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La inflación y el poder adquisitivo de los pensionistas


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

Mientras la economía mundial se recuperaba de la crisis causada por la pandemia del coronavirus, el Fondo Monetario Internacional arrojó otro jarro de agua fría sobre las perspectivas financieras globales indicando que la guerra en Ucrania desacelerará el crecimiento económico y avivará la inflación.

La reducción del suministro de productos básicos provenientes de Rusia como el petróleo, el gas, los metales, el trigo y el maíz -estos dos últimos también provenientes de Ucrania- han disparado sus precios.Una situación que ha afectado a los importadores de materias primas de todo el mundo, elevando la inflación.

A pesar de ello y gracias al despliegue del escudo social del gobierno progresista y de las medidas impulsadas como la reforma laboral, se están obteniendo unos magníficos e históricos datos de empleo, alcanzando en la actualidad los 20’4 millones de afiliados a la seguridad social y una tasa de desempleo del 12’48%.

Paralelamente con la intención de rebajar la factura en el precio de la luz, el gobierno de Pedro Sánchez acordó con la Comisión Europea la excepción ibérica para limitar el precio del gas en la península y ha anunciado dos nuevas figuras impositivas temporales sobre los beneficios de las entidades bancarias y de las empresas energéticas, para financiar parte de las ayudas anti-inflación.

Aún así, el IPC en España del mes de julio ha sido del 10’8%, el más elevado desde septiembre de 1984 y según las estimaciones de algunos analistas la inflación media para 2022 podría situarse por encima del 8%.

¿Y cómo afectaría esta incertidumbre inflacionistas a los cerca de 9 millones de pensionistas españoles?

Con la Ley 23/2013 reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones, el Partido Popular desvinculó la actualización de las pensiones en función del IPC, aplicando una nueva fórmula que provocó que las pensiones tuvieran una pírrica subida del 0’25% y los pensionistas perdieran poder adquisitivo.

La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno supuso un cambio radical, una de las primeras medidas que adoptó fue garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, aprobando la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, una ley que establece la revalorización de las pensiones en función del IPC y que el Partido Popular votó en contra.

Pero es que para colmo, hace apenas unos meses, el actual líder popular Alberto Núñez Feijóo seguía considerando “inviable mantener la subida de la paga de los pensionistas vinculada al IPC. Es una barbaridad”. Es decir, para la derecha las pensiones deberían seguir subir el 0’25%. Sin embargo, tanto el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez como el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá mantienen que “ los pensionistas deben estar tranquilos. La revalorización de las pensiones no es cuestión de voluntad política, sino de está escrito en la ley”

Si consideramos que la inflación media en España al cierre de 2022 fuese de un 8%, eso significaría que con el método Feijóo a un pensionista de 1000 euros al mes, le subirían sólo 2,5 euros al mes, mientras que con el método Sánchez, a ese mismo pensionista le subirá 80 euros al mes. Una diferencia de 1.085 euros sólo este año.

Con el incremento de los ingresos del sistema procedentes del aumento de las cotizaciones sociales, el reforzamiento del fondo de reserva y la garantía del poder adquisitivo, el gobierno de Pedro Sánchez pretende dar viabilidad económica al sistema y transmitir certidumbre entre los trabajadores y los pensionistas, todo lo contrario que el PP, que impuso el copago farmacéutico, vació la hucha de las pensiones e intentó poner en marcha el factor de sostenibilidad que reducía el importe de las pensiones.

Senador por Córdoba. Portavoz Socialista de Inclusión y Seguridad Social en el Senado.

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