Integridad pública, con Dolores Carrión

Como es sabido, Dolores Carrión ha sido y es una las personas que más saben de la Administración General del Estado en el seno del socialismo español. Es Administradora civil del Estado, y, en la actualidad, es vocal asesora de Gobierno Abierto de la Dirección General de Gobernanza Pública.

Dolores Carrión quiso abrir su ponencia a través del arte, una manera sugestiva de plantear un tema fundamental, pero que, podría parecer árido. Así pues, acudió a la Alegoría del Buen y del Mal Gobierno de los hermanos Lorenzetti, Pietro y Ambrogio, realizada en el siglo XIV, en vísperas del Renacimiento, y que se encuentra, como pintura mural, en el Palacio Público de Siena. Acudir al simbolismo medieval de la doble cara del gobierno y de sus efectos en la vida de las personas podría parecer un ejercicio diletante, pero, como bien nos explicó quien ha dedicado gran parte de su vida al servicio público en puestos de responsabilidad, seguía siendo vigente en nuestro siglo XXI.

La integridad pública, según planteaba la OCDE, es un asunto primordial porque pone el énfasis en priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público, siendo, por lo tanto, un enfoque más integral que el tradicional que hemos venido empleando de ética pública.

El sistema de integridad pública se basaría en aspectos normativos, es decir, en la formulación de deberes, pero también tendría un carácter reactivo, dando lugar a sanciones, sin olvidar que es heterogéneo, complejo, y como nota, digamos, negativa, no ha desarrollado aspectos preventivos, algo sobre lo que llamó la atención a los asistentes. Se plantearon las acciones y conductas que atentaban contra la integridad pública, y que conocemos todos bajo el paraguas genérico de corrupción, pero que conviene conocer de forma pormenorizada porque son distintas entre sí.

Carrión ofreció un repaso sobre la evolución en los últimos tiempos en relación con el puesto que España ocupa en la escala de integridad pública en Europa, constatando que se habría mejorado mucho, aunque seguía habiendo un claro margen para seguir avanzando.

En lo que sí llamó la atención fue en que se nos echaba en cara que los planes de integridad de las distintas ramas de la Administración General del Estado, siendo, en general, muy valorados, no se coordinaban entre sí. De esa manera, debía ser un objetivo prioritario la formulación de un plan integral, es decir, común. Así pues, concluiríamos, nosotros, debemos seguir avanzando, no solo en lo normativo y en lo reactivo sino, especialmente, en la pedagogía de la cultura relativa a la integridad pública.