Cuando el Gobierno español está distribuyendo los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia con criterios generalmente aceptados por las Comunidades Autónomas en numerosas Conferencias Sectoriales, donde han participado todos los Ministerios junto a sus respectivos Consejeros, el Partido Popular, en su no disimulada guerra a muerte contra el Gobierno del Presidente Sánchez, ha dado nuevos pasos destinados a deslegitimar todo el complejo plan de distribución de estos fondos.

La calidad de la democracia se mide, entre otros parámetros, por la solidez y la responsabilidad de la oposición. Hace muchos años un constitucionalista francés, Jacques Gicquel, decía que Gobierno y oposición son socios comprensivos, a la manera de una pareja, y su código de conducta es: 1) concurrencia para la conquista del poder; 2) tolerancia en el ejercicio de éste; y 3) alternancia o cambio de la mayoría política (Droit constitutionnel et institutions politiques, París, 1993, pág. 196). Viene a cuento esta idea del catedrático de la Sorbona cuando observamos el comportamiento opositor del Partido Popular y de su Presidente, Pablo Casado, un comportamiento en parte errático y en parte destructivo y cuando decimos destructivo no es destructivo del Gobierno o de los partidos que lo forman, sino destructivo del sistema democrático.

Se acaba de publicar la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 1471/2021, de 14 de diciembre de 2021) que ha resuelto el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) contra todos los Decretos del Consejo de Ministros de los Gobiernos del Presidente Sánchez que exceptuaban desde 2018 de la condición de funcionarios a treinta y cinco Directores Generales de diversos Ministerios, así como contra los Decretos singulares de nombramiento de esos mismos Directores Generales. Es una Sentencia muy bien estructurada que permite la fácil lectura de sus 188 folios y que supone una desautorización casi completa de los recurrentes pues de treinta y cinco nombramientos que se impugnaban, el Tribunal Supremo sólo da la razón a los recurrentes en dos casos. El tema es de gran relevancia y merece examinarse con detenimiento para lo cual vamos a ver a continuación: a) el significado del recurso: b) la repercusión en los medios de comunicación; c) el grave problema político de fondo que se arrastra desde 1997; y d) las repercusiones de este problema sobre la estructura del Estado democrático.

Toda organización social puede introducirse en una dinámica negativa para sus intereses que acabe debilitándola e incluso destruyéndola. La dinámica que Pablo Casado está llevando al Partido Popular puede provocar, a largo plazo, un debilitamiento del partido y, con ello, un paralelo debilitamiento de la democracia. Las vías tácticas que Casado ha adoptado y algunas decisiones estratégicas que está tomando actualmente pueden acabar despeñando a este partido en beneficio, naturalmente, de Vox.

En La Vanguardia del 13 de diciembre se ha publicado un artículo de Iván Redondo titulado “Díaz podría ganar al PSOE con 78 escaños”. En este texto, el antiguo Director del Gabinete del Presidente Sánchez presenta un sondeo que otorga al Partido Popular 106 escaños, a la supuesta candidatura de Yolanda Díaz 78 escaños, al PSOE 67 escaños y a Vox 46 escaños. Al lado de los datos de esta encuesta, el autor dedica el artículo a destacar los méritos personales de la actual Vicepresidenta Segunda del Gobierno, amén de apostar sutilmente por un movimiento amplio que incluya a Podemos. Varias reflexiones merecen este artículo.

Si los partidos políticos nacieron en el Reino Unido en el siglo XVIII no fue una casualidad ni un designio de la providencia. Aunque se dice usualmente que los partidos ingleses (tories y whigs) nacieron en el siglo XVII tras la revolución de 1648, lo cierto es que éstos sólo eran grupos político-ideológicos que defendían, respectivamente, la preeminencia del Rey y del Parlamento, sin intentar encuadrar a los ciudadanos ni, menos aún, participar de forma permanente en las elecciones. Sólo cuando en el siglo XVIII el Parlamento británico se consolidó como órgano de dirección política frente a los Monarcas y, con ello, se convirtió en un órgano representativo que se formaba a través de elecciones directas (aunque todavía con sufragio censitario y muy minoritario), los partidos políticos aparecieron con el carácter que todavía hoy poseen. Desde entonces, la democracia representativa necesita a los partidos que expresan el pluralismo de la sociedad hasta el extremo de que incluso en dictaduras que no permiten la existencia de partidos, éstos existen en la clandestinidad y tratan de organizar a los opositores, como ocurrió en España y en Portugal en las dictaduras franquista y salazarista. Como explicó un constitucionalista francés, la existencia de partidos políticos diferentes significa que la competición ante los electores no es momentánea e improvisada sino que es duradera e institucional (André Hauriou: Derecho constitucional instituciones políticas, Barcelona, 1971, pág. 273). Pero los partidos no se limitan a concurrir a las diversas elecciones para obtener el triunfo de sus candidatos pues, como ha señalado el politólogo Josep Maria Vallès, los partidos, dotados de una organización estable, acaparan las posibilidades de conectar a los individuos y a los grupos con las instituciones políticas (Ciencia política. Una introducción, Barcelona, 2010, pág. 363).

La manifestación celebrada en Madrid el 27 de noviembre para protestar contra la reforma de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (denominada en su tiempo “Ley mordaza”), que el Gobierno está preparando, ofrece elementos que deben preocuparnos sobre la vulnerabilidad del Estado democrático y sobre las maniobras que pretenden dificultar la capacidad que tiene éste para ordenar políticamente la sociedad. Vamos a examinar este tema desde tres perspectivas que son: a) el alineamiento de las derechas con una Ley represora; b) el intento de unos sindicatos policiales de presionar al Gobierno y al Parlamento en base, además, a un conjunto extenso de interpretaciones inexactas; y c) la responsabilidad moral de los partidos de derecha y de los sindicatos policiales por lanzar contra el Gobierno a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La crisis interna del Partido Popular no remite sino que sigue creciendo. A lo largo de los últimos días hemos visto el trato diferente que la dirección de Casado otorga al partido en Andalucía y en Madrid. También hemos visto la protesta no disimulada de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ante la imposibilidad de convocar un congreso que le daría todo el poder regional. Para embrollar la situación la Diputada disidente Cayetana Álvarez de Toledo acaba de publicar Políticamente indeseable (Barcelona, 2021) donde la imagen de Pablo Casado no sale favorecida. Y para cerrar la situación crítica el Presidente del Partido Popular se mete (¿por despiste?) en una misa dedicada al recuerdo del dictador Franco… y no fue capaz de salirse ni de explicar su error.

En una reciente entrevista, el historiador germano-británico Orlando Figes hablaba de la campaña de los medios británicos para convencer a la opinión pública sobre las ventajas del Brexit y de cómo la facción conservadora más radical ha estado treinta años alimentándola para acabar con esta reflexión: “No puedes repetir machaconamente según qué mensajes y que no tengan efecto” (El País Semanal, 14 de noviembre de 2021). Lo mismo podemos decir de la campaña de algunos diarios (ABC, El Mundo, La Razón, La Vanguardia) a propósito de la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Vista desde España, la disolución de la Asamblea de la República portuguesa por causa del rechazo parlamentario del proyecto de Presupuesto provoca alguna perplejidad y suscita alguna reflexión constitucional. No voy a entrar en el trasfondo político de la situación y tampoco sabemos si el Primer Ministro Costa hubiera preferido las elecciones anticipadas a gobernar sin Presupuesto (en España, el Presidente Sánchez prefirió disolver cuando Esquerra Republicana de Catalunya provocó la aprobación de una enmienda de totalidad en 2019). Sobre lo que quiero reflexionar es sobre el modelo constitucional que en algunos países europeos otorga al Presidente de la República (nunca al Rey en las Monarquías parlamentarias) la facultad de disolver a su voluntad el Parlamento y, con ello, de cesar al Gobierno.

La nueva sentencia de la Audiencia Nacional, que condena al Partido Popular por la reforma de la sede nacional del partido a través de dinero “negro” obtenido de sobornos de empresarios que participaban en concursos de obras públicas, constituye un hecho muy preocupante dentro de la dinámica política actual. Y no ha acabado de conocerse la sentencia cuando se filtran más declaraciones en el siguiente sumario que afecta al Partido Popular. Ahora es el antiguo Alcalde de Boadilla del Monte, que ha preferido confesar lo que hacía y la complicidad de personajes relevantes en el partido, como el ya condenado Correa.

El Gobierno en las democracias parlamentarias es un órgano constitucional complejo que está formado por varios órganos, actúa bajo formas colegiales y unipersonales y se rige por la combinación de varios principios organizativos. Desde los primeros Gobiernos de las Monarquías constitucionales del siglo XIX, dirigidos por el Monarca, hasta los actuales Gobiernos de las democracias parlamentarias (Monarquías y Repúblicas), que dirigen los Presidentes del Gobierno, la organización y el funcionamiento gubernamentales han cambiado mucho. Lo determinante en la actualidad es cómo se combinan tres principios organizativos, a saber, de dirección presidencial o de canciller (para asegurar que el Presidente del Gobierno dirija efectivamente todo el complejo gubernamental), colegial (para asegurar una participación de todos los Ministros y de todos los Ministerios en la preparación y ejecución de las políticas públicas del Gobierno) y departamental (con el objetivo de que cada Departamento ministerial disponga de un ámbito propio de acción política y administrativa). La conjunción de los tres principios exige aplicar técnicas jurídicas de coordinación del trabajo gubernamental.

La celebración del 40º Congreso Federal del PSOE ha venido a confirmar las impresiones que se tenían las semanas anteriores (véase Javier García Fernández: “Un congreso para afianzar la acción del Gobierno” Sistema Digital, 30 de septiembre de 2021) acerca de los efectos políticos que tendrá el nuevo programa y la nueva articulación del partido con el Gobierno. Los efectos que deben comentarse son la nueva línea política que se desprende de las resoluciones aprobadas, los cambios en la Comisión Ejecutiva Federal, el espíritu de convergencia de diversas sensibilidades y experiencias de la militancia y de los cuadros, la citada articulación del partido con el Gobierno (además, de coalición) y hasta la preparación de nuevos cuadros para gobernar en el futuro. Veamos estos puntos.

Para oponerse al actual procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial, las tres derechas en presencia (política, judicial y mediática) invocan una supuesta politización de la Justicia como si una elección de los Vocales judiciales, atribuida sólo al propio personal judicial, viniera a despolitizar la propia elección. Si se habla de asociaciones conservadoras y progresistas, ¿cómo va a ser la elección sino totalmente politizada? Pero, en realidad, en los últimos años, coincidiendo con los Gobiernos del Presidente Sánchez, estamos asistiendo al fenómeno contrario: no hay politización de la Justicia, sino judicialización de la política.

La sucesión de actos de la itinerante convención del Partido Popular, que han concluido con un mitin en la plaza de toros de Valencia, supone para algunos la confirmación de un giro político de gran trascendencia. ¿Por qué Casado ha impulsado esta especie de “semana fantástica” donde, como unos conocidos grandes almacenes, se ha lanzado a vender mercancías a precios rebajados?