A finales de febrero, en concreto el día 27, se conmemoró en el poblado de BirLehlú el 47 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por parte del Consejo Nacional Saharaui. Este aniversario es una buena excusa para reflexionar sobre uno de los conflictos internacionales que más deberían afectar directamente a España por su responsabilidad directa e histórica en él. Es así no sólo porque fue el régimen franquista, en los últimos días del dictador, el que entregó ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental al Reino de Marruecos, sino sobre todo porque los sucesivos gobiernos del periodo constitucional han sido incapaces de reparar aquella ignominia.

Las autoridades ultraconservadoras del Estado de Israel han impedido estos días la entrada en Palestina al eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda, que es presidente de la Delegación para las Relaciones con Palestina del Parlamento Europeo por decisión libre de esta cámara. El veto supone una clara agresión a la institución más representativa de la Unión Europea (UE) y demuestra a la perfección el desprecio del régimen de Israel a la legalidad internacional.

En los últimos días se ha recrudecido el debate en torno a los efectos prácticos del impuesto temporal impulsado por el Gobierno de coalición para que los grandes bancos aporten un poco más a partir de los beneficios extraordinarios que llevan meses cosechando gracias a la subida de los tipos de interés, de las hipotecas, de la no remuneración del pasivo de las personas que aún consiguen ahorrar y de mantener altísimas comisiones.

El Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, reunió hace unos días a una amplia representación política y empresarial de todo el planeta en la ciudad suiza. De una manera u otra participaron 52 jefes de Estado y de gobierno, casi un centenar de ministros/as, 19 gobernadoras/es de bancos estatales, además de los/as máximos responsables del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y decenas de representantes de las principales empresas mundiales.

El intento de golpe de Estado en Brasil por una horda de simpatizantes ultraderechistas del expresidente Jair Bolsonaro, que irrumpieron en la sede del Congreso Nacional, la Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia con la complicidad de las autoridades del Estado donde se ubican estas instituciones muestra la brutalidad con la que la extrema derecha actúa desde que perdió las elecciones presidenciales.

Por primera vez en 44 años desde la aprobación de la Constitución, una acción coincidente entre la derecha política del PP y la ultraderecha de Vox, junto a las derechas judicial y mediática, y con la colaboración necesaria de los miembros conservadores del Tribunal Constitucional, ha impedido que la legítima representación del pueblo ejerza sus competencias legislativas al frenar una tramitación parlamentaria.

Hace unos días el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, puso una vez más sobre la mesa el debate sobre la ampliación del tiempo de cómputo de las pensiones públicas de jubilación, al plantear un posible aumento hasta los 30 años de su periodo de cálculo. Este globo sonda se deja caer cada cierto tiempo y la intención es ver si alguna vez ‘cuela’ para dar una vuelta de tuerca más al modelo público de pensiones. El argumento también es recurrente: la supuesta insostenibilidad de la financiación del modelo actual.

La inoportuna propuesta del ministro Escrivá oculta que existe un superávit contable real en la Seguridad Social, tal y como ha avanzado en otros informes el Tribunal de Cuentas. Eso desmontaría la supuesta quiebra del sistema público y dejaría en evidencia a esos partidos que llevan años buscando argumentos para acabar con él

Esta última propuesta hecha pública por el ministro Escrivá resulta especialmente inoportuna. Coincide con un momento de incertidumbre en numerosos ámbitos sociales y económicos para millones de personas que padecen los efectos de unas crisis encadenadas a los que no ven término -la última provocada por las consecuencias de la guerra en Ucrania y las descabelladas subidas de las energías y algunos productos básicos- y ha cosechado de inmediato el contundente rechazo de sindicatos y los socios del PSOE en el Gobierno de coalición.

El movimiento de las personas pensionistas ha demostrado ser tremendamente activo en su movilización en defensa del mantenimiento de un poder adquisitivo de las pensiones, que siempre ha sido una de las prioridades del actual Ejecutivo y de manera muy especialmente de los socios pertenecientes a Unidas Podemos. Es otro de los motivos por el que no puede pretenderse abrir un debate desde la base de penalizar a quienes no disfrutan de recursos especialmente significativos. Antes sería necesaria una auditoría que demuestre la verdadera situación del sistema público de pensiones.

Por un lado, se indica que estamos ante un patrimonio negativo neto por cuarto año consecutivo que asciende a cerca de 68.000 millones de euros, tal y como recoge la Cuenta General de Concesión de Préstamos del Estado a la Seguridad Social, pero que no es más que una ficción contable. Paralelamente se conceden préstamos a tipo de interés cero, que se van prorrogando indefinidamente y que nunca son, evidentemente, devueltos. Lo que se hace es trasladar ese déficit del subsector Estado a la Seguridad Social. Por todo ello, habría que dejar claro que la aportación de recursos del Estado debería realizarse sencillamente como transferencias a través de los Presupuestos Generales.

Llegados a este punto, es muy importante que el Estado asuma por fin los gastos impropios que se cargan a la Seguridad Social de manera sistemática y que las transferencias dejen de considerarse préstamos para no generar esa deuda. La última revisión del Pacto de Toledo ya emplazó al Gobierno a acabar con este déficit de la Seguridad Social y solicitó hacerlo antes de acabar el próximo 2023. Insistía también en aclarar que gran parte de ese desequilibrio contable se debe a la asunción de gastos impropios por parte de la Seguridad Social. Se está incumpliendo la Disposición Adicional Sexta (de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones) que recoge la necesidad de una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, que ya debería estar realizada.

Esa auditoría lograría reflejar que existe un superávit contable real en la Seguridad Social, tal y como ha avanzado en otros informes el Tribunal de Cuentas. Desmontaría también la supuesta quiebra del sistema público y dejaría en evidencia a esos partidos que llevan años buscando argumentos para acabar con él, planteando que la Seguridad Social no es autosuficiente y carece de garantías para cubrir todos sus ingresos. Sólo buscan abrir la puerta a las privatizaciones.

Además, todo este debate nos debería recordar la necesidad de abordar de una vez una reforma fiscal que asegure una mayor progresividad en los ingresos públicos.

La celebración del Mundial de Fútbol en Qatar ha cubierto de ignominia, no sólo a la FIFA como primer responsable de este acontecimiento, sino a todo el entramado futbolístico y político que ha permitido que un conjunto de intereses conviertan este evento deportivo en un intento de blanqueo de un régimen que vulnera de forma sistemática los Derechos Humanos.

El Congreso ha tumbado por amplia mayoría las, en su mayor parte, malintencionadas y catastrofistas enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Por tercer año consecutivo, los números y la realidad –186 votos a favor de las cuentas públicas, por 159 a favor de las espurias intenciones de un dispar abanico de fuerzas de oposición– se han impuesto a ambiciosas premuras y a la propaganda.

Mientras la patronal culpa falsamente a los salarios de que haya una segunda ronda de inflación, el Banco Santander, que lidera Ana Botín, o Iberdrola, que preside Ignacio Galán, baten récords de beneficios: 7.300 millones de euros, el banco, y 3.100 millones, la eléctrica, y sólo hasta septiembre. Eso sí, derecha y ultraderecha se rasgan las vestiduras porque el Gobierno ponga en marcha un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas

Por tercera vez desde que en 2020 el Gobierno de coalición presenta su propuesta de cuentas públicas para el año siguiente ‘la estabilidad se ha impuesto a la ficción’… No es ni el título de una crónica bursátil, ni el de un documental, sino la constatación explícita de que las amenazas y siete plagas bíblicas que cada comienzo de otoño airean de forma coordinada las derechas políticas, económicas y mediáticas, con la extrema derecha como animadores populistas de excepción, vuelven a incumplirse.

El para algunos ‘Gobierno Frankenstein’ ha vuelto a encarar los Presupuestos con más eficiencia y acierto con que lo hacían aquellos aprendices de ‘Chicago boys’ que Mariano Rajoy sentaba en su Consejo de Ministros, aquéllos sí mucho más próximos a una mala noche de Halloween con sus recortes, tijeretazos a lo público, subidas de impuestos y pensiones ‘todo a 0,25%’. La señora Gamarra –Cuca para los conocidos–, el señor Espinosa de los Monteros –Iván Espinosa de los Monteros de Simón, para los amigos– y algunos ‘mariachis’ con ganas de bronca se han esforzado con poco éxito en dar la impresión de tener alguna alternativa válida a las cuentas públicas.

Los dos PGE anteriores, y no hay dos sin tres, son la demostración palmaria de que puede hacerse frente desde lo social y con visión progresista no sólo a una crisis económica efecto del neoliberalismo feroz arrastrada desde 2009, sino a mucho más. A este Gobierno de coalición le ha tocado lidiar con las graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la larga pandemia del Covid-19, con una crisis energética auspiciada por la voracidad de las multinacionales del sector, ancladas en postulados más fósiles que sus propios combustibles, o con una guerra en Ucrania con la que algunos –empezando por los marciales entusiastas de la OTAN– parecen más cómodos que si se tuvieran que ponerse de verdad a buscar senderos efectivos de paz.

PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos llevan meses tratando de hacer creer más allá de sus correligionarios que la alta inflación es sólo cosa de España y culpa del Gobierno, que el alto precio de la energía sólo se da en nuestro país –la derecha lo llama ‘timo ibérico– y es culpa del Gobierno, o que el desfase entre subida de sueldos y aumento de los precios de los productos básicos sólo pasa de Pirineos hacia abajo y también es culpa del Gobierno.

De nuevo, la realidad se impone: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector privado, por decisión empresarial, es del 6,4%, mientras que en Francia, por ejemplo, no llega al 3,4%. En Europa, la subida media de salarios es de un 4,1% y en Portugal, por seguir con países cercanos, llega hasta el 5,6%; en España estamos entre el 2,6 y el 2,9%, según el ‘optimismo’ de quien echa las cuentas.

Mientras la patronal culpa falsamente a los salarios de que haya una segunda ronda de inflación, el Banco Santander o Iberdrola baten récord de beneficios: 7.300 millones de euros, el banco, y 3.100 millones, la eléctrica, y sólo hasta septiembre. Eso sí, derecha y ultraderecha se rasgan las vestiduras porque el Gobierno ponga en marcha un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas.

Hay mentiras que duran menos que un gobierno de derechas en Reino Unido. Para los que intentan perpetuarlas también hay receta: el 3 de noviembre las Comisiones Obreras y UGT nos citan a trabajadores y trabajadoras para una gran manifestación. Madrid tiene que llenarse de dignidad porque la clase trabajadora siempre ha conseguido sus derechos luchando, nadie nunca se los regaló.

Las elecciones legislativas en Italia han aupado al poder a la coalición que encabeza la neofascista Giorgia Meloni y que también incluye a la extrema derecha de la Liga de Matteo Salvini y a la vetusta Forza Italia de Silvio Berlusconi. Tendrán el control del Parlamento y estarán en condiciones de formar gobierno y poner en marcha la administración más derechista en ese país desde la Segunda Guerra Mundial.
El neofascismo, en cualquiera de sus facetas, está a la ofensiva en toda Europa. Supone el auge de la retórica regresiva, xenófoba y autoritaria. Ya no se trata de Estados del Este Europeo, sino de la Italia partisana que derrotó a Mussolini, la Italia que sostenía al mayor Partido Comunista del Occidente europeo y al más amplio y dinámico mundo de la cultura de izquierdas, la misma Italia de las grandes centrales sindicales.

Se inicia un curso político lleno de incógnitas, entre ellas la propia continuidad del Gobierno de coalición. La negociación de los Presupuestos Generales del Estado será, sin duda, el momento de más tensión en los próximos meses, no sólo por el lógico enfrentamiento entre Gobierno y oposición, sino porque internamente este debate pondrá sobre la mesa serias contradicciones entre los socios del Ejecutivo.

En abril de 2012, PSOE e Izquierda Unida alcanzaban un acuerdo para frenar la llegada del PP, entonces dirigido por Javier Arenas Bocanegra, al Palacio de San Telmo y gobernar juntos en Andalucía. Atrás quedaban años de desencuentros, opas más o menos hostiles de los socialistas sobre el PCE y el intento de consolidar al PSOE como una especie de PRI mexicano a la andaluza.

No desvelamos nada nuevo si decimos que vivimos tiempos de un enorme deterioro ecológico que amenaza con ser irreversible. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestra sociedad, que entró en una crisis sanitaria agravada por el ataque a la biodiversidad y los ecosistemas. El modelo de producción capitalista, depredador de territorios, nos mantiene en jaque desde hace mucho tiempo.
Pero esta crisis sanitaria no es el único problema urgente al que nos enfrentamos: la crisis energética, la disminución de los recursos hídricos, el agotamiento de las tierras fértiles o la pérdida de biodiversidad cultivada para adaptarse a las condiciones cambiantes del clima o a las plagas venideras son retos que también tenemos sobre la mesa. 

La cada vez menos presunta corrupción en el caso que investiga la justicia sobre el contrato impulsado desde el Ayuntamiento de Madrid para comprar material sanitario en pleno auge de la pandemia del Covid-19, donde el instructor y la Fiscalía aprecian claros indicios de delito, está poniendo de manifiesto cómo el Partido Popular entiende la supeditación del interés público a los intereses privados y, una vez más, su histórica manera de gestionar las tramas delictivas que le salpican. 

Hace unos días se convalidó con gran dificultad, gracias a la chapucera votación de un diputado del PP, la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pactada en el marco del diálogo social. Culminaban así nueve meses de intensa negociación con los sindicatos CC OO y UGT y con la patronal para conseguir la primera reforma del mercado de trabajo que en más de 30 años recupera derechos para la clase trabajadora. Supone un cambio de paradigma al dar los primeros pasos para acabar con un modelo basado en la precariedad, además de recuperar la capacidad normativa y de intervención de los sindicatos

La crisis en la frontera entre Ucrania y Rusia, como el resto de conflictos que se han producido en los últimos años en la frontera europea con los vecinos rusos, debe analizarse en el marco de un orden internacional que ya nadie duda que está en transición. EE UU trata de activar una situación de nueva ‘guerra fría’ que le permita frenar la creciente influencia de China en el ámbito internacional.

El debate abierto a raíz de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, manipuladas intencionadamente por una derecha y ultraderecha demagógicas, sobre el modelo de producción agrícola y ganadera, y en especial sobre la implantación de las macrogranjas, es una oportunidad para establecer modelos alternativos. Por nuestra parte, seguiremos apostando por explotaciones sostenibles de ganadería extensiva, las grandes perjudicadas con la implantación de modelos intensivos y que sólo buscan una alta rentabilidad.

El estallido social producido en torno a la negociación del convenio de las empresas del metal gaditanas va mucho más allá de una simple negociación sindical en la medida que escenifica una situación que lleva demasiado tiempo siendo límite.