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Gestionar la desconfianza en tiempos de incertidumbre


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)
Ilustración de Fito Vázquez. Ilustración de Fito Vázquez.
Si no nos unió el amor, al menos que lo haga el espanto.

El gobierno no ha logrado convencer a la mayoría de investidura con las medidas anunciadas en el Congreso por parte del Presidente del Gobierno para el futuro del CNI. Un compromiso de mayor control sobre el CNI y la enésima propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales.

En general se mantiene la situación de desconfianza en la mayoría de investidura, sobre todo porque no se han aclarado las investigaciones e intrusiones en los dispositivos móviles de los afectados independentistas y en consecuencia la garantía de los derechos constitucionales a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. En el mismo pleno, el gobierno ha salido del paso con el auxilio de la geometría variable para sacar adelante la ley audiovisual, como trasposición de la directiva europea, provocando malestar con sus socios y con los promotores independientes. También la ley de solo sí es sí ha sido aprobada, pero dejando también algún desacuerdo con el debate y finalmente la exclusión de la ilegalización de la prostitución. En consecuencia, salen adelante la ley de solo sí es sí y la ley audiovisual, pero con mayores diferencias en la mayoría parlamentaria e incluso entre los dos partidos de gobierno.

Además de todo esto, el ministerio de servicios sociales tampoco ha logrado el acuerdo político con las CCAA ni la concertación con los agentes sociales para sacar adelante uno de sus compromisos más importantes, derivados de las debilidades detectadas en las primeras olas de la pandemia, como era la reforma de los centros y residencias de ancianos con el objetivo de mejorar su habitabilidad, la calidad de los cuidados y la atención sanitaria a los mayores. Unos, los nacionalistas, aluden a un conflicto de competencias y otros, los gobiernos del PP pero también algunos del PSOE, atribuyen su rechazo o abstención a la carencia de  presupuestos adicionales para abordar una reforma ambiciosa que bien pudiera duplicar el coste actual de las plazas y el gasto social consolidado de las CCAA.

En definitiva, que aunque hasta ahora el gobierno haya sacado adelante los dos presupuestos, los decretos y las leyes más importantes, incluidos los fondos de recuperación de la Unión Europea, sin embargo sigue aumentando el ruido de los desacuerdos y de la desconfianza, tanto en el seno del gobierno como con la mayoría de la investidura.

Cada día que pasa, desde el ecuador de la legislatura, las mayorías basadas en la pluralidad, no pierden oportunidad de acentuar sus diferencias y ahora la desconfianza, incluso entre los propios socios de gobierno, sin que se prevea un punto de inflexión ni un método eficaz para la gestión de las discrepancias. Lo que más une hoy por hoy a la mayoría progresista y sus apoyos territoriales es el temor a la alternativa de la derecha y en particular a su coalición con la ultraderecha. Por eso, aunque no exista peligro para la continuidad de la legislatura, la política de ruido y la desconfianza en los plenos parlamentarios y en las discusiones en el seno del gobierno, no cabe ninguna duda que desaniman y disuaden a una parte de los votantes progresistas, y eso ya se nota en las encuestas.

Por contra, mientras tanto los ciudadanos se mueven entre en la incertidumbre y la inseguridad provocadas por las consecuencias económicas de la guerra y la polarización política, en las que campa el populismo y su referencia en los partidos personalistas y de agitación que se consolidan cada vez más en el ámbito de la ultraderecha.

Todo ello, cuando el principal problema después de la pandemia es la repercusión de la escalada de la inflación, como consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia, sobre el precio de la energía y de los productos de consumo básicos de los trabajadores y las clases medias. Además, la guerra continúa y se prolonga con un rastro de destrucción, dolor, muerte y crisis social, provocando aún más inseguridad sobre el futuro.

A esto se añade que en la oposición, el PP, esta vez con la excusa de las elecciones andaluzas, vuelve a bloquear los contactos con el gobierno para la renovación de los órganos constitucionales. Es decir, después de más de mil días de bloqueo del CGPJ, si bien el PP ha cambiado Casado por Feijóo, la estrategia de oposición de confrontación y desgaste sigue siendo la misma, solo con alguna que otra concesión puntual en el parlamento como muestra del nuevo tiempo de moderación: el guante de seda en puño de hierro.

Sin embargo, en Castilla y León la coalición con la ultraderecha empieza a dar por boca de su vicepresidente los primeros dolores de cabeza al gobierno autonómico, algo que también empieza a cuartear la referida estrategia de moderación de Núñez Feijóo.

Así, aunque la matanza en Texas no consigue abrir ninguna posibilidad para el control de armas en lo EEUU, resulta escandaloso que Vox en España las defienda para garantizar la legítima defensa de los ciudadanos. El mismo partido que se permite discriminar a una diputada por su discapacidad e incluso defender el delirio de la gran sustitución, sin que sus expectativas electorales se resientan. El populismo es el que ha cambiado de bando.

Por si esto fuera poco, la sombra del emérito sigue planeando sobre la casa real y la inviolabilidad de la jefatura del Estado, con el anuncio de una nueva visita, que amenaza con convertirse en un nuevo acto de reivindicación de la figura del rey emérito.

Aprovechando el río revuelto de esta compleja situación, arrecia la presión de los empresarios, el banco de España y de los llamados expertos para doblegar la comprometida  revalorización de las pensiones, después de haber negado la de los salarios en la mesa de negociación de la concertación social. Más que un pacto de rentas parece un intento de recorte de rentas a los trabajadores sin compromisos empresariales. Una apuesta por el malestar.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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