La inviolabilidad y la regeneración democrática

Unos delitos similares, salvando las distancias, a aquellos por los que fue acusado su abuelo Alfonso XIII, aunque con un compromiso con la democracia radicalmente diferente por parte de uno y de otro. Pero reconocer su aportación a la transición democrática no debe reducir un ápice la justeza de la crítica ni la exigencia de responsabilidades.

Para una parte de los ciudadanos podría llevar incluso a considerarlo un mal, poco menos que genético de la dinastía de los Borbones y del carácter hereditario de la monarquía, con la lógica conclusión del todo o nada de la conveniencia de la república frente a la monarquía. Sin embargo, al margen del legítimo debate y de las opciones sobre la forma de Estado, lo prioritario hoy es el conocimiento y la reparación de lo ocurrido, esta vez con el agravante de haberse producido ya en plena democracia, y ante todo la adopción de las medidas necesarias para evitar que ocurra algo similar en el futuro.

Además del agujero negro de la inviolabilidad en nuestra actual arquitectura constitucional, ha sido también el pacto de silencio de responsables políticos, empresarios y medios de comunicación, el que impidió su conocimiento público durante décadas, hasta llegar al límite de la prescripción de los delitos en la actualidad. De un lado inviolabilidad y de otro el silencio han garantizado finalmente la impunidad del rey emérito.

La sólida cortina de silencio se rasga a partir del conocimiento público de lo que luego del caso Nóos, reducido al caso Urdangarín, que finalmente acabó ante la justicia sobre todo gracias a José Castro, un juez instructor justo y valiente, que tuvo que hacer frente a la estrategia de cortafuegos y la consiguiente obstrucción y descalificación de la fiscalía, del gobierno de entonces y de la casa real. Una equivocada noción de la estabilidad y de la razón de Estado frente a la justicia.

Más tarde, el caso concreto del rey emérito, finalmente se ha impuesto de nuevo está supuesta razón de Estado gracias a la inviolabilidad y la prescripción de los delitos, en una estrategia dilatoria entre hacienda y la fiscalía encaminada a impedir que el rey emérito compareciera y respondiera ante la justicia. El reproche de la opinión pública y la regularización de una parte de lo defraudado muestra los límites de la que podríamos denominar justicia real: la desigualdad de los españoles ante la ley y la demostración de que la justicia no es igual para todos. Una suerte de remedo de la justicia real del antiguo régimen propia de la monarquía absoluta.

Asimismo, las medidas de regeneración de la casa real han ido por detrás de los escándalos. Así, la renuncia a la herencia, las sanciones al emérito y las medidas de transparencia y dación de cuentas son todavía, a estas alturas, avances parciales e insuficientes. Porque, no solo se echa en falta la limitación propuesta recientemete en el Congreso de los Diputados de la inviolabilidad a los actos debidos como consecuencia del cargo en la jefatura del Estado. Tampoco se ha avanzado en el conocimiento público del patrimonio familiar, en el registro de intereses ni en las incompatibilidades, dentro del anunciado Estatuto de la Casa Real.

Al final, el rey emérito no ha respondido con la verdad sino con la soberbia y el desplante ante las preguntas de los periodistas. Tampoco ha comparecido ante la justicia ni ha devuelto la totalidad de lo defraudado a Hacienda ni por supuesto ha restituido lo obtenido ilegalmente aprovechándose de su cargo.

Es por eso, que resulta imprescindible adoptar medidas de regeneración democrática, más allá de la inviolabilidad, tanto en la concepción sobre la estabilidad como sobre la razón de Estado, porque el daño causado es ya irreparable.