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Ante la próxima visita del turista emérito


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)
Ilustración de Fito Vázquez Ilustración de Fito Vázquez

Con motivo del viaje de pésame del rey Felipe VI al emirato de Abu Dabi, hemos conocido que el rey emérito volverá de visita a España, después más de dos años de su salida voluntaria, el próximo fin de semana, pero no como parte de la familia real ni de forma definitiva.

Para ello, ha sido necesaria una breve conversación mediante una llamada telefónica en la propia visita real a Abu Dhabi, pero se ha evitado el contacto personal, algo que hubiera dado lugar a equívocos. También se siguen guardando las distancias en cuanto al mantenimiento de la supresión de las prerrogativas relativas a las retribuciones y a la residencia en el palacio de la Zarzuela y por extensión en cualquiera de las residencias oficiales de la familia real.

Con esa próxima visita del rey emérito se cierra, aunque parcialmente, el largo proceso de investigación de la fiscalía, de regularización con la Hacienda pública y de sanciones limitadas al exclusivo ámbito de la casa real, todo como consecuencia de las irregularidades de todo tipo en sus labores de conseguidor aprovechando la institución de la jefatura del Estado, eludiendo sin embargo la acción de la justicia española, aunque se mantiene aún abierto el fleco del proceso civil por la denuncia de acoso a la princesa Corina en Gran Bretaña.

En este sentido, hace tan solo unos días se ha culminado la última investigación que permanecía abierta, relativa a la posible vinculación del regalo millonario recibido por el ahora rey emerito con a las empresas beneficiadas por la multimillonaria obra del AVE a la Meca.

Finalmente, nadie ha sido imputado, en buena parte debido a la falta de colaboración de Arabia Saudí en la investigación. Tal y como si hubiera sido un regalo 'gratis et amore' y no tuviese nada que ver con una contraprestación a los buenos oficios para la adjudicación de la magna obra ferroviaria. Así, entre la inviolabilidad del rey, la obstrucción a la justicia de los Estados donantes implicados y la prescripción de los delitos, todo ha quedado finalmente en casi nada, demostrando, una vez más, que no todos somos iguales ante la ley y que algunos en concreto son manifiestamente desiguales y sus delitos quedan impunes. Con ello las instituciones democráticas, y más en concreto en el gobierno y en la justicia, ha primado la razón de Estado frente a la razón democrática, culminando el doble rasero de la sentencia de la infanta Cristina por el caso Nóos. Ni uno ni la otra han cumplido con sus obligaciones.

El papel de la oposición conservadora ha sido aún peor si cabe, dando por buenas todas las acciones reprobables y las irregularidades fiscales del emérito en una suerte de retribución inmoral a sus servicios a la Transición democrática, y atribuyendo su exclusión de la Casa Real y su salida voluntaria de España al gobierno Sánchez, como un tema más de instrumentalización política .

Previamente, se ha hecho público el contenido del decreto que oficializa las medidas de transparencia y fiscalización pública que ha ido adoptando la Casa Real, de acuerdo con el gobierno y una parte de la oposición, a partir de los escándalos del rey emérito. Bienvenidas sean todas ellas, con la excepción de la exclusión de cualquiera de los grupos parlamentarios en razón a su inexistente adhesión a una Constitución, que por otra parte no es militante.

Sin embargo, la inviolabilidad contemplada en la Constitución y que ha estado en el origen de buena parte de la impunidad de los turbios negocios y la opacidad fiscal del reinado de Juan Carlos I, finalmente no se modificará para restringirla a los actos debidos como consecuencia de su cargo como jefe de Estado. Con ello el rey Felipe mantiene las distancias con la corrupción de su padre, pero no cambia, en lo que respecta a su ámbito de decisión, lo fundamental para evitarla en el futuro. Un error real.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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