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Código penal: de reformas y tiros en el pie


(Tiempo de lectura: 3 - 6 minutos)

Acabamos de enredarnos tanto en los anuncios y sugerencias de reforma como en las consecuencias de la última reforma del Código Penal. Primero fue la voluntad del gobierno de suprimir el delito de sedición, luego entre la mayoría de investidura y casi por sorpresa se sugirió la reforma, dicen que quirúrgica, de la pena de malversación de fondos públicos. Ahora, por si fuera poco, arrecia el debate de la aplicación de la ley de solo sí es sí.

Es cierto que la supresión del delito de sedición formaba parte del proyecto del gobierno desde un principio y que la resaca de la ley del solo sí es sí ha sido poco menos que inevitable. Sin embargo, lo que no parece adecuado ha sido el control de los tiempos para su adopción, como en general la gestión política de estas medidas y mucho menos la incorporación precipitada de nuevas materias, a cada cual más polémica y con un menor grado de maduración.

Así, en su tramo final, el último intento de negociación para la renovación del CGPJ, que ha permanecido bloqueada por la derecha política y judicial durante cuatro años, ha terminado en una nueva ruptura por responsabilidad del PP, debido a la presión de sus sectores más radicales en la judicatura y en la Comunidad de Madrid. Sectores que mantienen también paralizada a día de hoy la aplicación del mandato constitucional y legal de renovación parcial del Tribunal Constitucional. Una provocación en toda regla que el gobierno no debería consentir.

Por eso a la derecha le ha venido de perlas la excusa sobrevenida de una inminente supresión del delito de sedición, para así retomar el manido debate identitario. Otra batalla de la mal llamada guerra cultural.

Una cortina de humo que ha resultado ideal para el PP en empañar el éxito del tercero de los presupuestos generales del Estado, un paso decisivo que garantiza la estabilidad del gobierno hasta el final de la legislatura y que desmiente el relato conservador del gobierno Frankenstein. También para recobrar oxígeno después del desgaste sufrido como consecuencia de su defensa de las rebajas de impuestos a los ricos y la consiguiente caída en desgracia de la primera ministra británica Liz Truss, así como del rechazo a los paquetes de medidas del gobierno frente a la inflación, más tarde respaldados por la Comisión Europea y finalmente avalados como producto de sus resultados.

Lo mismo ocurrió en su momento con la aprobación por parte del gobierno progresista del indulto parcial de los condenados por el Procés, que fue rechazado de plano por la derecha como un pago ilegítimo a los aliados de investidura y una invitación a los independentistas para retomar la realización de un nuevo referéndum y de una nueva declaración unilateral de independencia, y que muy por el contrario lo ha alejado de esa posibilidad, aunque sin una renuncia expresa. Las derechas respondieron entonces con la presentación de un recurso judicial, en un principio rechazado por falta de legitimación, pero que ahora sigue vagando por el Tribunal Supremo aprovechando los cambios en las mayorías por las sustituciones de los jueces.

Sin embargo, la propia sentencia del Procés en que se rechazó la calificación de rebelión frente al orden constitucional, recomendaba sin embargo revisar las abultadas penas previstas para la sedición como delito contra el orden público, con objeto de modernizar un precepto anticuado y asimismo de asimilarlo a los códigos penales de nuestro entorno europeo.

Por otra parte, la voluntad de distensión del nuevo gobierno para así abordar el conflicto catalán desde el diálogo político, dentro de un proceso de desjudicialización, contemplaba la reforma del delito de sedición prácticamente desde la misma toma de posesión y de la puesta en marcha de la comisión bilateral.

Por si no fuera poco, el rechazo a la petición de extradición de los huidos, precisamente en base a la acusación de sedición, por parte de países miembros de la Unión Europea, terminó de confirmar la necesidad de abordar la reforma o supresión en el código penal. Además, tanto las resoluciones de la ONU con respecto al juicio del Procés como la perspectiva de una más que probable estimación del recurso al tribunal europeo de DDHH, casi obligan a ello. Lo que no se entiende es la razón para no haber adoptado la decisión del indulto de forma simultánea con la reforma de la sedición en el código penal, para por el contrario abordarlas de forma segregada en distintos momentos de la legislatura, reproduciendo el mismo debate con el riesgo de favorecer un nuevo banderín de enganche a la oposición y una nueva oportunidad para el desgaste del gobierno en torno al monotema de Cataluña, tan caro al relato de la derecha y la ultraderecha.

Por si no fuera poco, la ambigüedad ante el posible añadido de la reforma quirúrgica de la malversación de fondos públicos, para diferenciar la pena de quién se lucra personalmente de quien no lo hace, además en el contexto de la inminente entrada en prisión del expresidente Griñán, introduce una distorsión añadida en una materia tan delicada, en particular para el votante progresista, como la lucha contra la corrupción y refuerza la acusación de una reforma penal a la carta carente de principios y de oportunidad.

Por último, la ley del solo sí es sí, que supone un avance indudable con el consentimiento como requisito ineludible para las relaciones sexuales en respuesta a la alarma social ante casos de violación grupal como el de la manada, sin embargo su aplicación ha tenido como consecuencia, por otra parte lógica en derecho, la revisión de algunas penas en favor del reo. Como también era previsible la utilización de estos casos en clave populista por parte de los sectores conservadores de la justicia, de la política y de los medios de comunicación con el reforzamiento del denominado populismo penal. Lo que no era tan previsible ha sido la reacción de sorpresa y mucho menos el anuncio de revisión de la reforma por la parte socialista del gobierno ni tampoco la respuesta defensiva por la parte de Podemos con la atribución de algunas de las revisiones de penas al conservadurismo y machismo judicial. Va de suyo.

Son tiros en el pie que nos podíamos ahorrar, sobre todo en los prolegómenos de un próximo año electoral. Urge por tanto recuperar la unidad interna y sobre todo del control de las próximas iniciativas en materias tan sensibles y también de sus tiempos.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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