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Bajar impuestos, grito de batalla de la derecha


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

Tras el primer contacto con el presidente Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, actual líder del Partido Popular, comentó que tomarían más en serio la cuestión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial si el actual gobierno de Sánchez aceptase una rebaja general de impuestos.

En la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso y su consejero de Hacienda, Fernández Lasquetty, mantienen el mismo estribillo, señalando los menores impuestos que se perciben en la Comunidad de Madrid como el principal factor explicativo del primer puesto que esta autonomía ocupa en cuanto a PIB por habitante.

Como señala la ministra Calviño, no hay ningún organismo internacional que ahora recomiende a España bajar los impuestos, sino que prevalece la opinión contraria, proclive a elevar el nivel de la presión fiscal en España

El discurso de Vox se parece mucho al de Ayuso. Queda claro que la rebaja de impuestos se ha convertido para la derecha española en una especie de bálsamo de Fierabrás, que resuelve todo tipo de mal.

Aunque todo es mejorable, España no destaca entre los países desarrollados como un país de presión fiscal elevada. Su nivel de gasto público respecto del PIB es equivalente a la media de la Unión Europea, pero el nivel de ingresos públicos está claramente por debajo de la media de dicha área económica. Dicha asimetría ha dado lugar a que España registre de forma crónica unos déficits públicos elevados y a que su nivel de deuda pública se haya aproximado al 120% del PIB, uno de los más altos de la Eurozona. España adolece, pues, de una “brecha fiscal” significativa, lo que obliga o a elevar los tributos o a reducir el gasto público.

Una parte considerable del gasto público se destina a las comunidades autónomas, con lo que una reducción de los ingresos públicos llevaría a aumentar los déficits de dichas administraciones públicas.

Reducir los impuestos sin bajar el gasto público conduciría a aumentar el déficit público anual y a acrecentar el ya elevado nivel de deuda pública existente.

Los más altos precios van a modificar el signo de la política monetaria desarrollada por el Banco Central Europeo, lo que implicará que habrá que pagar más intereses por la deuda pública que se emita a partir de este momento, como ya se está advirtiendo en las más recientes emisiones de deuda pública.

Todo lo anterior implica que, en un contexto como el actual, de posible recesión derivada de los más altos precios de la energía, reducir los ingresos públicos resulta harto problemático, lo que no impide racionalizar el diseño de algunos impuestos, en línea con el reciente informe elaborado sobre la fiscalidad por una Comisión de Expertos.

Queda sin citar otro argumento empleado por la derecha política para justificar la reducción de impuestos. Se trata del argumento desarrollado por el economista norteamericano Laffer, según el cual la rebaja de impuestos puede contribuir a dinamizar el crecimiento económico ante la mayor disponibilidad de recursos de que disfrutarían hogares y empresas al tener que pagar menos tributos.

Pero dicho argumento adolece de notables limitaciones… En primer lugar, los hogares pueden ahorrar una parte sustancial de los mayores ingresos, con lo que el gasto total se reduciría al tener que bajar el gasto público, pues el gasto que harían los hogares con los mayores recursos se ahorraría, con lo que el gasto neto total descendería.

En segundo lugar, como ha explicado el economista Krugman con cierta frecuencia, los mayores recursos de que dispondrían las empresas no suelen destinarse a realizar mayores inversiones, sino que una parte sustancial de los mismos se destina a adquirir acciones de la propia empresa para así reforzar el control de la misma por parte de sus actuales gerentes. En todo caso, no hay nada seguro detrás de la afirmación de que los menores tributos pueden contribuir a dinamizar más la economía, sino que lo más posible es que la reducción de impuestos provocaría aumentos espectaculares del déficit público.

Además, como señala la ministra Calviño, no hay ningún organismo internacional que ahora recomiende a España bajar los impuestos, sino que prevalece la opinión contraria, proclive a elevar el nivel de la presión fiscal en España.

En todo caso, la presión mediática de la derecha respecto del tema mencionado va a ser continua y machacona. Se hacen encuestas en las que sale una mayoría favorable a la reducción de impuestos. Habría que ver qué clase de preguntas se hacen en tales encuestas.

Es un hecho contrastado que las pensiones se financian en España con cotizaciones sociales y con impuestos.

Si a un pensionista se le pregunta si quiere que se reduzcan los impuestos habría que informarle de que esa medida llevaría a una reducción de la pensión que disfruta.

De ahí que en las encuestas que se hacen sobre la conveniencia o no de la bajada de impuestos, habría que indicar si se quieren bajar los impuestos reduciendo a la vez la pensión. La respuesta a la pregunta podría ser muy distinta si se señalaran las prestaciones sociales que se perderían en caso de producirse tal reducción de impuestos preconizada por la derecha.

En el caso de Madrid, los menores impuestos han traído consigo una reducción sustancial del alcance de la sanidad pública, han crecido las listas de espera para las operaciones, descendiendo también las aportaciones a la educación pública y se han reducido las inversiones en las universidades públicas. Se puede “ser de Ayuso” pero se puede a la vez llevar año y medio de espera para que se realicen determinadas operaciones quirúrgicas. Queda mucho debate por delante sobre el tema analizado.

 

Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.

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