Seguridad ciudadana: algo más que una ley mordaza

Pero resulta aún más sorprendente que la mayoría de investidura avoque sin ninguna necesidad la votación y además para perderla, y con ello acabe casi definitivamente con la posibilidad de una nueva ley durante la presente legislatura, dejando en vigor la integridad del contenido represivo de la ley de seguridad ciudadana, y no contentos con ello, arrojándose los tratos a la cabeza con evidente satisfacción de la derecha.

La que luego sería llamada ley mordaza se aprobó por el gobierno Rajoy en el año 2015  a raíz de la crisis financiera, en el contexto de las políticas de austeridad de recortes y privatizaciones por doquier y como producto del conflicto social y de las movilizaciones ciudadanas contra estas medidas. Entonces, el gobierno del PP puso en marcha una batería de reformas legales tanto de recortes sociales como de libertades, entre ellas del Código Penal y de la ley de seguridad ciudadana con el doble objetivo primero de disuadir y luego de reprimir a los ciudadanos por la participación en la protesta, mediante la restricción de los derechos fundamentales como los de reunión, expresión y manifestación. Una ley que inmediatamente fue considerada por las principales organizaciones de derechos humanos como una 'amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España' en palabras de Amnistía Internacional, así como por las asociaciones de periodistas como un límite a la libertad de información, que ha ido incrementando su aplicación hasta la pandemia y que a día de hoy sigue produciendo denuncias y sanciones administrativas sin seguridad jurídica a tenor del reciente informe del defensor del pueblo del año 2022.

A pesar de todo esto, se acaba de frustrar la imprescindible derogación de dicha norma para acabar con restricciones y sanciones inéditas en democracia y en consecuencia para reponer en el texto legal el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, manifestación e información.

Además, se trata de un largo y accidentado proceso de negociación de la ley mordaza ante el que el Estado profundo del núcleo duro de la derecha policial, de la mano de la derecha y la ultraderecha política y mediática, ha convocado dos importantes movilizaciones con argumentos llenos de falsedades y manipulaciones: Ya que en ningún caso en las enmiendas pactadas se daba carta de naturaleza a las movilizaciones espontáneas y sin comunicación previa, ni se legalizaba el cerco a las instituciones como el Parlamento, ni se dejaba a la policía sin protección ni autoridad, sino que por el contrario se trataba de recuperar el equilibrio perdido con respecto a cuestiones como la relativa a las manifestaciones sin previo aviso, la veracidad de las declaraciones de la policía, las identificaciones, el tiempo de detención o la reducción de las sanciones que con la excusa de la seguridad se había impuesto en contra del ejercicio de los derechos fundamentales. Incluso se añadía el relato insidioso y falso de que con esta nueva redacción la izquierda preparaba una nueva ley hecha a su medida, para que en caso de que cambiasen las tornas en las próximas elecciones generales organizar la desestabilización desde la calle ante las políticas de la probable coalición de la derecha con la ultraderecha. Sin lugar a dudas una proyección de su propia estrategia de desestabilización institucional. Por eso, si bien son comprensibles las diferencias en torno a las devoluciones en caliente en frontera, sobre todo después de la tragedia reciente con decenas de muertos en la valla de Ceuta, éstas en todo caso pueden formar parte de una ley de inmigración o de la relativa al derecho de asilo ya que no se trata de un problema de orden público. Tampoco se entiende la incorporación de nuevos puntos potencialmente conflictivos, si en realidad se pretende llegar a un acuerdo, como el relativo a las pelotas de goma a la negociación de la ley, cuando hasta hoy éste solo ha sido materia de los respectivos protocolos policiales.

Por eso, la derrota de la ponencia podría dar la impresión que el estado profundo le ha ganado el pulso al parlamento.