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Duelo de maniqueos hasta el final de la pandemia


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(Entre la protección y el riesgo de los más vulnerables)

La Comisión de Salud Pública ha aprobado recientemente la "Estrategia de Vigilancia y Control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia" en el marco del acuerdo del gobierno y las CCAA en denominada declaración de Zaragoza.

De nuevo, como si nada hubiese cambiado, hemos vuelto a los eternos maniqueos, hasta en las posiciones sobre la nueva estrategia de transición al final de la pandemia. En este caso polarizados entre los extremos de si la nueva estrategia garantiza la protección o por el contrario supone un riesgo añadido para los más vulnerables. Con los mismos argumentos sin matices de la precipitación y el oportunismo frente a la tardanza y el dogmatismo se han cuestionado las medidas más recientes como las relacionadas con la retirada de la mascarilla en exteriores o la última relativa a la supresión de las cuarentenas. Al final de la pandemia con un cambio de papeles en el que el gobierno ha pasado de ser acusado de dogmático con el confinamiento a irresponsable con el levantamiento de las restricciones. Por lo menos, lo que parece que ya nadie discute es que ya no se trata de un problema para el conjunto de la población ni pone en cuestión la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Algo hemos avanzado.

El principal argumento en contra de la nueva estrategia aprobada es, una vez más, que ésta no se basa en evidencias científicas sino en razones políticas y económicas con el fin de acelerar la situación de normalidad, ya que los datos de incidencia siguen siendo altos y que además nos encontramos en un momento de repunte de la pandemia en Europa que podría anunciar una nueva ola, por lo que sostienen que sería necesario esperar a adoptar esta nueva estrategia a rebajar sustancialmente la incidencia, al menos a los cien casos por cien mil, cuando sin embargo todavía nos encontramos bastante por encima de ese dato. 

Un calificativo el de acientífico quizá demasiado grueso, cuando nos encontramos en una incidencia de la covid19 por debajo de los países de nuestro entorno, que sin embargo va al mismo ritmo o incluso mayor en la flexibilización de las medidas de salud pública, a pesar de contar con un nivel de vacunación y de dosis de recuerdo significativamente inferior al nuestro. Aunque hay que reconocer también que la incidencia y el contexto invitan a la prudencia y a una desescalada gradual, tanto de las medidas de salud pública como en la transformación del sistema de vigilancia.

Sin embargo, una y otra posición eluden que las razones para actualizar la estrategia son evidentes y basadas en datos tanto objetivos como subjetivos, ya que la pandemia es además de una enfermedad transmisible un proceso también social: son sobre todo nuestro muy alto nivel de vacunación, en especial entre las personas mayores y los más vulnerables, así como la inmunidad creciente de los no vacunados, junto a la consiguiente baja letalidad de la actual variante, que se encuentra al nivel de la gripe estacional, y asimismo la oportunidad que se abre de volver a centrar la atención primaria y hospitalaria en los pacientes (covid o no) que más lo requieren y la necesidad ineludible, al cabo de más de dos años de pandemia, de recuperar la plena normalidad. En definitiva, se trata de algo ya previsto, científicamente fundamentado, compartido a nivel europeo y que socialmente se da por descontado y por tanto estamos ante una estrategia oportuna y poco menos que inevitable desde el punto de vista social y político.

La novedad más importante es el abandono de la realización de pruebas diagnósticas y aislamientos en los casos leves y asintomáticos, así como la cuarentena de los contactos estrechos. De hecho esta nueva estrategia se aplicará siempre que los indicadores de utilización de servicios asistenciales se encuentren como ahora en nivel de riesgo bajo, independientemente del nivel de transmisión de la pandemia. Realizado en coordinación con el Centro Europeo de Control de Enfermedades con el que se han establecido los mecanismos para garantizar la integración en el sistema de vigilancia a nivel europeo. Con todo, es verdad que se anula por completo el indicador anticipado de la evolución de la incidencia de la enfermedad, que por otra parte se encontraba muy mermado como consecuencia de la alta transmisión variante Ómicron y la generalización de los test de antígenos, para centrar solo en los indicadores de utilización de los servicios asistenciales.

Es por eso que aunque se anuncia que esta fase de transición abrirá paso a un sistema consolidado de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, "dentro de los sistemas de vigilancia centinela de las enfermedades respiratorias agudas (IRAs)", sin embargo hasta que ese momento llegue se echa de menos algún indicador sintético con más capacidad de anticipación.

La nueva fase supone además trasladar la responsabilidad de qué hacer ante síntomas leves al propio ciudadano, a una atención primaria debilitada y a los hospitales y las ucis en relación a aquellos que tienen factores de riesgo, así como a las empresas, en las que se mantiene la cultura del presentismo y dónde la interacción personal es la norma y el teletrabajo la excepción, y en particular a los todavía frágiles centros de mayores.

En este sentido, la nueva estrategia pretende la vigilancia y el control de las actuaciones en personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorizará los casos de COVID-19 graves, y en personas vulnerables, y en consecuencia las pruebas diagnósticas, se centrarán en aquellas "personas con factores de vulnerabilidad como los mayores de 60 años, los  inmunodeprimidos y las embarazadas, los ámbitos vulnerables, tanto sanitarios como socio sanitarios, y los casos graves". Quizá todo esto haría necesario un mayor esfuerzo pedagógico y protocolos concretos que desarrollen la estrategia de transición por parte del gobierno, las consejerías  de las CCAA y las propias empresas.

Es aquí donde entra también la disponibilidad y la prescripción de los nuevos antivíricos que con un alto nivel de efectividad deberán ser administrados en los primeros días de aparición de los síntomas en personas de riesgo.

En definitiva, se trata de una estrategia en la que frente al mantenimiento de medidas generales ya sin consenso social o la retirada abrupta sin una transición al nuevo sistema de vigilancia, es mejor hacerlas proporcionadas a la evolución declinante de la pandemia, seleccionando las más efectivas, pero también las más comprensibles para la población.

En los próximos días se abrirá un nuevo debate, a buen seguro también maniqueo como anuncian las iniciativas parlamentarias de la ultraderecha y de Ciudadanos, en torno a la retirada de las mascarillas en interiores en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, siguiendo la línea del entorno de los países europeos como Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Países Bajos y los países nórdicos que los han aprobado con antelación. Se habla de aprovechar la semana santa comenzando por el ámbito educativo y en general los locales no muy concurridos y bien ventilados. Es de esperar que finalmente su carácter obligatorio solo se mantenga en los entornos más vulnerables como en los centros sanitarios y las residencias de mayores.

Aunque este periodo de transición no debe quedarse en la vigilancia epidemiológica ni en la superación de las restricciones, sino debe serlo también en lo relativo a la salud pública con la puesta en marcha de la Agencia Estatal precisa en la ley general de salud pública de 2011, así como en sanidad con la potenciación efectiva de la atención primaria y en los centros de mayores con su progresiva adaptación socio sanitaria.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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