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No hay excusa para aplazar la reforma fiscal


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El grupo de casi una veintena de expertos ha hecho público el libro blanco en relación a la fiscalidad en España después de diez meses de trabajo y con la renuncia de dos de sus miembros de por medio. El informe de más de setecientas páginas forma parte de los compromisos del gobierno español dentro de la estrategia de transición para el fondo europeo de recuperación y resiliencia New Generation.

Se trata de una propuesta de reforma integral del sistema impositivo en base a un "examen en profundidad" de las diferentes figuras actuales y potenciales del sistema fiscal para modernizar la tributación española y a la vez hacerlo más progresivo, garantizando la suficiencia en la financiación de las administraciones, las infraestructuras y los servicios públicos en la línea de la fiscalidad de los países avanzados de la Unión Europea.

Nuestro sistema fiscal se ha visto sometido en el período democrático a una serie de reformas puntuales, la mayor parte de ellas para rebajar los impuestos a las sociedades, las plusvalías, las herencias y el patrimonio en detrimento de los impuestos directos e indirectos a los salarios y el consumo, sobre los que ha terminado recayendo la mayor parte de la recaudación. Las últimas reformas tuvieron lugar a raíz de la crisis financiera en los gobiernos de Mariano Rajoy, que en su conjunto incrementaron la imposición del IVA y del IRPF a pesar de la tradicional campaña de la derecha en sentido contrario.

El nuevo informe avanza en nuevas figuras fiscales de fiscalidad medioambiental, de tributación de la economía digitalizada y de fiscalidad en las nuevas actividades. También se propone elevar el impuesto de sociedades, acabar con buena parte de las desgravaciones, rebajas y exenciones del IRPF y del IVA y mantener y armonizar los impuestos del patrimonio, sucesiones y donaciones. Sin embargo, a pesar de la trascendencia de sus propuestas, el libro blanco ha pasado casi desapercibido como consecuencia del contexto del ruido de la guerra en Ucrania y de la crisis del PP. Ha tenido incluso menor repercusión pública que el conflicto desencadenado por la propuesta de reforma fiscal hecha pública recientemente por Unidas Podemos.

Por si no fuera poca la complejidad y el correspondiente carácter gradual y progresivo de las medidas que proponen los expertos, el propio gobierno se ha encargado de diluir aún más su impacto declarando que el documento no refleja la postura del Ministerio de Hacienda y que por tanto su contenido no presupone las medidas que en su momento adopte el Gobierno. Además de decir que en el contexto actual de pandemia y de guerra en Europa y de sus graves repercusiones económicas, por lo pronto, no se plantea ninguna subida de impuestos de las que propone el mencionado informe.

Antes de la publicación del libro blanco, el gobierno ya había rechazado cualesquiera reformas parciales en el contexto de los presupuestos, salvo el tipo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades, con el argumento de las consecuencias de la pandemia en la economía. Posteriormente, el gobierno ha tenido que rebajar determinados impuestos a la energía como consecuencia de la fuerte subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista. A todo esto se añade también la aplazada negociación del nuevo sistema de financiación de las CCAA.

Sin embargo, la cúpula del Ibex ha seguido ganando, en este segundo año de pandemia un 20% más que en 2020, mientras que los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y con ello aumenta la desigualdad y la pobreza severa.

En definitiva, el gobierno no puede seguir fiando la sostenibilidad presupuestaria y el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos a los fondos extraordinarios de la Unión Europea. Todo ello tiene lugar después de la ley de reforma del sistema de pensiones y de la polémica convalidación de la reforma laboral que no ha contado con el apoyo de los socios de investidura.

Por tanto, la ambiciosa reforma fiscal se produce en una coyuntura crítica y con incertidumbre en cuanto a la recomposición de la mayoría de investidura en una materia tan polémica y que afecta al conjunto de las administraciones públicas. Continuará.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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