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Violencia contra la Mujer


Los datos que ofrece la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del año 2019 pueden ser calificados de terribles. Un 13’7% de mujeres en este país han padecido violencia física o sexual a lo largo de su vida, es decir, casi tres millones de mujeres mayores de 16 años.

Pero hay más datos, el Ministerio de Igualdad considera que más de once millones de mujeres han padecido otras formas de violencia por el hecho de ser mujeres, es decir, un 57’3%. Estaríamos hablando de conductas que van desde miradas lascivas, tocamientos, envío de imágenes con intención de intimidar, acoso continuado, hasta violaciones.

Pero el problema es más agudo porque estas cifras no son paralelas a las de denuncias. Solamente un 8% de las víctimas fuera de la pareja han denunciado esas agresiones. La encuesta afirma que muchas de las mujeres violadas no lo hicieron por vergüenza, ser menores o por miedo al agresor. Estos hechos, además, provocan un enorme daño psicológico, con porcentajes altos de pensamiento de suicidios.

La ministra Irene Montero, que es quien ha presentado esta Macroencuesta, ha afirmado que hay que realizar un ejercicio de autocrítica, y emprender políticas públicas concretas.

Es evidente que no se ha hecho lo suficiente por parte de las Administraciones públicas sobre esta cuestión fundamental porque esos datos, insistimos, son muy preocupantes. Pero hay otro problema añadido. Aunque se pueda admitir que la respuesta institucional no ha sido lo intensa que debiera, al menos, parecía que había habido hasta ahora un mínimo de consenso entre las fuerzas políticas en la condena de esta violencia, eso sí, con sus más y sus menos, pero ahora, la irrupción, sin ningún tipo de pudor, de discursos contra la idea de la violencia de género que manifiesta la extrema derecha debe preocuparnos porque impiden la lucha contra mentalidades y actitudes machistas.

Y hay una preocupación añadida, porque la extrema derecha puede bloquear la aprobación de determinadas políticas de lucha contra esta lacra en distintos niveles, especialmente en los autonómicos y/o municipales donde tengan el suficiente poder para hacerlo.

No estamos ante una cuestión secundaria, nos encontramos ante un grave problema que debemos combatir con una combinación de educación, concienciación social, y actuaciones administrativas, policiales y judiciales. El discurso de la negación debe ser combatido con contundencia. Las cifras, insistimos, son reales, y son alarmantes.