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La “razón de Estado” de PSOE y PP, frente al “Estado sin razón” de Pegasus


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

PSOE y PP, además de la arribista extrema derecha de Vox, han vetado en el Congreso la posibilidad de crear una comisión parlamentaria para llegar al fondo sobre quién, para qué y a qué dirigentes políticos y sociales de este país se ha espiado con el sistema israelí Pegasus, tal y como había planteado Unidas Podemos junto a otros grupos.
 El ‘caso Pegasus’, que saltó con un nivel de actuación limitado al mundo independentista catalán y vasco, dio un giro espectacular al conocerse que hasta Pedro Sánchez y su ministra de todos los ejércitos y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Margarita Robles, también fueron ‘pinchados’ con esa herramienta.

Si esta operación de infiltración ha llegado hasta el presidente del Gobierno no hay motivo para dejar de pensar que la nómina de espiados sea más amplia y alcance al resto de fuerzas políticas, además de sociales o económicas, generando así una situación de indefensión que afecta a la credibilidad de todo el sistema.

No se conoce el Estado, ente, servicio o empresa pública o privada que ha espiado –y va a ser muy difícil, especialmente para la Justicia, averiguarlo– y existen incluso dudas de si nos enfrentamos a un caso exclusivamente nacional, o ha surgido o tiene ramificaciones más allá de nuestras fronteras, algo sobre lo que aclararía mucho averiguar el objetivo al que servía el material obtenido.

Así las cosas y desde esta perspectiva, el PSOE debería ser el principal interesado en llegar hasta el final, por su calidad de afectado, y el PP debería estar a la cabeza de la petición de una comisión de investigación, aunque sólo fuera, como tanto ha demostrado que le gusta hacer, para sacar rédito político del caso, como ha tratado de hacer durante estos más de dos años de pandemia en los que sólo se ha dedicado a poner palos en las ruedas.

Sin embargo, se han impuesto las cínicas ‘razones de Estado’, que no son otra cosa que la complicidad entre los intereses del Estado profundo y sin razón. Unos y otros se amparan en múltiples normas, desde la Ley del CNI al Reglamento del Congreso, para que nos quedemos sin que el Parlamento pida las explicaciones pertinentes a quienes tienen la obligación de dar cuenta de lo ocurrido, sin dejar de cumplir la ley por ello. No sólo hay que aclarar quiénes espían y para qué, sino por qué han fallado los controles que deberían haber impedido este espionaje ilegal y peligroso, salvo que haya algún supuesto garante de la seguridad del Estado cerca de la comisión del delito.

También nos quedaremos sin ver cómo se investiga el grado de conocimiento que tenía una parte del Gobierno sobre la utilización de este sistema de espionaje al que no puede tener acceso cualquiera, según nos han contado a nivel nacional e internacional, una explicación que también está en cuarentena.
 Al menos debería quedar muy claro si fue a nivel interno como se preparó el entramado para acceder a los móviles del independentismo catalán y vasco, y si luego desde los mismos intereses se amplió el espionaje al propio Gobierno, o bien nos encontramos ante un Estado paralelo que realiza acciones diversas que luego ‘vende’ por separado a los que puedan estar interesados.

Sea la que fuere, lo que sí se ve una vez más es cómo se priva al Parlamento de ejercer su labor democrática de fiscalizar la actividad de diferentes poderes del Estado y se impone la ‘omertá’ que blinda a las ‘cloacas del Estado’, sean las que sean y de donde sean.

Desde la gravedad del caso resulta irrelevante la amenaza del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de romper aún más las relaciones parlamentarias con el Gobierno de coalición, poniendo en riesgo la legislatura. Lo que hoy está en peligro no es la continuidad del acuerdo que permitió la elección de Sánchez como presidente, sino la propia credibilidad del sistema democrático. No estamos para que nadie se quede mirándose el ombligo.

Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.

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