabeza y ahora con Núñez Feijóo, pero las tres con los mismos lemas consistentes en la patrimonialización tanto de la idea de España, como de la democracia y de la Constitución. También con parecidas imágenes nostálgicas y con los mismos insultos y descalificaciones emitidos en las concentraciones anteriores.

( Haz lo que yo diga y no lo que yo hago )

Alberto Núñez Feijóo ha buscado el escenario simblico de las Cortes de Cádiz para presentar sus sesenta medidas del denominado Plan de Calidad Institucional. Lo hace unas horas después de la concentración de Cibeles a la que acudió por poderes de la mano de la ultraderecha. Se podría decir aquello de que unos sacuden el árbol y otros tratan de recoger las nueces. Transcurridos también solo unos días del escándalo del protocolo fallido del gobierno de coalición de Castilla y León, con el objetivo de disuadir a las mujeres del ejercicio de su derecho al aborto.

La pandemia de la covid19 ha significado no solo una tragedia en materia de salud para la humanidad y en particular para los más mayores y para aquellos sectores sociales con unas condiciones de vida más precarias, sino también un trauma sin precedentes para los sistemas sanitarios de menor desarrollo y cobertura pública. En este sentido, el avance en el objetivo de la universalización de la Agenda 2030 de universalización de los sistemas sanitarios se ha paralizado.

"El gobierno de Castilla y León es solo un reflejo de la apuesta del conjunto de la derecha por una estrategia populista".

El compromiso hecho público recientemente entre el PP y Vox en el gobierno de Castilla y León que pretende obligar a los profesionales a que ofrezcan a la mujer embarazada la posibilidad de escuchar el latido del embrión, de obtener su imagen en 4d y de requerir atención psicológica si lo precisa, todo ello con la intención explícita de presionar a las mujeres para obligarlas a mantener el curso del embarazo y disuadirlas de su derecho a abortar dentro de una política pronatalista.

Para la derecha española, todo lo que ocurre en el mundo es tan solo un trasunto de la política doméstica, al igual que su concepción de la política de Estado se resume en si detenta o no el ejercicio del gobierno. Estas son las razones por las que se ve en la necesidad de blanquear y poner sordina al carácter antisistema y a los recientes actos de violencia de la ultraderecha a nivel global contra las instituciones democráticas, primero de los EEUU y más recientemente de Brasil.

Una turba de seguidores de Bolsonaro acaba de asaltar las principales instituciones del Estado brasileño. El Congreso, el tribunal supremo y la sede de la presidencia han sido ocupados. Las imágenes, si bien con menor crudeza, recuerdan el violento asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump, que precisamente se producían hace dos años en estas fechas.

Un descuento inapreciable han dicho los mismos medios que habían venido reclamando la rebaja del IVA, con machacona insistencia a lo largo de los últimos meses, como bálsamo de fierabrás para frenar la escalada en los precios de los alimentos. Lo que no nos decían es que, al igual que el famoso bálsamo cervantino, toda rebaja lineal alivia más a unos que a otros. Todo ello, a pesar de las opiniones de los que hemos venido insistiendo en que el problema no estaba en el superreducido o reducido impuesto del valor añadido, con ser un impuesto indirecto que ricos y pobres pagan por igual, sino sobre todo en las distorsiones en la llamada cadena de valor de los alimentos, en la especulación y en los pactos de precios que gravitan en mayor medida sobre los productores y los consumidores. De hecho, los primeros datos de organizaciones de consumidores como Facua muestran también la resistencia de una parte del sector de las medianas y grandes superficies comerciales a repercutir la rebaja fiscal en los precios de los alimentos.

(Una ley de punto final a la renovación del Consejo General del Poder Judicial)

El año 2022 será recordado por la invasión y la guerra de Ucrania. Aunque continúen también otras formas de guerra política como la del nacional populismo, aprovechándose las debilidades de la democracia representativa, y la del machismo contra la vida, los derechosy la igualdad de las mujeres.

Ante el escenario de un año electoral, primero en el ámbito local y autonómico y finalmente en las próximas generales, las últimas encuestas muestran el rápido debilitamiento del llamado efecto Feijóo en la intención de voto del Partido Popular, tanto en el apoyo de los propios como de su inicial atracción entre los anteriores votantes de ciudadanos y de Vox dentro de la derecha y sobre todo de los sectores templados del PSOE seducidos por la moderación proclamada por Núñez Feijóo. Lo cierto es que hechos como la alianza con la ultraderecha en el gobierno de Castilla y León y en general la vuelta a la estrategia de deslegitimación, la oposición sistemática a las medidas frente a la inflación y el bloqueo institucional lo han acabado desmientiendo. Algo que ya está generando inquietud entre los sectores económicos, políticos y mediaticos que creían haber apostado por un caballo ganador.

La negativa a responder a la impugnación de los dos magistrados con mandato caducado y la resolución de medidas cautelares para evitar su propia renovación, mediante la paralización preventiva del proceso legislativo en el parlamento, ponen en evidencia no solo su dramática división interna degradado a órgano de parte, sino también su subversión como oposición política y el consiguiente deterioro de la ya escasa credibilidad y la autoridad propias de un Tribunal Constitucional.

Como se temía, el Tribunal Constitucional situado ante la disyuntiva de dividir y deteriorar aún más la imagen de la institución para hacer oposición política al gobierno de la izquierda o consolidar el clima de consenso, que apenas se había iniciado a raíz del acuerdo para su reciente renovación, sin embargo ha preferido la división, la polarización interna y la confrontación institucional.

El enfrentamiento entre el tribunal constitucional y el parlamento ha llegado al límite con el intento de la derecha de que el TC adopte medidas cautelarísimas para paralizar preventivamente la tramitación de la proposición de ley reforma del código penal relativa a la secesión y la malversación, junto a las enmiendas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional actualmente en tramitación, escudándose en la incongruencia de las enmiendas con el texto inicial y por tanto en una supuesta limitación al derecho a la participación política de sus grupos parlamentarios.

La profecía de la recesión y la ruina, anunciada y agitada por parte de la derecha, no acaba de cumplirse. Por eso, llega ahora el apocalipsis aprovechando las reformas en marcha del Código Penal.

En esta legislatura se ha producido un salto cualitativo en el nivel de polarización política y crispación del debate en el Congreso de los Diputados, hasta el límite de que la agresividad y el insulto se han impuesto en el imaginario colectivo a su papel fundamental en la democracia representativa como marco para la deliberación, el diálogo, la negociación y el acuerdo político y como consecuencia se ha incrementado el deterioro de su funcionalidad e imagen pública y con ello se viene favoreciendo el caldo de cultivo de la antipolítica entre la ciudadanía.

A la reforma de la sedición, actualmente en marcha, con objeto de homologar con penas proporcionadas el tipo delictivo con nuestro entorno europeo como se ha visto con el rechazo de las extradiciones, se le ha añadido ahora la enmienda de ERC sobre rebaja de penas a la malversación sin obtención de lucro propio, con el objetivo de desmontar la reforma del código penal promovida en su momento por el gobierno Rajoy como estrategia penal frente al primer referéndum de independencia de Cataluña. Una estrategia que como hemos comprobado fracasó estrepitosamente.

Se cumple un nuevo cumpleaños de la Constitución del setenta y ocho en el que de nuevo nos encontraremos en un deja vu, atrapados entre la exégesis nostálgica de la Transición, el veto de la derecha a cualquier reforma y también con las posiciones constituyentes de máximos de algunos nacionalismos y de una parte de la izquierda.