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Que no te engañen sobre lo que importa de verdad en la reforma laboral


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

Hace unos días se convalidó con gran dificultad, gracias a la chapucera votación de un diputado del PP, la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pactada en el marco del diálogo social. Culminaban así nueve meses de intensa negociación con los sindicatos CC OO y UGT y con la patronal para conseguir la primera reforma del mercado de trabajo que en más de 30 años recupera derechos para la clase trabajadora. Supone un cambio de paradigma al dar los primeros pasos para acabar con un modelo basado en la precariedad, además de recuperar la capacidad normativa y de intervención de los sindicatos

Esta reforma mejora claramente las relaciones laborales en favor de la mayoría social trabajadora. Da pasos hacia un modelo de contratación indefinida, estable, con derechos y medidas alternativas a los despidos, además de propiciar importantes subidas salariales en sectores hasta ahora con pésimas condiciones laborales, gracias a la aplicación prevalente de los convenios sectoriales frente a los de empresa

La reforma penaliza el enorme abuso de la patronal en la rotación y en la temporalidad existente en España, de tal manera que el contrato pasará a ser indefinido si hay un incumplimiento legal de las normas de contratación temporal

Las dificultades para sacar adelante el decreto ley que plasmaba los cambios han puesto en evidencia los problemas para mantener vivo el llamado ‘bloque de investidura’. Es la hora de restañar heridas para concluir la legislatura con garantías para poder aprobar más medidas del acuerdo de gobierno, y se me vienen ahora a la cabeza la nueva Ley de Memoria Democrática o derogar los aspectos más lesivos de la ‘ley Mordaza’.

Dado que la derecha política, mediática y económica quiere que toda la atención se dirija hacia sus mentiras e inventos sobre lo que supuestamente pasó en la votación, permítanme que por mi parte me centre en el contenido de la reforma, que es lo más importante. Hay que felicitarse por el hecho de que la nueva norma generalice como ordinario el contrato fijo, reduciendo la precariedad al restringir la contratación temporal a dos tipos –estructural y formativo–, cuyos motivos deberán ser acreditados. Al tiempo, penaliza el enorme abuso de la patronal en la rotación y en la temporalidad existente en España, de tal manera que el contrato pasará a ser indefinido si hay un incumplimiento legal de las normas de contratación temporal.

Se refuerza la definición y causaliza el contrato formativo, lo que impedirá su utilización fraudulenta para abaratar la mano de obra empleando a estudiantes; se fomenta la modalidad del contrato fijo discontinuo y se regulan de forma más estable los trabajos estacionales o de temporada, reconociendo la antigüedad de toda la relación laboral durante el contrato, no sólo de los periodos trabajados. Se establece el contrato fijo de obra del sector de la construcción.

En cuanto a la negociación colectiva, se restaura la ultraactividad indefinida, de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, impidiendo la práctica habitual de recortar salarios y derechos consolidados al negarse a negociar nuevos convenios.

Puede verse cómo no se sostiene la afirmación de que sólo ha habido un ‘simple maquillaje’ de la anterior legislación laboral que impuso el PP hace una década. Se han quedado cuestiones en el camino, sí, pero hay tiempo para pelear por ellas y también se lograrán.

Aprobada la nueva normativa, ahora empieza una de las cuestiones más difíciles: su aplicación empresa a empresa, sector a sector. Deben ser los sindicatos quienes estén atentos a que se cumpla, por lo que no se descartan movilizaciones para conseguirlo, nada nuevo por otra parte.

El Gobierno debe también reforzar la inspección laboral, porque si los beneficios que la reforma ofrece a millones de trabajadoras y trabajadores se frenan por la incapacidad para asegurar su implementación, la frustración del mundo laboral podría llevar a una falta de credibilidad del Gobierno con consecuencias en el próximo ciclo electoral.

Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.

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