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Muchos se están quedando atrás. Urge reaccionar


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

Uno de los compromisos más repetidos por el gobierno desde el inicio de la pandemia es el de no dejar a nadie atrás, en contraste con la austeridad injusta por el gobierno conservador frente a la crisis financiera. Sin embargo, en el tramo final de esta sexta ola, hemos de reconocer que ni la pandemia ha sido igual para todos ni tampoco estamos saliendo todos juntos y que por el contrario ya son demasiados los que se han quedado atrás.

Todo ello a pesar de que se han priorizado medidas como los ERTEs y el cese de actividad para los autónomos, que han evitado el colapso de la economía y el desempleo masivo, una importante subida del salario mínimo y la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones, así como la puesta en marcha del ingreso mínimo vital y el reforzamiento de diversas medidas, en particular frente a la pobreza infantil, energética y habitacional.

A pesar de este potente escudo social, encaminado al objetivo, quizá demasiado ambicioso, de no dejar a nadie atrás, los datos recientes de Intermón-Oxfam y de la fundación foessa de Cáritas muestran un panorama bien diferente en cuanto a la situación social: Un insoportable incremento de dos millones de personas que se suman a los cuatro millones en situación de pobreza severa, que en particular afecta a las familias monoparentales, debido todo ello a los efectos sanitarios y sociales de la pandemia y las limitaciones de movilidad, que ha provocado una menor accesibilidad de estos colectivos vulnerables a una sanidad y los servicios públicos situados al borde del colapso, y asimismo por la carencia de recursos, pero sobre todo de integración y de la falta de agilidad en la gestión en las prestaciones y las medidas de emergencia frente a las situaciones de pobreza. Un volumen de pobreza severa que corre el riesgo de convertirse en crónico y hereditario.

La otra cara de la moneda es la práctica duplicación del patrimonio de los super ricos, cuyas empresas ha recibido el apoyo multimillonario de las administraciones públicas para evitar el cierre y el desplome de la actividad y del empleo. A la socialización de las pérdidas estos sectores privilegiados no pueden responder privatizando sus beneficios.

Los ciudadanos han mostrado en recientes encuestas que son conscientes de ello, y si bien apoyan la gestión de la pandemia y de la recuperación económica por parte del gobierno, exigen un mayor compromiso con los problemas de los trabajadores y con los sectores más vulnerables. Un aviso serio para navegantes.

En definitiva, las medidas que se han adoptado son insuficientes, sobre todo para la enorme magnitud del impacto de la pandemia en una sociedad fracturada por la desigualdad, con unos servicios públicos debilitados por los sucesivos recortes y privatizaciones y además con una gestión pública manifiestamente mejorable.

Urge por tanto el refuerzo y la integración del conjunto de prestaciones frente a la pobreza, la consolidación y modernización de los servicios públicos, y para todo ello de una reforma fiscal justa que garantice la suficiencia y la progresividad y un gestión de los fondos europeos que compatibilice la modernización económica y la igualdad social. Se trata de salir juntos.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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