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El tabú del sexo y el fraude en la objeción de conciencia al aborto


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

El nuevo proyecto de ley de salud sexual e interrupción del embarazo se sitúa en el contexto del recurso presentado por la derecha y pendiente después de casi una decada de resolución por parte de nuestro Tribunal Constitucional, y también de la involución provocada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de los EEUU que ya ha supuesto la efectiva ilegalización del aborto voluntario y los cierres de centros y las condenas consiguientes en más de una decena de Estados, discriminando con ello a las mujeres y en particular a aquellas que cuentan con menos recursos económicos y culturales.

La renovación en marcha del Tribunal Constitucional y la lección aprendida del último periodo de rodillo conservador, con el desmantelamiento legal frente a las emergencias de salud pública, parece que podrían servir de aval para la actual norma aprobada en 2010, aunque la amenaza silenciosa sea el bloqueo sanitario o el incumplimiento de las medidas preventivas y de educación sanitaria.

Por eso el objetivo fundamental de la nueva ley es hacer efectivo el derecho a la salud sexual para todas y todos por parte de la sanidad, la seguridad social y la educación públicas, con independencia de su capacidad económica y de las legítimas opciones morales de los servidores públicos.

Porque a pesar del texto de la ley vigente y aunque ésta lo incorporaba de forma explícita, después de más de una década de vigencia, ni siquiera la educación pública ha incorporado la enseñanza de la salud sexual ni los centros y hospitales de la sanidad pública garantizan todavía el acceso a la salud sexual y reproductiva ni tampoco a la interrupción voluntaria del embarazo.

El hecho más escandaloso es que después de más de una década se siga utilizando el derecho a la objeción de conciencia, reconocido a los profesionales directamente implicados en la interrupción del embarazo, sin perjuicio de la salvaguarda del derecho de la mujeres a recibir la prestación, como una estrategia colectiva de obstrucción al ejercicio del derecho en el seno de los hospitales de la sanidad pública, hasta el punto de que en el período de vigencia de la ley la cobertura por parte de la sanidad pública sigue siendo absolutamente minoritaria y solo ha logrado subir del tres a apenas el quince por ciento del total de IVE. Un incumplimiento de la ley que por supuesto es responsabilidad en primer lugar de los que han convertido conscientemente su derecho individual a la objeción de conciencia en un derecho de veto colectivo y con ello en un fraude de ley, pero que afecta también a los jefes de servicio que lo han organizado o permitido, a los gestores de los centros hospitalarios y en última instancia a los dirigentes de las consejerías de sanidad de las CCAA, aunque es cierto que no a todos en el mismo grado, que han preferido mirar para otro lado financiando su provisión mayoritaria por parte de los centros privados de planificación familiar al margen de la voluntad de la ley. Algo similar se podría decir con respecto a la aprobación y el seguimiento de la estrategia de salud sensual y reproductiva por parte del ministerio de sanidad. En otro plano, tampoco los respectivos responsables de la educación pública, salvo honrosas excepciones, han garantizado la enseñanza de la salud sexual en los colegios, debido al tabú y a la presión de sectores dogmáticos, permitiendo con ello que su ausencia haya dado pie a que el conocimiento mayoritario lo sea a través de internet y las redes sociales. Como tampoco se ha sido capaz de garantizar la necesaria formación universitaria de los sanitarios en la realización de la interrupción del embarazo y en la administración y control de la píldora del día después en los programas de formación general y especializada, reforzando con ello el estigma, en particular sobre el aborto como procedimiento quirúrgico.

Estos incumplimientos han convertido el argumento de los sectores conservadores, tanto políticos como religiosos, que al tiempo rechazan el aborto como derecho y como método de planificación familiar, y que lo contraponen además al éxito de una buena educación sexual y reproductiva, en mera propaganda hipócrita, cuando en realidad obstruyen y vetan tanto unas como otras medidas provocando los actuales déficits de nuestro país en salud sexual y reproductiva.

La conclusión es que siendo importante la actualización y ampliación de derechos que contempla el proyecto de ley, también son fundamentales sus reglamentos de desarrollo y en particular la voluntad de los responsables de su cumplimiento. Algo que convendría no olvidar. Otros temas importantes del proyecto de ley tienen que ver con el derecho pleno al aborto para las jóvenes de 16 y 17 años, la abolición del periodo de reflexión, la ampliación del permiso preparto, la accesibilidad de las píldoras de última generación, la gratuidad de la píldora abortiva, las medidas de salud menstrual y asimismo con otras materias no menores como el rechazo a la gestación subrogada de los vientres de alquiler.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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