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Los presupuestos y la realidad


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

En los últimos días, se ha dado a conocer el nivel de ejecución de lo presupuestado en materia de inversión territorial para 2021 y como resultado se han roto de nuevo todos los esquemas previos y los prejuicios políticos establecidos.

Eso no ha impedido que, como consecuencia de la noticia, las CCAA con un menor nivel de cumplimiento hayan levantado la voz del agravio y las más beneficiadas en el reparto hayan guardado un no menos ruidoso silencio, aunque llueva sobre mojado con los mismos datos a estas alturas de cada año.

Resulta, oh sorpresa, que los más beneficiados por la ejecución no han sido las CCAA con gobierno de la izquierda ni la de los partidos de la mayoría que respaldaron el presupuesto, sino que su distribución no ha obedecido precisamente al color político, sino a otras razones. Tampoco las CCAA donde más se ha visto incrementada desde el año 2020 las inversiones ejecutadas ni la mayor inversión por población coinciden con el color de los partidos del gobierno ni de la mayoría.

Y hasta en algún caso como la Comunidad de Madrid, el nivel de lo ejecutado y los incrementos han sido muy superiores a lo presupuestado, negando el  relato victimista del gobierno de Díaz Ayuso sobre la discriminación y el sectarismo del gobierno socialcomunista. Su silencio ha sido más que elocuente.

Algo similar ha ocurrido también con la evaluación de los sistemas de financiación de las CCAA, atribuidos al principio al mercadeo con los partidos nacionalistas y que en su aplicación normalmente no han respondido a ese juicio previo.

Una vez más, con respecto a la ejecución presupuestaria, se ha demostrado su total disparidad con respecto al presupuesto aprobado inicialmente. Una primera razón que lo podría explicar sería lo que se denomina la inflación politica del presupuesto, con la inclusión del mayor número de enmiendas por parte de los ponentes con el objetivo de sumar también el mayor número de apoyos, incluso a sabiendas de su difícil ejecución. En sentido contrario, la otra explicación política, sería el mayor o menor nivel de prioridad al ejecutar una u otra obra por parte de los ministerios o de los organismos públicos respectivos.

Sin embargo, quizá la mayoría de las diferencias tienen que ver con dificultades objetivas en primer lugar con respecto a la disponibilidad presupuestaria, otro aspecto no menos político. Pero también la disparidad de la ejecución tiene como causa principal el desarrollo de los programas de inversión y la capacidad de ejecutarlos, debido a las inercias y deficiencias en la gestión de las administraciones y los organismos públicos. Por otro lado, las diferencias pueden deberse a circunstancias sobrevenidas. Un ejemplo de esto último sería la asunción de las autopistas o las inversiones de emergencia en la Comunidad de Madrid como consecuencia de desastres naturales y su influencia en la ejecución del presupuesto inicialmente aprobado. En definitiva, con ello se demuestra que en España seguimos prefiriendo la glosa de los proyectos y de las políticas públicas que la árida prosa de las evaluaciones. Y, sobre todo, que en materia de inversiones, normalmente de carácter plurianual, un año o dos no representan prácticamente nada, sino que es imprescindible contar con una serie bastante más amplia para cualquier ejercicio de comparación y de evaluación..

Y como lección final, que como ya denunciamos en su momento, los parlamentarios deberíamos dedicarnos a controlar más la ejecución a lo largo de la legislatura, que al tan desesperante como irreal 'pitas pitas' de las enmiendas al proyecto de presupuestos. La oficina presupuestaria del Congreso se pensó precisamente para eso.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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