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El bono joven, el derecho a la vivienda y el rechazo del gobierno de los jueces


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

El proyecto de ley de vivienda ha tenido en la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas como su escollo fundamental y como materia de conflicto en el seno del gobierno de coalición entre el PSOE y UP. Una medida que sin embargo no es tan novedosa ni radical, ya que existe experiencia de ella y de sus ventajas en las principales ciudades europeas y en algunas ciudades y comunidades autónomas.

El punto de encuentro entre los socios de gobierno ha sido delegar la mencionada competencia en las CCAA y dilatar su periodo de aplicación, todo ello complementado con medidas coyunturales para favorecer el acceso a la vivienda en alquiler, en particular a jóvenes y colectivos vulnerables. Una estrategia contradictoria entre la regulación y el mero estímulo, que además está cogida con pinzas a tenor de las reacciones críticas a las subvenciones al alquiler, la primera parte del acuerdo, y que anuncia un largo y agitado trámite parlamentario.

Sin embargo, lo que no se esperaba es una nueva resistencia, está vez por parte del órgano de gobierno del poder judicial, que finalmente ha rechazo con oprobio el informe del vocal progresista argumentando su carácter ideológico_ como eso si fuera posible evitarlo en una materia en la que chocan tantos intereses contrapuestos_ y como si el propio Consejo no fuera un órgano político, eso sí cada vez más polarizado y conservador, junto a la manida vulneración de las competencias autonómicas, pero sobre todo por el rechazo del CGPJ al reconocimiento del derecho universal a la vivienda, algo al parecer inexistente en palabras de la mayoría conservadora.

Entre tanto, se ha producido la aprobación de las medidas complementarias o de coyuntura, para de un lado favorecer a futuro la promoción pública de viviendas de alquiler y a corto plazo un conjunto de bonos, subvenciones y seguros de apoyo al alquiler social, tanto a inquilinos como a propietarios.

Sin embargo, el problema fundamental sigue siendo en el sobreprecio y la especulación de los alquileres en las grandes ciudades, que niega el derecho constitucional a la vivienda a la mayoría de los ciudadanos con menores rentas, y en particular a los jovenes, dificultando con ello su movilidad y el acceso al empleo, en la actualidad precario, temporal y de bajos salarios, y con ello a unas condiciones de vida mínimamente dignas, expulsándolos a la periferia, sobre todo de las zonas urbanas más tensionadas, que serían aquellas en que el precio supera el treinta por ciento del salario. Es decir, la gran mayoría.

Se trata de un bono de 250 euros mensuales por dos años para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Iprem (24.318 euros). Una medida similar a la renta básica de emancipación impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que no consiguió los resultados esperados. Con ello se calcula que entre cincuenta o sesenta mil jóvenes emancipados se podrán beneficiar de esta ayuda: apenas un dos por ciento del total de los jóvenes que optan por el alquiler.

Una ayuda directa, que además podría provocar como consecuencias añadidas el aumento directo de los precios y la generación de discriminaciones entre los inquilinos.

Es por eso que las reacciones, mayoritariamente críticas, no se han hecho esperar, por parte de uno y otro lado del espectro de inquilinos y propietarios y entre las fuerzas políticas: unos pronosticando que "solo servirá para subvencionar con dinero público a los rentistas” y que por otra parte "lamentan que podría producirse una inflación en los precios de los alquileres", y todos que lo consideran "algo absolutamente insuficiente". En cuanto al proyecto de ley aún pendiente de aprobación, ya se le reprocha el no establecer un mínimo común para el control efectivo de los alquileres en todo el país, sin definir con precisión qué es una zona tensionada para establecer precios máximos de referencia.

Porque por el momento, el anteproyecto de ley delega en las CCAA la competencia, hasta ahora estatal, de fijar los precios de los alquileres. Queda mucha tela por cortar.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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