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El mito de la politización de la justicia, una pantalla que oculta el control conservador de algunos órganos constitucionales


(Tiempo de lectura: 9 - 18 minutos)

Antes de que el Grupo Parlamentario Socialista presentara en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que el ya caducado Consejo General del Poder Judicial pudiera elegir Magistrados del Tribunal Constitucional, el Partido Popular, de boca del propio Núñez Feijóo, adelantó que en el mes de julio negociaría con el Gobierno y con el PSOE la renovación de ese Consejo General y que al mismo tiempo presentaría una propuesta para despolitizar el Poder Judicial. El Partido Popular no ha mantenido el ofrecimiento sino que, en una reunión entre el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el eurodiputado Esteban González Pons, que es el interlocutor del Partido Popular con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se vio que el principal partido de la oposición no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional con el pretexto de la reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial para que el Consejo General pueda proponer Magistrados del Tribunal Constitucional.

El tema es, a mi juicio, de una gravedad extraordinaria, tanto por lo que supone incumplir la Constitución para mantener en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional mayorías que no responden al momento político actual, como por la ideología subyacente que hay bajo la postura del Partido Popular (la “despolitización de la Justicia”), ideología que, como veremos más abajo, impregna de manera intensa todos los medios de comunicación, sea cual sea su color político.

SOBRE LA “POLITIZACIÓN” DE LA JUSTICIA

Empecemos por la ideología subyacente que están generando el Partido Popular y la derecha judicial representada por varias asociaciones judiciales. Cuando el Partido Popular y la derecha judicial hablan de despolitizar el Poder Judicial se refieren exclusivamente a la elección parlamentaria de todos los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, elección establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, pues hasta entonces (desde la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980) las Cortes sólo elegían los ocho Vocales de origen no judicial, ya que los doce restantes eran elegidos directamente por los Magistrados y Jueces. Hay que recordar la valentía del Ministro de Justicia que se atrevió a cambiar el modo de elección, Fernando Ledesma, y tanto más debe recordarse en cuanto que él mismo pertenecía a la carrera judicial. Ledesma, con el eficaz apoyo del entonces Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 la elección parlamentaria de todo el Consejo General del Poder Judicial y con ello transformó éste en un verdadero órgano constitucional del Estado, abandonando la Cámara sindical y corporativa en que se había convertido desde su primera regulación en 1980.

Por eso, cuando la derecha política y judicial habla de despolitizar el Poder Judicial quiere decir que en su Consejo General vuelva a haber una mayoría de Vocales no elegidos por el Parlamento, sino sólo por los miembros de la carrera judicial como si se tratara de un comité de empresa de los Jueces y Magistrados.

Aclarado lo que entienden las derechas por despolitizar el Poder Judicial hay que señalar, en primer lugar, que se utiliza el término “despolitizar” con resabios franquistas, cuando la política (salvo la que hacía el dictador y su régimen) era algo nefando. Luego, se entienda lo que se entienda por despolitizar, no se debe incurrir en la tendencia autoritaria que rechaza la política como algo negativo, cuando la política, como recordó en su momento Maurice Duverger siguiendo el Diccionario de la Academia Francesa, es el arte de gobernar un Estado (Sociología política, Barcelona, 1970, 2ª ed., pág. 22). La política es una actividad noble que permite que los seres humanos convivan en sociedad de manera pacífica. Por ende, ¿por qué es negativo que el Poder Judicial esté politizado? Si se dijera que es negativo que el Poder Judicial decida en sus resoluciones con criterios políticos o de oportunidad, y no con criterios jurídicos, de legalidad, todos estaríamos de acuerdo en rechazar esa politización. Pero la derecha política y judicial solo imputa la judicialización del Poder Judicial a la elección parlamentaria de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial cuando hay manifestaciones mucho más preocupantes de politización de la Justicia, como veremos a continuación.

Es curioso que las derechas consideren que la Justicia se politiza porque el órgano de gobierno del Poder Judicial, su Consejo General, es elegido por las Cortes Generales, que representan al pueblo español (artículo 66.1 de la Constitución) y no adviertan esa politización en la participación en la selección de los candidatos al Consejo General por parte de las asociaciones judiciales, cuya función y posición es tan política que todas son calificadas de acuerdo con su orientación política (conservadora, progresista, centrista). El papel político y sindical de las asociaciones judiciales no se considera político, pero sí la intervención de las Cámaras del Parlamento que representan a todos los ciudadanos. A fortiori cuando el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional del Estado en cuya composición debe participar de manera muy intensa el Parlamento. El Consejo General del Poder Judicial no es, como hemos apuntado más arriba, un órgano sindical o corporativo que representa los intereses profesionales de los Jueces y Magistrados, sino el órgano de gobierno de todo el Poder Judicial y por eso el Tribunal Constitucional se preocupó de señalar que el Consejo no forma parte del Poder Judicial, es un órgano externo encargado de gobernarlo.

Aclarado este punto y reiterando que tan politizado está el Consejo General del Poder Judicial si lo eligen las Cortes, como si las asociaciones judiciales sirven de cauce en su elección, ha llegado el momento de examinar si se pueden paliar o reducir algunas manifestaciones de politización del Poder Judicial que no están provocadas por el modo de elección de su Consejo General, sino por otras causas. En primer lugar, el Poder Judicial se politiza cuando los partidos políticos utilizan la acción popular para denunciar a los gobernantes. Los partidos de la derecha, Vox y también el Partido Popular, practican hace tiempo una peculiar forma de oposición política, que es la oposición penal. Cuando a estas derechas les faltan argumentos políticos ante la opinión pública acuden a la denuncia penal contra determinadas autoridades. Para ello se valen de dos circunstancias.

En primer lugar, la acción popular que, prevista en el artículo 125 de la Constitución, se puede ejercitar conforme a los artículos 101, 270 y 761 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero como las querellas suelen estar poco fundadas (no suele haber delito, sino deseos de encausar a una autoridad) estos partidos necesitan una circunstancia especial (y esa es la segunda circunstancia), a saber, que esté de Juez de Guardia algún Magistrado de confianza que, como toro a la salida del toril, se va a lanzar sobre la autoridad denunciada a ver si la cornea. Es cierto que esas denuncias tienen poco recorrido porque por encima del Juez hay Tribunales colegiados que desestiman las denuncias por infundadas, pero mientras tanto lo han difundido en la prensa y tienen a la autoridad en manos de un Juez que se mueve más por móviles políticos que judiciales. Por eso tenía razón Elisa de la Nuez al señalar recientemente que cuando un Juez decide sobre la denuncia formulada por un partido, ese Juez participa también en la judicialización de la vida política (“Oltra o la bancarrota moral de la política”, El Mundo, 23 de junio de 2022) ¿Estará de acuerdo el Partido Popular en regular la acción popular de modo que no sea un instrumento torticero de oposición? ¿Estará de acuerdo el Partido Popular en que por Ley se prohíba a los partidos políticos denunciar mediante la acción popular a los gobernantes? ¿Estará de acuerdo este partido en que la acción popular se ejercite no ante los Juzgados sino ante el Ministerio Fiscal para que este decida conforme a Derecho?

En segundo lugar, en una variante del fenómeno de politización de la Justicia que acabamos de ver se produce cuando, también mediante el ejercicio de la acción popular, algunos Jueces abren diligencias por delitos sin víctimas aparentes. Hemos visto dos casos recientes como el intento de imputación de la anterior Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de su Director de Gabinete, imputación a cargo de un Juez de Zaragoza por autorizar la entrada en España del Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, para tratarse de una grave enfermedad. El Magistrado iba más lejos, pues, como informó El Mundo el 15 de marzo pasado, en un Auto acusó de toda la operación al Presidente del Gobierno. Está pasando lo mismo con el préstamo participativo para rescatar la compañía aérea Plus Ultra, asunto enredado a partir de una denuncia de Vox y con un Juez sustituto. ¿Estará dispuesto el Partido Popular a repudiar estas actuaciones que son ejemplo de politización de la Justicia? ¿Reconocerá que ambos casos, sobre todo el de Ghali, han servido para una dura campaña de cierta prensa contra el Gobierno? ¿Está de acuerdo Núñez Feijóo con el editorial de ABC de 17 de septiembre de 2021 que se titulaba “El caso Gali complica el futuro penal al Gobierno”? ¿Está de acuerdo el Partido Popular con el siguiente titular de ABC de 29 de julio de 2021 “Un juez acorrala al Gobierno para aclarar la llegada del líder del Frente Polisario”? ¿Son ejemplos de politización de la Justicia?

Hay más casos de politización de la Justicia que podemos recordar y que citaremos rápidamente para no alargarnos: el archivo por parte de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de la capital de la denuncia contra los carteles de Vox que denigraban a los menores inmigrantes (ABC y El Mundo, 6 de julio de 2021), el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que permitió retirar los nombres de las calles dedicadas a Indalecio Prieto y a Francisco Larga Caballero que había acordado el Ayuntamiento de Madrid (ABC, 24 de septiembre de 2021), la reposición del nombre de calles madrileñas dedicadas a golpistas de 1936 y al Ejército rebelde (ABC, 18 de enero de 2022; y El Periódico de España, 20 de enero de 2002), la larga batalla de un Juez de El Escorial para impedir exhumaciones en el Valle de los Caídos, etc. Y por citar otro caso de politización de la Justicia, la admisión a trámite en el Tribunal Supremo, tras una inicial denegación, de los recursos de varias asociaciones de extrema derecha contra los indultos a los impulsores de la rebelión catalana de 2017. ¿Reconocerá el Partido Popular que estamos ante casos de politización de la Justicia que enturbian la vida democrática y hacen entrar al Poder Judicial en la batalla política? ¿Qué propondrá Núñez Feijóo al respecto?

Si tantos Jueces y Magistrados entran en una senda politizada, por propia iniciativa o a instancia de los partidos conservadores no es una casualidad. El Poder Judicial es mayoritariamente conservador y los sucesivos Gobiernos de izquierda no han logrado cambiar el modo de selección del personal judicial para asegurar una mayor pluralidad ideológica, la misma pluralidad que se da en la sociedad española. Con un sistema de oposición fundado en la memoria y sólo en la memoria, donde los opositores ni siquiera redactan un ejercicio, y con un modo de preparación privada que sólo se lo permiten las clases medias por los varios años de preparación y por el coste de los preparadores, la orientación mayoritaria de los miembros de la carrera judicial es conservadora y hay más posibilidades de que tiendan a mirar críticamente la política de los Gobiernos de la izquierda. ¿Qué prevé el Partido Popular para dotar de mayor pluralidad ideológica a los miembros del Poder Judicial para éste no se politice?

SOBRE LA VERDADERA CAUSA DE LA NO RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dejando el complejo tema de la politización de la Justicia (la real y la que se inventan la derecha política y la derecha judicial) conviene detenerse en el fin que pretenden ambas derechas impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y obstaculizando que tanto este órgano como el Gobierno propongan al Rey el nombramiento de cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional. Aunque imbricados, se trata de dos casos distintos que deben comentarse por separado.

El actual Consejo General del Poder Judicial se constituyó mediante dos Decretos de 29 de noviembre de 2013. Por ende, conforme al artículo 122.3 de la Constitución, debería haber cesado cinco años después, de modo que desde noviembre de 2018 está en situación de prorrogatio. Si no se ha renovado ha sido porque el Partido Popular y la derecha judicial han calculado que es mejor esperar a las próximas elecciones, por si las derechas tienen más suerte y disponen de una mayoría más amplia para elegir más Vocales conservadores. Ese es el motivo real de la no renovación y ni siquiera es motivo suficiente el cambio del modo de elegir los Vocales de origen judicial (por las Cortes o por los propios miembros de la carrera judicial) que, si bien está claro que interesa a las derechas judicial y política, se pudo llevar a la práctica en la legislatura 2011-2015, donde el Partido Popular disponía de mayoría absoluta para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello es débil argumento aducir, como hace el Partido Popular, que no negociaría la renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta que el Gobierno y el PSOE se comprometan a reformar el modo de elección del Consejo pues ese mismo Partido Popular pudo hacerlo cómodamente entre diciembre de 2011 y octubre de 2015 y no lo hizo.

Por eso se debe decir con rotundidad que el Partido Popular, aliado a las asociaciones conservadoras del Poder Judicial, está impidiendo que las Cortes Generales ejerciten sus facultades constitucionales por el único motivo de que esperan mejores mayorías parlamentarias a partir de las siguientes elecciones a Cortes. No es tema de la elección parlamentaria o judicial de los Vocales, aunque es evidente que es un tema que interesa mucho a las derechas para entregar el Poder Judicial a las asociaciones parasindicales de Jueces y Magistrados.

¿Puede hacer algo la mayoría parlamentaria para desatascar esta situación? En más de una ocasión hemos apuntado en esta sección una salida dura, muy dura, que provocaría una protesta generalizada de las derechas judiciales: derogar la prorrogatio del Consejo General, es decir, suprimir la prórroga del mandato de este órgano constitucional, de modo que, tras el transcurso de su periodo de vida de cinco años, cesen todos sus Vocales. ¿Sería asumible por parte de los Jueces y Magistrados que despareciera el órgano de gobierno del Poder Judicial? Sin duda que no y ya se encargaría la propia derecha judicial de presionar al Partido Popular para que se eligiera otro Consejo.

SOBRE LA ELECCIÓN DE UN TERCIO DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Hemos tenido ocasión de explicar en esta sección (Javier García Fernández: “¿Tiene límites la facultad del Gobierno de designar Magistrados del Tribunal Constitucional?”, Sistema Digital. 8 de junio de 2022) que el razonamiento, salido precisamente del Tribunal Constitucional, que sostiene que el Gobierno no puede proponer al Rey el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional si de forma simultánea no lo propone el Consejo General del Poder Judicial, es una falacia. En ninguna norma (la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Reglamento del Tribunal) se ha dicho que no se pueda y la propia naturaleza de ambos órganos constitucionales, dotados de autonomía, veda que la acción de uno condicione la acción del otro. Es más, ninguno de los numerosos comentaristas de la Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha afirmado que esa exista esa vinculación. De hecho, la práctica nos señala lo contrario pues en 1980, cuando se constituyó el Tribunal Constitucional, el Gobierno formuló sus dos propuestas sin esperar al Consejo General del Poder Judicial que aún no se había constituido. Y una Sentencia del propio Tribunal, la Sentencia 191/2016, de 15 de noviembre, después de reiterar que el Consejo General es un órgano autónomo y separado (ya lo había definido así la Sentencia 108/1986, de 29 de julio), estableció la constitucionalidad de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial destinada, respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a “impedir que la propuesta tardía de una de ellas [ambas Cámaras]… conlleve, hacia el futuro, la imposible renovación del órgano en su totalidad”. Es decir, el propio Tribunal Constitucional admitió que la renovación de órganos constitucionales, cuando deben realizarlo varios órganos y no uno solo, se puede realizar por cada órgano con independencia de otro.

Si es constitucionalmente posible que cada órgano formule sus propuestas con independencia del otro, ¿dónde está el problema de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que permite al Consejo general del Poder Judicial caducado formule su propuesta? ¿Cómo pueden protestar tanto la fracción conservadora del Consejo como el propio Partido Popular por levantar el óbice que pensaba sobre el propio Consejo para proponer el nombramiento de Magistrados constitucionales? Sencillamente, porque el Partido Popular, la derecha judicial y la derecha mediática quieren impedir como sea que el Gobierno nombre Magistrados como prevé la Constitución. Todas las derechas quieren impedirlo porque el Tribunal Constitucional dejaría de ser un órgano de oposición al Gobierno como es ahora y se ha visto durante la pandemia del CVovid-19. Incluso corre el rumor, no confirmado, de que en la única entrevista entre el Presidente Sánchez y Núñez Feijóo éste ofreció desbloquear los nombramientos de ambos órganos constitucionales si el Gobierno nombraba uno de los Magistrados constitucionales a propuesta del Partido Popular… Por eso las derechas quieren impedir que el Gobierno proponga los dos Magistrados constitucionales que el corresponden conforme a la Constitución.

LA GRAN MENTIRA MEDIÁTICA

Si en términos jurídicos es bastante evidente que el Partido Popular y la derecha judicial están obstaculizando el cumplimiento de la Constitución en orden a la renovación completa del Consejo General del Poder Judicial y a la renovación parcial del Tribunal Constitucional, llama mucho la atención la operación mediática de la prensa de derechas que han trastocado el sentido de una información y ha convertido lo lícito en ilícito y lo ilícito en lícito. Y a ello se presta incluso la prensa que aparentemente no es de derechas.

Por un lado, se ha creado la impresión de que el PSOE quiere ocupar todos los resortes del Estado. En lugar de aceptar lo evidente, es decir, que la Constitución otorga al Gobierno (al Gobierno del Presidente Sánchez y antes al Gobierno del Presidente Rajoy) una facultad, El Mundo dedicó al tema un editorial titulado “Sánchez maniobra para hacerse con el TC” (26 de junio de 2022) y un día antes, el 25 de junio, ABC tituló su editorial “Al PSOE le urge controlar todo”. Es decir, la derecha mediática niega al Gobierno una facultad constitucional… con la esperanza de ganar las siguientes elecciones y que sea el Partido Popular quien ejercite esa misma la facultad.

Y si a la derecha le da pavor que el Gobierno ejercite sus facultades constitucionales, la proposición de ley socialista, de contenido muy moderado, que devuelve una facultad al Consejo General del Poder Judicial, ha enrabiado a todas las derechas, lo que sólo se comprende porque, ante todo, quieren mantener la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. He aquí algunos ejemplos:

“’Un atropello al Poder Judicial’. Fuentes del CGPJ califican de ‘obscena’ la maniobra del Gobierno y avisan de que no será fácil llegar a un acuerdo para efectuar los nombramientos del TC” (El Mundo, 25 de junio de 2022).

Y no sólo es el diario conservador porque El País de 11 julio de 2022, en un artículo de la Magistrada Natalia Velilla (“Jueces y democracia: ¿un sistema en peligro?”) se llegó a decir:

“La propuesta del Gobierno de modificar otra vez la ley, ahora en sentido contrario, con el exclusivo fin de que el CGPJ puede designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, es incalificable por bochornosa”.

Podríamos señalar otros muchos artículos de opinión (por ejemplo, el de la antigua Magistrada constitucional, nombrada a propuesta de CiU, Encarnación Roca, en ABC de 17 de julio de 2022, titulado “La mujer del César”) pero estos dos textos son suficientes para entender el fenómeno.

Se ha asentado en la opinión pública lo que podríamos llamar una gran mentira que consiste en identificar la politización de la Justicia con la elección parlamentaria de los Vocales del Tribunal Constitucional y en trastocar una facultad constitucional del Gobierno (el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional en el plazo que le corresponde) en una “obsceno” deseo de “ocupar” las instituciones. Mientras tanto, el boicot del Partido Popular y de la derecha judicial a la renovación de ambos órganos constitucionales para que sigan ocupados ilícitamente por la derecha, no se percibe en la opinión pública.

CONCLUSIÓN

Las derechas de todos los colores, representando a las élites del poder político y económico, han gobernado el mundo muchos siglos. Sólo a partir de la Revolución Francesa las izquierdas, en sentido muy extenso, han accedido a las instituciones del Estado. Han pasado más de dos siglos desde la Revolución Francesa, pero las derechas quieren controlar, al precio que sea, cualquier órgano, cualquier institución del Estado. Y utilizan todos los medios lícitos e ilícitos, para que las izquierdas sigan en la periferia del poder.

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.

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