Rebajas fiscales para saldos sociales

Un regalo de más de cien millones de euros a tan solo el 0,2 % de los andaluces que cuentan con mayor patrimonio, algo que tendrán que compensar la mayoría de los trabajadores y clases medias de la sociedad en general y a buen seguro que supondrá una excusa más para un nuevo recorte de los servicios públicos, su consiguiente deterioro y finalmente su privatización.

Un clásico.

El cuento de la lechera del gobierno andaluz en clave electoral es que con ello impedirá la huida de los grandes patrimonios e incluso permitirá la vuelta de los que se trasladaron a Madrid al calor de las rebajas fiscales, como si esa fuera su única razón para el cambio de residencia, y que en todo caso será sobradamente compensado con el pago del IRPF por parte de éstos. Como la famosa curva de Laffer de Montoro, mera publicidad electoral averiada y un camino sin retorno.

Son los mismos partidos conservadores que gobiernan las CCAA y que se quejan de infra financiación, y en consecuencia exigen un nuevo sistema de financiación autonómica en base a la población, pero sin tener en cuenta la prioridad de la sostenibilidad de los servicios públicos. En total, según datos de la Agencia Tributaria, el Impuesto de Patrimonio, después de la reforma del gobierno de Rodríguez Zapatero, afecta a poco más de doscientos mil contribuyentes en España, de los que la mitad residen en Cataluña y en la Comunidad de Madrid.

Por eso, otro de los argumentos es que el impuesto de patrimonio tiene en la actualidad un carácter residual en España y que en Europa solo se mantiene en un par de países. Sin embargo, se obvia que en la mayoría de los países de nuestro entorno el impuesto fue sustituido por otros gravámenes con variadas denominaciones. Así Francia lo sustituyó por un tributo específico a la tenencia de activos inmobiliarios. En Italia se trata de un impuesto sobre los activos domiciliados en el extranjero. En Bélgica es el impuesto que grava las carteras financieras de más de un millón de euros y en Holanda las ganancias estimadas por el patrimonio tributan con un impuesto especial.

Es por eso que el FMI, la OCDE y el libro blanco para la reforma fiscal, lejos de promover su supresión, proponen el mantenimiento y la armonización de los impuestos al patrimonio y sucesiones para hacer menos obscena la desigualdad, contribuir a la justicia social y evitar la competencia a la baja entre CCAA.

Todo esto en un país donde los poseedores de mayores patrimonios los han doblado tan solo en la última década, mientras la desigualdad y la pobreza aumentan y dónde la presión fiscal se encuentra entre las más bajas de la Unión Europea.