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Claves de una ley para la universalización de la sanidad


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

El presidente del gobierno ha anunciado en la campaña electoral andaluza que esta semana el Consejo de Ministros aprobará la ley de universalidad y equidad y cohesión del sistema sanitario, para así blindar su carácter público frente a los recortes y las políticas privatizadoras futuras.

No cabe duda de que la ley es necesaria, pero no suficiente, dada la distribución de las competencias sanitarias de nuestra Constitución, que hace depender el deseado blindaje de los votos y las mayorías de gobierno en España y también en las CCAA, como hemos tenido oportunidad de experimentar en su momento en la Comunidad valenciana y hoy mismo en particular en la Comunidad de Madrid, como LABORATORIO ULTRALIBERAL y de las privatizaciones. No conviene engañarse.

La mencionada norma no es otra cosa que la culminación de la derogación del RD 16/2012 aprobado por el gobierno de la derecha y que quedó incompleta con el decreto 7/2018 del gobierno del PSOE salido de la moción de censura. Se trata de desandar un decreto que denominado cínicamente de sostenibilidad, en realidad era de involución de la sanidad pública, impuesto aprovechando la crisis financiera, y que ha sido el intento más serio de revertir el modelo sanitario desde su inicial vocación universal y como derecho ciudadano hacia el anterior modelo reparador y de seguridad social.

Este camino de recuperación se inició con el primer decreto del gobierno, pero ha dejado temas pendientes como la cobertura plena de la atención sanitaria de los INMIGRANTES sin papeles y de sus familiares reagrupados, que hoy se encuentran condicionados a un plazo y a unos requisitos de casi imposible cumplimiento, y que como consecuencia han sido objeto de denuncia por parte de las ONGs humanitarias.

También se trata de eliminar los COPAGOS, que abarcaban a productos y prestaciones sanitarias y socio sanitarias, y que aunque formaban parte del mencionado decreto de sostenibilidad, no fueron aplicados más que en materia farmacéutica, debido a la resistencia de los ciudadanos, los sanitarios y algunos gobiernos de las CCAA.

Sin embargo, lo esencial para la universalización del derecho a la salud es su reconocimiento legal cono DERECHO CIUDADANO, con la derogación definitiva de la confusa legislación que después de décadas lo sigue vinculando a la seguridad social y a la situación laboral, bien sea como titular o como beneficiario.

Aunque la efectiva universalidad y equidad del sistema sanitario depende también del cumplimiento de la ley general de sanidad en relación al eternamente aplazado proceso de EXTINCIÓN DE LAS MUTUALIDADES sanitarias de los funcionarios públicos, ya que la inclusión, el compromiso y la exigencia de los sectores medios, los cualificados y de los servidores públicos es imprescindible para el desarrollo del Sistema Nacional de Salud como un modelo de atención con el máximo nivel de calidad, y aunque algunos no lo crean para la viabilidad y la mejora de su asistencia sanitaria futura. 

Por otra parte, y a tenor de la experiencia de las últimas décadas, es fundamental restringir los distintos modelos de gestión, que incluían los privados introducidos con la ley 15/97, únicamente a la GESTIÓN PÚBLICA y en su caso los conciertos o consorcios tan solo como suplementarios, evitando los caballos de Troya de los modelos de gestión y de los competidores privados en el mismo corazón del sistema sanitario bajo el eufemismo de la colaboración público privada. Si nadie lo entiende entre competidores privados no debería aceptarse tampoco la colusión entre lo público y lo privado. En este sentido, no basta con afirmar la preferencia de la gestión pública como se hacía en el primer borrador del proyecto de ley.

También es urgente evitar el llamado MODELO ALEMÁN en la contratación de las nuevas inversiones en centros hospitalarios públicos, ya que no solo ha multiplicado el coste de forma desmesurada en relación a la inversión pública directa, sino que la deuda generada pende como una losa sobre los presentes y futuros presupuestos sanitarios de las CCAA.

A las prioridades anteriores debemos añadir las lecciones de la pandemia para reconocer el papel esencial de la salud pública, la salud mental y la atención primaria en el sistema sanitario público, más allá de las estrategias y los planes aprobados.

En este sentido la AGENCIA de salud pública y la agencia de calidad del SNS, son instrumentos imprescindibles a poner en marcha en los próximos meses. De ellas depende también la viabilidad y la sostenibilidad de un sistema cada vez más dependiente del desarrollo tecnológico y farmacológico en los tiempos de la medicina genómica, personalizada y digital.

Por último, la experiencia reciente de la compra conjunta de vacunas y de los fondos de reconstrucción de la UE, forzadas por la pandemia, muestran asimismo la importancia de contar con un verdadero PRESUPUESTO, hoy por hoy ridículo, para la financiación de las competencias actuales del ministerio de sanidad, tanto en salud pública, docencia e investigación sanitaria así como en las estrategias y la planificación sanitaria. Nada más y nada menos.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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