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La judicialización de la política como último recurso contra los fondos europeos


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

La Comunidad de Madrid, y al rebufo el conjunto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP junto con las principales ciudades, han iniciado una cadena de recursos judiciales contra el reparto de los fondos europeos de recuperación y resiliencia 'Next Generation'. Algo inédito en el contexto europeo, aunque habitual en la estrategia populista de oposición desarrollada por las derechas desde el inicio de la legislatura y en particular con el comienzo de la pandemia. No es necesario, en tal sentido, recordar la cadena de recursos contra las medidas de gestión de la pandemia y el papel de vanguardia que en ellos ha jugado por el gobierno de la comunidad de Madrid presidido por Ayuso junto a la ultraderecha de Vox.

Es también la culminación lógica de una oposición de deslegitimación y obstrucción, más que de control de la acción del gobierno, así como de instrumentalización de las instituciones autonómicas y municipales gobernadas por la derecha, e incluso ahora de los tribunales de justicia, como arietes frente al gobierno, una vez que los fondos europeos han ido pasando con éxito todos los obstáculos que les ha puesto hasta hoy el partido popular.

Primero se opuso a su propia existencia, una suerte de euro bonos como un esfuerzo compartido de la Unión Europea para la recuperación de la pandemia, luego se alió con los países llamados frugales para reducir su ambición y sobre todo el volumen de las subvenciones en relación a los créditos reembolsables, y cuando todo esto fracasó intentó condicionar su aprobación al mantenimiento de las principales contrareformas laborales y de pensiones impuestas por sus últimos gobiernos presididos por Rajoy con la excusa de la crisis financiera de 2008.

Una vez aprobados los fondos europeos y ya en nuestro país, el PP ha intentado que su gestión y control se realizase al margen del gobierno con la propuesta, compartida por Ciudadanos, de que pasasen a manos del una agencia de expertos independientes, y en última instancia ha votado en contra de la aprobación de los fondos correspondientes a España en el Congreso de los diputados y de los presupuestos que los incorporan , finalmente aprobados. La política de tierra quemada se ha intentado en casi todos los frentes y en todos ellos ha fracasado.

El acuerdo de pensiones y sobre todo el pacto más reciente con los agentes sociales para la reforma laboral con el aval de la Comisión Europea ha desbaratado estas intenciones. Sin embargo, solo se había librado de la quema hasta hoy el reparto de los fondos a las CCAA, ya que se había venido aprobando hasta ahora de manera consensuada y sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, ha tenido que ser precisamente el gobierno de la Comunidad de Madrid el que desentierra el hacha de guerra, también en el terreno del reparto de los fondos entre las distintas administraciones, y que lo hace además trasladando el conflicto del ámbito político institucional a los tribunales de justicia, algo que tampoco es algo nuevo en su política de confrontación y agravio con el gobierno central. Poco importa lo que esta estrategia pueda influir en la confianza de los agentes económicos y de los ciudadanos en los fondos para la efectiva recuperación y transformación ecológica y digital de la economía española y en la modernización de la administración y de los servicios públicos.

Estamos ante nuevo tirón populista dentro de la derecha para desmarcarse de la dirección actual del partido, una dirección que en vez de buscar el centro derecha, una vez más no solo se ha plegado sino que ha bendecido y extendido la estrategia de judicialización de los fondos europeos al conjunto de las instituciones gobernadas por el partido popular.

Porque además, la peculiaridad del populismo iliberal español es que no cuestiona la independencia de la justicia ni del tribunal Constitucional, como lo hacen Hungría o Polonia, sino que por el contrario da por hecho que por su orientación muy mayoritariamente conservadora, la posibilidad de que aquí sí haya partido, y por eso los incorpora ahora a su estrategia de oposición de desestabilización contra el gobierno de coalición de izquierdas. Por eso también su resistencia a cualquier acuerdo sobre su renovación que pueda poner en cuestión dicha mayoría y sus actuales márgenes de politización. En definitiva, que los extremos de la judicialización de la política y de la politización de la justicia se tocan, y a eso juega la derecha cada vez más populista del partido popular.

Poco importa que las encuestas digan que los ciudadanos confían en la izquierda para la gestión de la pandemia y para la exportación económica. La única salida parece ser la huida hacia adelante.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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