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Impuestos. De la batalla a la escaramuza


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

Hasta hace unas horas parecía que, la loca carrera de las rebajas fiscales en clave electoral desencadenada por las CCAA de gobierno de la derecha, iba a dejar al gobierno con el pie cambiado, incluso en relación a alguno de sus más significados gobiernos autonómicos como el valenciano, hasta que el gobierno ha reaccionado a la ofensiva poniendo encima de la mesa una propuesta fiscal progresiva, en la línea de la reforma fiscal propuesta en el libro blanco que eleva los impuestos a la renta, el patrimonio y las plusvalías de los más ricos y que reduce la de los de los trabajadores, los autónomos y las pequeñas empresas.

El gobierno ha presentado el marco fiscal con un acuerdo a incorporar al proyecto de presupuestos para 2023 como respuesta a la mencionada guerra de las rebajas y supresiones de impuestos desencadenada por las CCAA con gobierno conservador, como culminación de su estrategia de oposición desde el inicio de la subida de la inflación, con el argumento del incremento de más de veinte mil millones de los ingresos del estado en la primera mitad del año y de la urgencia de paliar la escalada de precios para los trabajadores y clases medias como consecuencia del impacto de la guerra de Ucrania sobre la energía y los alimentos. En coincidencia con la respuesta del gobierno se ha conocido el dato adelantado de moderación de inflación, sobre todo debido a la moderación de los carburantes, de la electricidad y del transporte.

En definitiva, desde la llegada de Núñez Feijóo a la dirección del PP, la inflación, la energía y los impuestos se habían convertido en las prioridades de su agenda de oposición, como lo fueron en la época de Casado primero la coalición socialcomunista y la relación con Cataluña y más tarde la gestión de la pandemia al rebufo del negacionismo solapado de la ultraderecha y de Díaz Ayuso como su principal aliada conservadora, nada menos que desde la presidencia de la comunidad de Madrid. El paulatino final de la pandemia ha relegado al olvido, aún sin mayores consecuencias las políticas del saldos para la salud que ha supuesto la negación de la pandemia.

Ya con la nueva dirección de Núñez Feijóo llegó también la exigencia de responsabilidades al gobierno de coalición atribuyéndole toda la responsabilidad por la escalada de la inflación, al margen de su carácter internacional y de sus causas externas vinculadas a la salida de la pandemia, pero sobre todo a la invasión y la guerra de Ucrania.

Más tarde fueron los ingresos extraordinarios, que los conservadores han vinculado en exclusiva al efecto de la inflación, sin tener en cuenta la influencia determinante de la recuperación económica y de la mejora de la cantidad y la calidad del empleo como consecuencia de la reforma laboral. Es por eso que han venido acusando al gobierno de forrarse con la inflación a costa de los ciudadanos, ocultando que el incremento de ingresos fiscales lo han tenido también otras administraciones que comparten en torno a la mitad de los ingresos del estado del IRPF y del IVA y que hasta hoy no habían hecho ascos al mencionado incremento de los ingresos.

Es ahora, cuando el PP y sus gobiernos autonómicos han desencadenado una guerra de deflactaciones de tarifa y recortes del IRPF, junto al incremento de la exenciones y la supresión del impuesto del patrimonio, y más recientemente la exigencia de una mayor reducción del IVA ya reducido de algunos alimentos, encaminada a echar en cara al gobierno una supuesta voracidad fiscal, a pesar de que el conjunto de los tres reales decretos aprobados para hacer frente a las consecuencias del incremento del precio de la energía y a proteger a los sectores afectados y a los grupos de renta y colectivos más vulnerables, van a superar ampliamente los ingresos obtenidos como producto de la inflación.

Lo que tampoco esperaba el PP es que, al contrario de sus negros augurios, el dato de inflación adelantado se moderara significativamente como consecuencia de las medidas adoptadas hasta ahora en el sector energético, aún cuando algunas de ellas todavía no han desplegado todas sus posibilidades, y mucho menos que la Unión Europea incorporase como propio además del impuesto a los beneficios caídos del cielo de las compañías eléctricas, que también abriese la posibilidad de extensión de la excepción ibérica.

En resumen, que los frentes de la madre de batalla de la derecha de la energía y de los impuestos se han convertido en escaramuzas que no parece que vayan a ser determinantes en las elecciones autonómicas y que la madre de todas las batallas de la inflación hacia las elecciones generales comienza a perder fuerza con casi un año de antelación.

Por último, la pretensión de poner en mal lugar al gobierno actual con los organismos internacionales y más en concreto de embarrar el terreno para el semestre de presidencia española con el mensaje de los impuestos a la baja en contradicción con los fondos de recuperación, sumada a la distorsión de la imagen del bloqueo del CGPJ y por tanto de la independencia de la justicia, parece ir en el mismo sentido de la escaramuza que fue el intento de bloquear y luego de condicionar el fondo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea después de la pandemia.

Es otra demostración palpable de que no hay que fiarse tan solo de la imagen, del apoyo inicial de los mercados ni de las encuestas, sobre todo cuando como ahora es demasiado pronto. Que se lo digan sino a la primera ministra británica Liz Truss.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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