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La marrullería recibida y el trampantojo de la moderación


(Tiempo de lectura: 3 - 6 minutos)

Resulta un contrasentido que se continúe con el relato de la moderación de Feijóo al frente del nuevo PP, a pesar de que no solo los discursos de la nueva dirección del PP, sino también los hechos concretos, tanto internos como externos, lo contradicen prácticamente todos los días. En su entrevista más reciente, su presidente Núñez Feijóo ha elevado el tono aún más al calificar las medidas de ahorro y eficiencia energética como propias de un gobierno autoritario, apuntándose con ello a las mismas descalificaciones de los tiempos de Casado dentro de su estilo más populista en competencia con la ultraderecha.

Por otra parte, no hace falta más que ver que los grandes acuerdos y los pactos de Estado sobre los temas institucionales, no solo no avanzan sino que más bien retroceden, y cómo los problemas sobrevenidos como la escalada de la inflación a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, los incendios catastróficos vividos durante este verano y el todavía más reciente plan europeo de ahorro y eficiencia energética han sido tan solo materia de discordia y confrontación para la oposición de derechas, como lo fue en su momento la respuesta del gobierno a la pandemia, a diferencia del resto de la derecha europea.

En paralelo, el PP parece haber vuelto a la deslegitimación del gobierno y de su mayoría como al inicio de la legislatura, y al tiempo ha ido endureciendo los calificativos dirigidos al gobierno, todo ello a pesar de que la nueva dirección de Feijóo anunció a su llegada que, al contrario de la ejecutiva anterior, no venía a insultar a Pedro Sánchez sino solo a ganarle las elecciones en buena lid.

Además, la nueva dirección ha vuelto atrás en el bloqueo de la renovación de los órganos constitucionales del Estado, de nuevo con excusas como la iniciativa de la mayoría de gobierno de reforma de la ley del CGPJ al objeto de facilitar los nombramientos del Consejo para la renovación parcial del Tribunal Constitucional, que hoy sabemos que formaba del pacto firmado, retomando para ello el pie forzado de la imprescindible elección corporativa entre los propios jueces del órgano de gobierno de la justicia.

Más allá del límite de la incoherencia, ya que el nuevo PP de Feijóo acaba de anunciar que no se considera obligado a la lealtad con los acuerdos firmados entre el gobierno y la anterior dirección del PP de Casado para la renovación de los órganos institucionales del Estado, a raíz de su reciente publicación en el diario El País.

Un pacto que por otra parte, en el momento de su aplicación inicial se encontró con la oposición mediática a derecha e izquierda, quienes lejos de valorar el desbloqueo institucional despues de años, pusieron el acento en la crítica frontal a los discutibles méritos de alguno de los propuestos y al perfil político de los candidatos pactados como en el caso del Tribunal Constitucional.

El PP, si bien ha admitido finalmente la existencia del pacto con el gobierno, ha manifestado no sentirse obligado por el pacto alcanzado por la dirección de Casado y el gobierno Sánchez, un acuerdo al que ha llegado a calificar de marrullería.

El calificativo de marrullería, esgrimido por el nuevo PP para algo tan importante como un acuerdo para el cumplimiento de la Constitución sobre la renovación de los órganos institucionales, que además ha pactado la dirección de su propio partido con el gobierno de coalición progresista, no es un término casual. Muy al contrario, es un mensaje que adquiere todo su significado en el desprecio de la nueva derecha de Feijóo hacia la legitimidad de sus signatarios, tanto del gobierno socialcomunista al que se resta legitimidad, como de la dirección advenediza de Casado, y también con respecto al negativo papel que se asigna al pacto en la línea populista, cuando junto con el diálogo es el centro de la vida política democrática.

La conjura de barones que provocó el relevo de la dirección del PP de Casado y García Egea, ha degradado como proscrita a la dirección anterior y por tanto a su estrategia en relación al gobierno, a la ultraderecha o a la posición sobre la corrupción, así como a sus gestión como algo fraudulento. Todo esto se suma a la ilegitimidad de origen de la que acusan al gobierno Sánchez desde el mismo momento de la investidura, pero más aún debido al viento favorable de las encuestas que no solo acentúa el perfil populista para disputar el voto de ultraderecha, con lo que se refuerza la expectativa de revalidar la mayoría conservadora con la estrategia dilatoria de la renovación institucional.

Aunque lo más preocupante es la impresión de que la nueva dirección popular abrace el relato trumpista de la teoría de la conspiración esgrimida por la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fase final de su pulso con la dirección de Casado, en que insinuó la existencia de un supuesto contubernio entre anterior dirección y la Moncloa consistente en el levantamiento del veto a la renovación institucional a cambio de los datos en poder del gobierno sobre las irregularidades del hermanísimo como comisionista en las adjudicaciones urgentes de mascarillas en el contexto de la pandemia de la covid19.

En todo caso, tampoco parece casual la relación entre el rechazo a la renovación de la actual mayoría conservadora del poder judicial y la resistencia de la nueva dirección de Feijóo a dar cuentas de la corrupción política como cosa del pasado. Una muestra de ello es su decisión de mantenerse la sede de Génova, pagada con dinero negro, otra renuncia a las decisiones heredadas de la dirección de Casado.

En resumen, estamos ante el relato de una teoría de la conspiración no solo para volver a la deslegitimación del gobierno, sino también para justificar la conjura interna y la amnesia sobre los casos de corrupción, junto a la construcción de una realidad alternativa por parte del nuevo y viejo PP, que además entiende el pacto como marrullería y que renuncia a cualquier gesto de moderación en el momento en que ya se imagina entrando en la Moncloa.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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