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El Partido Populista contra el Estado social


(Tiempo de lectura: 3 - 6 minutos)
Ilustración de Fito Vázquez Ilustración de Fito Vázquez

Ha tenido que ser el nuevo gobierno del PP en Andalucía, recientemente elegido en mayoría absoluta y con imagen de moderado, el que ha encabezado la rebelión fiscal con la supresión del impuesto de patrimonio, aderezado con otras rebajas fiscales como la deflactación de la tarifa que también beneficia más a las rentas más altas.

Un pistoletazo de salida en clave interna, pero sobre todo en clave electoral, que luego han seguido en cadena otros gobiernos autonómicos conservadores, enmarcado en una estrategia de oposicion que ha pasado de considerar que es mejor que el dinero permanezca en el bolsillo de los ciudadanos a afirmar que los impuestos son un robo en manos de la izquierda. La respuesta crítica consiguiente del gobierno central ha tenido como réplica la reivindicación hipócrita de la autonomía financiera por parte de estos mismos gobiernos conservadores, cuando lo que hacen en realidad es todo lo contrario, ya que no hay verdadera autonomía sin responsabilidad fiscal, es decir sin impuestos propios o cedidos que regular y sin lealtad con el resto de las CCAA y con el Estado.

Todo ello en el contexto de una estrategia de oposición populista compartida con la ultraderecha contra el gobierno de la izquierda que nos ha acompañado desde el inicio de la legislatura, primero de desestabilización del gobierno de coalición, luego obstaculizando la gestión de la pandemia y ahora con el cuestionamiento de la legitimidad del incremento de la recaudación de los impuestos en el contexto de la escalada de precios, criticando al mismo tiempo el volumen actual del gasto público e ignorando el enorme coste de las medidas de protección a los sectores afectados y a los colectivos más vulnerables.

En este caso, el objetivo sería la seducción a los más ricos para que mantengan o establezcan su residencia y con ello paguen el resto de sus impuestos en Andalucía. Se hace además en relación a la ineludible competencia con respecto a la supresión por parte del gobierno del mismo signo de Díaz Ayuso, como si el impuesto al patrimonio fuese la única causa del cambio de residencia de los más ricos. Lo que por contra sí confirma está dinámica son las críticas a la competencia desleal y el dumping fiscal que hasta ahora venía recibiendo las rebajas fiscales unilaterales de la Comunidad de Madrid por parte de fuerzas políticas y organismos diversos, a la vez que muestra la urgencia para el desarrollo de las medidas contenidas en el libro blanco de la reforma fiscal, y entre ellas la necesaria armonización de la capacidad normativa de impuestos como el de sucesiones o del patrimonio en concreto.

Como siempre, la excusa sobre los efectos presupuestarios de la supresión del impuesto es el manido cuento de la lechera de rebajar ingresos ahora para luego aumentar la recaudación en un futuro que nunca llega. En lenguaje castizo algo parecido a la expresión conocida de 'el que venga detrás que arree'.

Mutatis mutandi, sería algo similar a las rebajas impositivas y la amnistía fiscal aplicadas en su momento por el ministro Montoro dentro del gobierno de Mariano Rajoy, que por el contrario tuvieron como consecuencia un fuerte descenso de la recaudación, que fue objeto de reproche por las instituciones europeas y el mayor deterioro de la responsabilidad fiscal, así como de la imagen de la Hacienda española desde su orígen.

Muchos dirán que no es nada nuevo y que las rebajas fiscales, en especial a los más ricos, forma parte del ADN de los gobiernos de la derecha en las CCAA, que ya en los últimos años habían venido realizando rebajas impositivas, aunque centradas básicamente en los impuestos de sucesiones y donaciones. Una pérdida de ingresos que por otra parte no habían tenido inconveniente en acompañar con la más firme protesta contra la insuficiencia del modelo de financiación y la exigencia de un mayor volumen de trasferencias para hacer frente a la financiación de los servicios públicos, propios del Estado de bienestar. Pero para lo que sí ha funcionado dicha rebaja es para el recorte de los servicios públicos y su progresivo deterioro, y finalmente como justificación de su posterior privatización. El ejemplo de Madrid como laboratorio neoliberal y ahora populista es palmario. Un nuevo nicho de mercado y a veces de corrupción.

Además, con ello se agrava una estructura impositiva como la actual profundamente injusta como la actual, muy lejos de la media europea, que no solo no reduce una desigualdad cada día más rampante, sino que además no garantiza la financiación de los servicios públicos, precisamente como consecuencia del fraude fiscal y de todo tipo de exenciones y bonificaciones, algo que con esta loca carrera de desfiscalizaciones se pretende agravar. Precisamente cuando las últimas recomendaciones de la OCDE, el FMI y el libro blanco de la reforma fiscal van en el sentido opuesto, con el mantenimiento de los impuestos, la mejora de su progresividad y la lucha contra el fraude fiscal.

Sin embargo, aparte de todo esto, lo más importante de esta estrategia preelectoral de saldos de impuestos a los mayores patrimonios la que asistimos por parte de los gobiernos de la derecha en las CCAA es sin embargo el contexto económico y político en que ésta se desarrolla: al final de una pandemia que ha tensado al límite las costuras de la sanidad, pero también de los servicios sociales, la educación pública, y en general de nuestro aún débil estado social, y en medio de los efectos inflacionarios de la guerra de Ucrania en las fronteras de la Unión Europea, así como ante el impacto ambiental y social de de las recientes olas de calor y fenómenos extremos de la emergencia climática. Una encadenamiento de catástrofes con graves consecuencias para la recuperación económica la cohesión social y sobre la credibilidad y la estabilidad de las democracias, que hacen más necesario que nunca el diálogo y el acuerdo en la política para poder abordar la gestión y la prevención de tales emergencias. En este marco no es casual tampoco la deriva trumpista de las derechas en el bloqueo a la renovación de los organismos constitucionales y la judicialización de la política, instrumentalizandos como arietes para un ejercicio espurio de la oposición al gobierno, también desde otro de los pilares básicos del Estado social y democrático de derecho. 

Todo ello como caldo de cultivo para el nacional populismo y el neofascismo, que avanzan en Europa agitando la amenaza de la inmigración y también ahora en España con el ataque de la derecha, de la mano con la ultraderecha contra la legitimidad de los impuestos, a sabiendas de su carácter de columna vertebral de la democracia, del estado social y por extensión del propio estado autonómico.

Una estrategia populista y muy poco moderada a la que se ha sumado con entusiasmo la vieja y la nueva dirección del partido popular.

'No anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro' De el cuento de la lechera.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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