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Una mala noticia sobre los centros de mayores


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

El ministerio de derechos sociales de agenda 2030 no ha logrado sacar adelante su propuesta de reforma del modelo residencial en su reunión con las consejerías respectivas de los gobiernos de las CCAA.

Era previsible que el PP jugase de nuevo a la contra en relación a las lecciones de la pandemia, como también lo ha hecho en su gestión, y asimismo que los nacionalistas se desmarcaran de lo que habitualmente consideran una injerencia del Estado en sus competencias, salvo para las aportaciones económicas excepcionales.

Lo que no estaba en el guión era el rechazo de algunas CCAA gobernadas por el PSOE como Castilla La Mancha y Extremadura con el argumento de las ambiciones sin presupuesto. Algo sorprendente entre fuerzas progresistas que además comparten el gobierno. Algo similar ha ocurrido con la comunidad de Castilla y León y la de Asturias que se han abstenido.

En todo caso, supone una pésima noticia para las políticas sociales y en concreto para la atención a la dependencia y las residencias de mayores, sobre todo al cabo de dos años de la puesta en marcha de la ponencia técnica y después de casi un año de la negociación de sus conclusiones a tres bandas con las CCAA, los agentes sociales y las asociaciones cconcernidas.

Porque la residencias de mayores han sido nuestro talón de Aquiles, en particular a lo largo de las primeras olas de la pandemia, que luego fueron mitigadas con las medidas de distanciamiento y salud pública, hasta su definitivo control bien avanzada la generalización de las tres dosis de la vacunacion.

En los últimos tiempos hemos comprobado que nuestro modelo residencial no solo no estaba preparado para responder a una situación de estrés sanitario como la pandemia, sino que ni siquiera se adaptaba a las necesidades de vida personal y de convivencia de los residentes, obligándoles por contra a adaptarse a un modelo masificado, y condicionado por la gestión y los resultados económicos.

En general, debido a sus propias condiciones de ocupación excesiva y por su escasa dotación de profesionales adecuadamente remunerados para la atención y para los cuidados. De otra parte por las deficiencias percibidas en la coordinación con la atención primaria y más en concreto debido los protocolos utilizados en algunas Comunidades Autónomas en plena pandemia para la derivación de los ancianos a los centros hospitalarios.

Es por eso, que los requisitos mínimos de los servicios a la dependencia que se proponían desde el ministerio hacían referencia a la reducción del número de plazas en zona urbana y rural entre 120 y 74, ampliando el número de habitaciones individuales y mejorando la ratio de personal por número de residentes, así como al establecimiento de grupos burbuja de una quincena de miembros. Todo ello, con carácter retroactivo, lo que se encuentra en el fondo del rechazo de la patronal de las residencias y de algunas de las CCAA, dado el desembolso adicional que supondría y que calculan en un incremento por plaza de hasta el cincuenta por ciento, aunque se dilatase el calendario para su aplicación. Además de abordar simultáneamente el reto de la ley de dependencia de reducir las listas de espera, mejorar las condiciones laborales del personal y la calidad de la atencion, para los que los fondos adicionales de los presupuestos Generales del Estado, aunque sustancialmente superiores, también se consideran insuficientes. Tampoco la propuesta del ministerio ha satisfecho las exigencias de mejora del empleo de los sindicatos ni de la calidad de la atención planteada por la mesa con las organizaciones sociales.

Como consecuencia, parece que se prevé prolongar los contactos durante unas semanas más con el objetivo de acordar unos puntos básicos y un calendario que hagan posible la aprobación de la reforma de los servicios de dependencia.

Sería algo inaceptable que con el paso del tiempo nos hubiéramos insensibilizado, pasando del horror por el impacto trágico de la pandemia en los centros de mayores, a la fría prioridad de la gestión económica y el distanciamiento, sino algo peor como el olvido.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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