La derecha y el waterloo de las pensiones

Se trata de los mismos foros e instituciones, algunos de ellos pretendidamente neutrales pero con evidentes conflictos de interés con los fondos privados decpensiones, que hace meses tampoco habían dudado en descalificar las previsiones de crecimiento económico del gobierno en el marco del proyecto presupuestario de 2023, según su opinión por ser demasiado optimistas, aunque luego las previsiones del gobierno hayan resultado más atinadas e incluso modestas que las de los organismos nacionales e internacionales. Y que asimismo habían anticipado una recesión económica que finalmente no se ha producido.

Sin embargo, es el día de hoy que ni unos ni otros han explicado las causas de los errores en sus previsiones ni tampoco parece que las vayan a rectificar. Son los mismos actores económicos que ahora alertan de los desequilibrios presupuestarios que la reforma puede provocar a mitad de este siglo. Largo me lo fiáis. Sin embargo, donde la oposición de la derecha a la reforma de las pensiones del gobierno español, avalada además por la Comisión Europea, finalmente se ha pasado de frenada en su estrategia de oposición ha sido por un lado el desplante que ha simbolizado su rechazo a la reforma en el marco de la visita de Núñez Feijóo a las instituciones europeas y sobre todo por la comparación de la reforma española con la reforma de pensiones del gobierno Francés, expresando su apoyo a esta última. Todo ello sin tener en cuenta que su significativo respaldo a su contenido de recortes, a su imposición por decreto presidencial se produce en el contexto del conflicto social provocado (con una decena de huelgas generales hasta ahora), dibujando con precisión el modelo oculto de recortrs y de gobierno duro que propugna la derecha española.

Un modelo que supone el empecinamiento en el error de sus recortes impuestos con la excusa de la crisis financiera y las políticas de austeridad   de 2013 al margen del Pacto de Toledo, tanto con la derogación de la ley de revalorización de las pensiones mediante su práctica congelación, como a través de la introducción del denominado factor de sostenibilidad, que recientemente han sido derogados.

En definitiva, en defensa de una estabilidad por el lado del recorte de los gastos mediante un nuevo retraso de la edad de jubilación sin reparar en que ya formamos parte de los países europeos de jubilación más tardía, la no revalorización y el incremento en el periodo de cómputo a pesar de que más de la mitad de las pensiones públicas siguen estando por debajo de los mil euros y que dedicamos dos puntos menos del PIB que la media comunitaria.

Por eso, como argumento genérico, el actual coordinador del PP, Elías Bendodo, ha recurrido como último recurso a los manidos tópicos desde que la reforma no garantiza la viabilidad futura del sistema ni la revalorización de las pensiones o que no ha contado con el acuerdo de los empresarios ni tampoco con el apoyo de instituciones como la AIREf o el Banco de España y que en definitiva va a suponer un incremento mayor de los impuestos al trabajo que en el futuro no se traducirá en la mejora de las pensiones.

Sin embargo, se trata del mismo PP que no solo ha estado presente a lo largo de los trabajos de la comisión parlamentaria, sino que ha votado favorablemente todas y cada una de las recomendaciones finales del Pacto de Toledo. Más recientemente también ha contado con una información directa y personal del ministerio de seguridad social a lo largo de la elaboración, tanto de la propuesta de reforma como de la negociación con las autoridades de la Comisión Europea, cosa que hasta el momento nadie de dicho partido ha desmentido.  

Dentro de dichas recomendaciones destacan la que tiene que ver con la recuperación de la revalorización anual de las pensiones de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumo, con el mantenimiento de la edad de jubilación hasta los sesenta y siete años, si acaso mediante incentivos para favorecer su prolongación exclusivamente voluntaria, con la financiación presupuestaria de los denominados como gastos impropios por un volumen de más de veinte mil millones de euros y asimismo para hacer frente al gasto extraordinario que pueda suponer la jubilación de la llamada generación del Baby Boom.

Unas primeras recomendaciones que sin embargo el PP votó en contra de su ratificación como ley del parlamento y que constituyeron la primera parte de la reforma acordada con Bruselas como uno de los requisitos para la recepción de los fondos 'Next Generation'.

Con respecto a la segunda y última parte de la reforma del sistema público de pensiones, que básicamente afecta al periodo de cómputo de las pensiones, a la mejora de las pensiones mínimas y a la financiación de las mismas, que por un lado vinculaban el incremento del periodo de cómputo a un mecanismo compensatorio de los llamados vacíos de cotización, y de otro que preveían un incremento de financiación mediante el destope de la base máxima de las cuotas de la seguridad social, también se corresponden con varias de las principales recomendaciones del Pacto de Toledo. No es necesario reiterar que el conjunto de las recomendaciones del Pacto de Toledo contaron hace poco más de dos años con el apoyo del partido popular, y que hoy sin solución de continuidad han pasado a ser los motivos que van a provocar su rechazo. Incoherencia e insolvencia.