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El derecho al aborto y sus adversarios


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La ministra de Igualdad, Irene Montero, responde a las preguntas de los medios de comunicación, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Foto de La Moncloa. La ministra de Igualdad, Irene Montero, responde a las preguntas de los medios de comunicación, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Foto de La Moncloa.

El gobierno acaba de aprobar una nueva ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Con esta será ya la cuarta reforma de la ley de aborto en la democracia y la segunda que reconoce el derecho a decidir por parte de las mujeres. Sin embargo, el objeto de debate ha sido la baja menstrual, como una nueva muestra de que las principales resistencias son el estigma y el tabú y en definitiva la cultura machista.

Lo hace en el contexto contradictorio de avances en el derecho de las mujeres al aborto, en particular en América Latina y del retroceso anunciado por el Tribunal Supremo de los EEUU bajo la influencia de los sectores religiosos y políticos ultraconservadores.

El proyecto de ley recupera el derecho a decidir para las jóvenes entre los dieciséis y los dieciocho años, que fue objeto de la restricción con el permiso parental en la contrareforma del PP, suprime los periodos de reflexión y de consejo paternalistas para el acceso a la prestación y pone en un primer plano el objetivo de la realización de la interrupción en los hospitales públicos mediante la individualización de la objeción de conciencia y los centros de referencia provinciales.Por otra parte, introduce medidas de salud sexual y reproductiva como la baja menstrual con cobertura de la seguridad social y aumenta el periodo actual para la baja previa al parto. Sin embargo, se ha quedado en el tintero el IVA super reducido para productos de higiene femenina que de nuevo se relegan a una futura reforma fiscal.

El contexto de la ley en España también es contradictorio: por una parte también por la presión de los grupos fundamentalistas contra las mujeres y las clínicas de abortos, lo que ha obligado a una reciente regulación legal para garantizar el ejercicio del derecho sin presiones externas. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora, ha descongelado la ponencia sobre el recurso del PP contra la ley de salud sexual, reproductiva e interrupción del embarazo aprobada en 2010 durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, aunque una reciente filtración apunta sin embargo a un probable aval del tribunal a la ley vigente en el ambiente de consenso iniciado tras su reciente renovación.

Una ley que al cabo de más de una década de su aprobación destaca como una de las más avanzadas de Europa, tanto en el reconocimiento del derecho a las mujeres como en los aspectos preventivos, de educación sexual y en la formación de los profesionales sanitarios. Hay que destacar que su principal debilidad no ha sido pues la falta de ambición en la redacción del texto legal, sino en particular las resistencias profesionales y la pasividad política en su desarrollo reglamentario.

De ahí que el objetivo de garantizar la interrupción del embarazo en los hospitales públicos, a pesar de la resistencia profesional y la connivencia o pasividad política que han convertido la objeción de conciencia en un derecho de veto, haya pasado de menos de un dos por ciento a superar el diez por ciento, multiplicando por cinco las interrupciones en los centros públicos después de poco más de una década de su aprobación. Lo mismo ha ocurrido con el aborto hormonal.

Es por eso que, en un contexto de gestión descentralizada de la sanidad, las medidas anunciadas, tanto sobre centros de referencia provinciales, como sobre la objeción de conciencia individual, con ser importantes se pueden encontrar con similares dificultades a las de la ley vigente, si no se superan las resistencias en el plano profesional, de la gestión hospitalaria y de voluntad política las consejerías de sanidad. Tampoco cabe descartar la posibilidad de modificación de estás medidas en la próxima tramitación parlamentaria, como ya ocurrió con la ley actual, e incluso de recurso al Tribunal Constitucional en defensa de las competencias sanitarias de las CCAA.

En definitiva, un nuevo avance legal al que le queda un largo camino por recorrer.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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