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De cada 100 € de combustible que echamos se quedan con 5 céntimos. Eso es el “capitalismo de amiguetes”


(Tiempo de lectura: 3 - 6 minutos)

El año pasado las 27 personas que forman parte del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Repsol recibieron en concepto de salario, retribución variable, aportaciones a planes de pensiones y primas de seguros un total de 23 millones €. Teniendo en cuenta que las ventas globales de la empresa fueron de 49.480 millones €, significa que se embolsaron casi cinco céntimos por cada 100 euros de gasolina, o diésel, que echamos al depósito.

En el primer semestre de 2022, desmintiendo las alarmistas declaraciones de los directivos de Repsol, esta empresa obtuvo 2.539 millones € de beneficios –después de pagar impuestos–, una cantidad que es superior a los beneficios que obtuvo en todo el año 2021, y que representa el 1% del beneficio total que obtienen todas las empresas españolas. Las previsiones para 2022 es que el beneficio EBITDA –antes de impuestos y sin ajustes contables– de Repsol será de más de 10.000 millones €.

Vistas las remuneraciones de los consejeros y directivos de Repsol, parece un chiste que su CEO, Josu Jon Imaz, considere que el impuesto que pretende gravar los beneficios extraordinarios de empresas energéticas y entidades financieras no afecta a los más ricos

A pesar de la contundencia de esas cifras, en un reciente artículo el consejero delegado de REPSOL, que anteriormente fue presidente del PNV, pone en cuestión que los beneficios extraordinarios que obtienen ciertas empresas en nuestro país sean debidos a las deficiencias competitivas que existen en los mercados que operan.

Por ello conviene buscar las razones por las cuales esta empresa, y otras similares que actúan en sectores regulados, tienen posiciones de privilegio en nuestro país, lo que les permite obtener rentas de oligopolio para los accionistas y elevados salarios para sus directivos.

Repsol es en la actualidad una empresa privada, pero no hay que olvidar que surgió en los años ochenta del proceso de privatización de las participaciones del Estado en Enpetrol, Eniepsa, Enagás, Petroliber, Hispanoil, Butano y Campsa, empresa que había sido el monopolio público de distribución de productos petrolíferos durante décadas. Cuando se privatiza una empresa pública con gran poder de mercado lo que lisa y llanamente se está haciendo es transferir rentas del sector público al sector privado.

Éste y otros procesos de privatización con privilegios están en el origen del llamado “capitalismo de amiguetes” (en términos más académicos capitalismo clientelista, ‘crony capitalism’, en inglés). Gran parte del trabajo corporativo de los altos directivos de estas empresas consiste en influir a favor de una legislación favorable para los intereses económicos de las compañías a las que representan, esto es, en que las regulaciones públicas que definen sus mercados oligopólicos (bancario, telecomunicaciones, energético, transporte aéreo) protejan sus empresas de la competencia y por tanto maximicen sus márgenes de beneficios. En palabras del inversor Warren Buffet, “(…) la clave es encontrar un negocio que esté rodeado por un gran foso que los competidores no puedan cruzar y conseguir que ese foso se haga mayor cada año. Porque una vez que cuentas con esa posición, tu fortaleza es tal que hasta el idiota de tu sobrino podría dirigir la empresa con éxito”.

No conviene olvidar que 17 empresas del Ibex-35 operan en sectores con enormes fosos, como son el bancario (Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, Santander, CaixaBank), el energético (Iberdrola, Enagás, Endesa, Red Eléctrica Corp, Naturgy, Repsol, Siemens Gamesa Renewable Energy, Solaria Energía y Medioambiente), telecomunicaciones (Cellnex Telecom, Telefónica), y transporte aéreo (AENA e IAG). Ni que otras cuatro empresas del Ibex-35 operan en sectores cuya facturación y rentabilidad depende de los contratos públicos a los que puedan acceder, ya que el Estado es en la mayoría de los casos su principal cliente, como sucede en defensa (Indra) y obras públicas (Acciona, Ferrovial y Grupo ACS).

Como resultado de ello los bancos desde 2013 han disfrutado en nuestro país de unos “superbeneficios” de 12.000 millones €, y las empresas eléctricas de más de 90.000 millones € en la última década.

Pero volviendo al caso específico de Repsol, hay que recordar que ya siendo empresa privada llegó a detentar durante muchos años cuotas de mercado superiores al 50% entre las operadoras al por mayor de productos petrolíferos. Hoy su cuota global está en torno al 30%, y junto con Cepsa y BP conforman un oligopolio que representa casi el 60% del mercado. Asimismo, Repsol tiene varias sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por supuestas prácticas contrarias a la competencia.

La fuerte posición de poder de mercado que en gran parte del territorio nacional sigue detentando hoy Repsol es de tal magnitud que tiene vetado su crecimiento en 32 provincias/islas, en las que su cuota de mercado es superior al 30%, según la Resolución 30/11/2021 de la DG de Política Energética y Minas. Dicha Resolución desarrolla lo estipulado en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/2015 de 21 de mayo: “Los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30 por ciento, no podrán incrementar el número de instalaciones en régimen de propiedad (…).”

Por tanto, parece evidente que es correcto considerar el dinero que han venido extrayendo los accionistas, y directivos, de Repsol desde hace décadas como beneficios extraordinarios, o “superbeneficios”, al provenir de su capacidad de imponer los precios en los productos derivados del petróleo a los ciudadanos y a otras empresas. Asimismo, vistas las remuneraciones de los consejeros y directivos de Repsol, extrapolables a muchas de las otras de las empresas mencionadas, parece un chiste que el CEO de Repsol considere que el impuesto que pretende gravar los beneficios extraordinarios de empresas energéticas y entidades financieras no afecta a los más ricos.

Por tanto, en un momento de grave incertidumbre sobre el futuro de la economía española, que indudablemente va a requerir un importante incremento de los recursos públicos para afrontar el necesario aumento del gasto social, resulta plenamente coherente impulsar tanto un impuesto sobre las grandes fortunas como sobre los “superbeneficios” de las empresas del sector bancario y energético. Sobre todo después de que el propio Banco de España haya reconocido que la inflación no está mermando los beneficios empresariales, pero sí reduciendo gravemente los salarios reales. Igual todo esto tiene ver con la lucha de clases.

Economista. Adjunto a la Secretaria General de CCOO.

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