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Por fin, la Agencia Estatal de Salud pública


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)
Ilustración de Fito Vázquez. Ilustración de Fito Vázquez.

Entre las principales recomendaciones a raíz de la pandemia se encuentra la puesta en marcha de la agencia estatal de salud pública, una institución fundamental y pendiente desde la aprobación de la ley general de salud pública de 2011.

Sin embargo, a pesar de que forma parte de las recomendaciones del parlamento a raíz de las lecciones aprendidas de la pandemia de la covid19 y antes de su aprobación en este primer Consejo de Ministros después del verano, sorprendentemente ya ha empezado con peros. Empezando por el escepticismo de los que ven en la creación de cualquier agencia, comité o comisión como una fórmula dilatoria o de distracción para eludir la resolución de los problemas, cuando por el contrario si algo se le puede reprochar al gobierno es la excesiva dilación en su puesta en marcha.

Los hay que echan de menos un presupuesto suficiente para empezar a andar, sin tener en cuenta que eso ya está contemplado en el presupuesto vigente para 2022. Otros cuestionan incluso la necesidad de este nuevo organismo para desarrollar una materia como la salud pública, que por fin ahora se acuerdan de que es competencia de las CCAA, sin tener en cuenta que por una parte ya estaba previsto desde la ley general de salud pública de 2011, que además contó con un apoyo casi unánime del parlamento y que no ha sido objeto de conflicto de competencias por parte de ninguna comunidad autónoma, lo que muestra su necesidad y oportunidad como órgano técnico de investigación, asesoramiento y coordinación en materia de prevención y promoción en el ámbito de la salud pública.

Muy al contrario, se trata de un órgano más amplio y con más capacidad técnica y más capacidad de coordinación y de cogobernanza que la actual comisión de salud pública y que el propio CCAES. Un nuevo órgano que reproduce la fórmula y nos equipara a organismos similares de nuestro entorno, tanto en el ámbito de los principales Estados europeos y de los EEUU como del órgano de prevención y control de enfermedades de la Unión Europea ( ECDC). Con su aprobación se refuerza la inteligencia española y europea frente a las amenazas a la salud pública como las nuevas zoonosis, los determinantes sociales o las repercusiones de la emergencia climática en la salud humana, como hemos podido comprobar estos últimos años.

Como era de esperar, los palos en las ruedas han venido por parte de los negacionistas declarados de la pandemia y de los partidarios de la teoría de la conspiración de la agenda 2030, que desde el inicio de la pandemia se han dedicado a confundir a la ciudadanía y a obstruir las decisiones de los gobiernos central y autonómicos, presentando recursos contra todas las medidas de salud pública, todo ello con el único argumento de la desproporcionada restricción de la libertad de movimientos y de comercio, ignorando la necesaria protección de la salud y la vida de sus conciudadanos.

Pero no tanto de los negacionistas vergonzantes como el PP, que bloquearon el desarrollo de la ley de salud pública desde su llegada al gobierno y a partir del inicio de la pandemia la pusieron en cuestión junto a la ley de medidas especiales y el estado de alarma, como instrumentos legales adecuados para hacer frente a la pandemia, reclamando una ley de pandemias como única alternativa, sin tener en cuenta que el Tribunal Constitucional con sus singulares sentencias en el marco del constitucionalismo europeo las ha restringido a una única declaración del estado de excepción.

Ahora, se trata de llenar de contenido técnico y de voluntad política de cogobernanza en materia de salud pública a la nueva Agencia de salud pública aprobada. Tenemos mimbres más que suficientes para todo ello. 

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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