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Del desprecio a la vejez al de la salud en la Comunidad de Madrid


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La enorme movilización en defensa de la sanidad pública por las principales calles del centro de Madrid ha sido un gran éxito, no solo por su magnitud con cientos de miles de asistentes, sin precedentes cercanos, sino también por su carácter transversal en lo social con la presencia de trabajadores y clases medias, así como de los barrios  y de la zona rural y en lo profesional con la suma de todo tipo de centros y de categorías.

La reacción inmediata de desprecio de los portavoces del PP, calificándola de fracaso con la manida apelación a la mayoría silenciosa de los habitantes de la Comunidad que se han quedado en casa, demuestra, además del rechazo a cualquier rectificación, la pérdida de contacto con la realidad y de una mínima política de imagen de mano tendida para favorecer un acuerdo.

El detonante ha sido de nuevo la pésima gestión pública, en este caso de las urgencias extrahospitalarias casi desde el inicio de la pandemia, en que el gobierno Ayuso decidió unilateralmente cerrar los mencionados centros y servicios y utilizar su personal como un comodín para dotar primero el hospital Zendal y luego los distintos puntos habilitados para las vacunaciones.

La decisión de reabrirlos en precario sin contar con el personal y los recursos necesarios, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia, con el consiguiente rechazo de los profesionales y de los ciudadanos de los barrios afectados, y luego han protagonizado un rosario de incumplimientos de los acuerdos con los sindicatos, y a continuación de medidas contradictorias e improvisadas y como consecuencia de dimisiones entre los principales gestores de atención primaria. 

El último argumento de que las diferencias  son solo de treinta y cuatro médicos y que su ausencia, como el rechazo a su sustitución por la teleasistencia, no son razones suficientes para el malestar, la huelga y las movilizaciones representan sólo una mala excusa, cuando como mínimo harían falta un centenar de profesionales para dotarlos y la teleasistencia es como mucho un medio complementario en sanidad, pero nunca para la atención de urgencias.

Porque no es verdad, no faltan tan solo treinta y cuatro médicos para solucionar el caos de las urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid, ni el problema tiene que ver con una supuesta escasez de médicos y facultades de medicina imputable al gobierno central. Por otra parte ni la gran movilización obedece a la manipulación política de la oposición socialcomunista ni una enorme manifestación puede haber sido un fracaso.

Algo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no podrá ocultar en este caso tras la confrontación populista con el gobierno central, como hizo con la nefasta gestión de los protocolos para impedir las derivaciones a los hospitales desde las residencias de ancianos durante lo más duro de la pandemia, con efectos letales cuyas responsabilidades están aún por dilucidar.

Porque la escasez no es de facultades ni de médicos generales en que estamos a la cabeza, sino de especialistas como la medicina familiar y comunitaria, una especialidad que a pesar de haber aumentado en los últimos años la oferta de plazas de formación por parte del gobierno central en más del treinta y seis por ciento, éstas no se han visto incrementadas de forma equivalente en la Comunidad de Madrid y finalmente tampoco se han cubierto los puestos de trabajo en los centros de atención primaria debido a la situación de precariedad laboral, así como a las dificultades de conciliación y de carrera profesional, que ha expulsado a los egresados hacia otros destinos en Madrid, así como nacionales y comunitarios. Una falta de recursos que padece el conjunto de la sanidad pública madrileña con una de las comunidades de más bajas inversiones por habitante, que es especialmente grave en la atención primaria.

En particular, con el deterioro de la atención primaria y el maquillaje de las abultadas listas de espera que han favorecido el deterioro de la sanidad pública para la mayoría y la consiguiente promoción de las pólizas privadas entre sectores medios. Todo ello en contraste con las generosas privatizaciones de la gestión de hospitales, centros y Áreas de la sanidad pública. En definitiva, que las rebajas fiscales a las rentas más altas no son inocuas, sino que anticipan recortes sociales y sanitarios como los que estamos sufriendo.

Es cierto que el problema de hospitalo-centrismo y la correspondiente merma de prestigio de la atención primaria afectan también al conjunto de las CCAA. Por eso, las CCAA de mayoría progresista deberían aplicarse aquello de que 'cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar'.

Algo, sin embargo, muy diferente del trasfondo de los recortes y la privatización de la sanidad protagonizados por el gobierno conservador de la Comunidad de Madrid, que se resume en el menosprecio de las clases populares y el enfoque de la gestión de la sanidad pública como un negocio y no como un derecho constitucional. Clasismo y mercantilización.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.