La siniestralidad laboral en este país es un problema mayúsculo. En España mueren dos trabajadores cada día, además de los miles que sufren accidentes laborales al año. Pero no parece que interese mucho a las empresas la seguridad y la salud laboral, no es prioritario.
El sindicato UGT ha reclamado al Gobierno que se prorrogue la moratoria de los desahucios sin alternativa habitacional, y que las disposiciones legales sobre el acceso y mantenimiento de las viviendas adquieran un carácter estructural con el fin de proteger a las personas que están padeciendo las consecuencias de la crisis provocada por la Covid-16, pero también para aquellas que ya se encontraban en serias dificultades antes de la pandemia.
Las transformaciones económicas de la era digital han inventado nuevas formas de explotación, pero repitiendo una constante histórica desde la propia Revolución Industrial. Es impresionante comprobar cómo las denuncias del movimiento obrero desde hace dos siglos tienen una actualidad evidente. En este mismo medio podemos comprobar en algún artículo de estos días cómo se denunciaba a principios del siglo XX el empleo precario de inmigrantes para aumentar la explotación de todos los trabajadores. Hoy en día la explotación de los inmigrantes es, seguramente, hasta mayor que en aquella época, como lo demostraría lo que está ocurriendo en nuestro país en relación con los repartidores.
Entre tantas noticias malas, pésimas y trágicas con las que hemos comenzado la semana, este martes se anuncia que el Gobierno da luz verde al Real Decreto sobre teletrabajo, consensuado entre empresarios y sindicatos sobre el teletrabajo, una modalidad que estaba ya creciendo antes de la pandemia, pero que ahora se ha disparado, y que estaba generando disfunciones importantes, habida cuenta de la improvisación. Y no sólo es una buena noticia por esto, sino porque también supone un triunfo de empresarios, sindicatos y Administración en momentos en los que se necesitan acuerdos. En realidad, es el quinto acuerdo de diálogo social desde que tenemos este gobierno de coalición, una cuestión a tener en cuenta si comparamos esta situación con la padecida con pasados gobiernos en la crisis económica, y frente a crispaciones artificiosamente planteadas por determinados sectores políticos.
El lunes ha estado dominado en los medios por la reunión entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid ante la grave situación en la que se vive en la Comunidad, y especialmente en la capital del Estado. Esta reunión y la posterior rueda de prensa nos motivan a realizar una serie de preguntas y reflexiones desde El Obrero.
Las medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid están siendo criticadas porque una parte de la sociedad madrileña considera que se está penalizando a los barrios y distritos con más dificultades económicas. Pero también hay un gran cuestionamiento desde lo más puramente sanitario, como ha expresado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid.
Combatir la pandemia no es una tarea fácil para ningún gobernante en ningún lugar del mundo, ni mucho menos. Combinar la prioritaria lucha contra la enfermedad para evitar contagios, con intentar que la economía no se hunda es una ecuación de resolución compleja. La mayor parte de los ciudadanos de este país, y del mundo entienden esto, se ponen la mascarilla, se lavan las manos, intentar ser prudentes (no todos, pero seguramente más de los que nos cuentan algunos) y han desarrollado una infinita paciencia con sus gobernantes. Solamente determinados sectores, escorados hacia la extrema derecha, aquí y fuera de nuestras fronteras, han salido a las calles para protestar porque se limitaban, supuestamente, las libertades, en un ejercicio de sumo egoísmo y que demuestra, además, qué entienden estos grupos y personas por la libertad. Los más desfavorecidos, en cambio, intentan sobrevivir, dando verdaderas lecciones de civismo.
Parece mentira, pero persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país y en el mundo. Por muchos avances que se haya producido es una realidad palpable y medible, englobando un conjunto de elementos que van más allá de lo puramente salarial, sin deja de afirmar que, por regla general, las mujeres siempre cobran menos, especialmente en el ámbito de la empresa privada.
Es sumamente curioso que dos Comunidades Autónomas con tanto peso económico, social, demográfico y político en nuestro país, como son Madrid y Cataluña, estén gobernadas por dos personajes políticos que están castigando a sus conciudadanos. Mientras Torra representa una presidencia preocupada por la salvación de todos los males que supuestamente España infringe a Cataluña, aunque ahora un poco en segundo plano por la pandemia, en medio de los líos del propio nacionalismo catalán enredado en disputas internas, y sin olvidar que el propio presidente vive enfrascado en su posible inhabilitación, Díaz Ayuso es la cabeza del caos en la gestión de esta misma pandemia que está convirtiendo Madrid en un horror. Se puede estar de acuerdo o no con otros presidentes autonómicos, pero, en general, casi todos intentan, con distinto acierto, luchar contra la gravedad que nos acecha, sin dar el lamentable espectáculo que desde la Plaça de Sant Jordi y la Puerta del Sol se nos ofrece un día sí y otro también.
Una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, castiga a la ciudadanía, con afirmaciones que no pueden dejar de calificarse como peligrosas, además de inciertas, siempre con el objetivo de no asumir la desastrosa gestión que está realizando su Gobierno de la tragedia de la pandemia en esta Comunidad.
Aunque el cese de actividad por la pandemia ha provocado un descenso de los accidentes laborales, en los siete primeros meses del año han fallecido 418 por el hecho de ir a trabajar, es decir, 47 más que el mismo período del año pasado cuando no había Covid-19.
El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de una rebaja fiscal de medio punto para todos los tramos del IRPF supone un ejemplo más de las políticas que en Madrid y en España ha adoptado la derecha desde hace ya mucho tiempo.
Sin dudar que la pandemia está generando una crisis general en nuestro país, en realidad, lo que nos está mostrando son las muchas y grandes carencias que padecemos en distintos ámbitos. Como bien sabemos, una economía que se basa tanto en los servicios vinculados al turismo, la hostelería, etc., se está resintiendo precisamente por las características sanitarias de la crisis. Pero también hemos visto como las políticas de austeridad en sanidad nos están pasando factura, o la forma en la que se ha abordado la atención a los mayores no nos ha pasado factura, sino que ha provocado una tragedia, que es la principal de todas, y que no tiene paralelos en nuestra historia reciente.
La Audiencia Nacional ha condenado al ex coronel salvadoreño Inocente Orlando Moreno a la pena de 133 años y tres meses de cárcel por el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros jesuitas en el año 1989. Esta noticia parece que ha pasado un poco desapercibida en un día de fuertes conmemoraciones y en medio de los problemas derivados de la pandemia y otros asuntos de intensidad tanto en la política nacional como internacional. Pero merece que nos detengamos en este hecho capital, en un suceso terrible que conmocionó a nuestro país, y a la opinión internacional, por un brutal asesinato de unas personas comprometidas con los que más sufrían en un El Salvador de tantos padecimientos y tanta sangre en los años ochenta.
