Despedimos este año terrible con la certeza de afrontar 2021 con una hoja de ruta clara y ampliamente compartida. En apenas tres días comienza la campaña de vacunación contra el Covid-19, a finales de primavera un setenta por ciento de la población estará inmunizada y recuperaremos la normalidad tras meses fatídicos por la pérdida de demasiadas vidas humanas en España… y en todo el mundo. Este horizonte de relativo optimismo por estar cada vez más próxima la posibilidad de doblegar al virus no nos debe hacer bajar la guardia en esta recta final sino mantener la responsabilidad individual y colectiva, el civismo y el respeto a las restricciones sanitarias. Queda el último esfuerzo para conseguir este objetivo común.

Casualmente, o tal vez no, la derecha extrema (PP) y la extrema derecha (Vox) han empleado la misma calificación para valorar dos cuestiones de actualidad dentro de nuestro espacio público nacional: “Son asuntos privados”. El búnker conservador, tan dado a zaherir, anatematizar y condenar a priori a cualquier adversario político progresista o nacionalista con una mera información periodística, ha pasado de puntillas por estos acontecimientos a tenor de sus protagonistas. Ya estamos más que habituados a que las derechas tengan un baremo ético y de exigencia de responsabilidades según quién, un doble rasero que aplican de forma selectiva y caprichosa con el más absoluto impudor.

El Gobierno de España ha conseguido sumar esta semana los apoyos suficientes para garantizar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, unas cuentas expansivas, con la mayor inversión social de nuestra historia, que están pensadas no sólo para la reconstrucción para superar la crisis económica y social causada por el Covid-19, sino que sientan las bases para un nuevo modelo productivo que pivote en más y mejor educación y formación y en la apuesta decidida por la innovación y la ciencia, la economía digital y la transición ecológica.

“Sólo los estúpidos perseveran en el error”. Me viene al recuerdo esta sentencia de Cicerón ante la cadena de desaciertos (y mala fe) protagonizada por el Ayuntamiento de Madrid en contra de la memoria histórica en general y de la figura del socialista Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo y presidente del Consejo de Ministros durante la República, en particular. Si ya fue un yerro de bulto que Partido Popular y Ciudadanos, siguiendo el rebufo de Vox, aprobaran la eliminación del callejero y del espacio público de toda referencia a Largo e Indalecio Prieto, también varias veces ministro en ese periodo, mucho más lacerante ha resultado la tozudez en seguir tropezando en la misma piedra con una gestión plagada de irregularidades y medias verdades, que son las mayores de las mentiras.

Tomo prestado el título de este artículo a Iñaki Gabilondo, brillante definición de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados durante las últimas horas. La moción de censura de Vox no auguraba nada de interés para España y los españoles. Los peores pronósticos se han confirmado. Como nacía condenada al fracaso, lo único que ha hecho la extrema derecha es convertirla en un acto electoral para su mejor gloria, enfangar la vida pública, agitar las bajas pasiones y ahondar en su estrategia de odio, división y enfrentamiento. Un bochornoso espectáculo al modo Trump.

Hay decisiones políticas que sólo buscan la provocación y la revancha, que exclusivamente persiguen romper la convivencia, generar división y crispación y activar las bajas pasiones latentes en determinados sectores de la sociedad española. Dentro de este grupo de iniquidades se enmarca la iniciativa de la extrema derecha (Vox), apoyada por Partido Popular y Ciudadanos, para retirar las referencias en el espacio urbano de Madrid de dos personalidades democráticas de la República, los socialistas Francisco Largo Caballero, ministro y presidente del Consejo de Ministros, e Indalecio Prieto, quien dirigió varios ministerios en este periodo histórico.

El profesor Antonio Orihuela, autor de ‘Moguer 1936’, libro que narra la Guerra Civil y la cruenta represión franquista en este municipio de Huelva, entiende “la memoria de las víctimas como la afirmación de una injusticia cometida sobre cuyo olvido se ha construido nuestro presente”. Muchas familias perdieron a sus seres queridos y fueron obligadas a sepultar sus recuerdos. Ése fue el doble castigo infligido a los derrotados, a los que el terror franquista humilló, impuso un silencio doloroso y maniató sus conciencias favoreciendo así la consolidación de la visión deformada y propagandística de los vencedores.

A la Junta de Andalucía no le salen las cuentas. Su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, dice que las arcas autonómicas están exhaustas. Todo dentro de una maniobra de plañidera para seguir forzando la confrontación con el Gobierno de España e intentar disimular su inacción y sus problemas en la gestión de la crisis del Covid-19. Lloriquea el presidente andaluz por la falta de recursos para hacer frente al curso escolar justo cuando acaba de recibir 384 de los 2.000 millones extraordinarios destinados por el Estado para educación. Tanto lamento suena a excusa para desviar la atención.