La cada vez menos presunta corrupción en el caso que investiga la justicia sobre el contrato impulsado desde el Ayuntamiento de Madrid para comprar material sanitario en pleno auge de la pandemia del Covid-19, donde el instructor y la Fiscalía aprecian claros indicios de delito, está poniendo de manifiesto cómo el Partido Popular entiende la supeditación del interés público a los intereses privados y, una vez más, su histórica manera de gestionar las tramas delictivas que le salpican. 

Hace unos días se convalidó con gran dificultad, gracias a la chapucera votación de un diputado del PP, la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pactada en el marco del diálogo social. Culminaban así nueve meses de intensa negociación con los sindicatos CC OO y UGT y con la patronal para conseguir la primera reforma del mercado de trabajo que en más de 30 años recupera derechos para la clase trabajadora. Supone un cambio de paradigma al dar los primeros pasos para acabar con un modelo basado en la precariedad, además de recuperar la capacidad normativa y de intervención de los sindicatos

La crisis en la frontera entre Ucrania y Rusia, como el resto de conflictos que se han producido en los últimos años en la frontera europea con los vecinos rusos, debe analizarse en el marco de un orden internacional que ya nadie duda que está en transición. EE UU trata de activar una situación de nueva ‘guerra fría’ que le permita frenar la creciente influencia de China en el ámbito internacional.

El debate abierto a raíz de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, manipuladas intencionadamente por una derecha y ultraderecha demagógicas, sobre el modelo de producción agrícola y ganadera, y en especial sobre la implantación de las macrogranjas, es una oportunidad para establecer modelos alternativos. Por nuestra parte, seguiremos apostando por explotaciones sostenibles de ganadería extensiva, las grandes perjudicadas con la implantación de modelos intensivos y que sólo buscan una alta rentabilidad.

El estallido social producido en torno a la negociación del convenio de las empresas del metal gaditanas va mucho más allá de una simple negociación sindical en la medida que escenifica una situación que lleva demasiado tiempo siendo límite.

El deterioro de la atención primaria que ya ocurría años antes de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 por los recortes y privatizaciones impuestos para responder a la crisis económica de 2008, se ha agravado ahora por la desidia de los gobiernos autonómicos de la derecha y sus planes para favorecer a las grandes compañías que gestionan los seguros médicos privados. La saturación de los centros de salud por el exceso de actividad y las medidas de protección contra la pandemia son, al tiempo, efecto y causa de los planes premeditados que buscan imponernos.