La infamia de una España bajo sospecha

La infamia según la RAE es “maldad o vileza en cualquier línea”. Es infame que unos, que son los mismos, pongan a las demás personas de este país bajo sospecha. La España que madruga no está bajo sospecha. Es la se busca la vida como puede bajo los infames abusos de dirigentes voraces y desaprehensivos. Mientras que sí lo están las puertas giratorias que garantizan que ex cargos se lucren con sus contactos y dossiers. También quedan bajo sospecha las autóctonas prácticas empresarias de los exitosos gestores de la burbuja, se han puesto en evidencia en otros escenarios. No todo el planeta se somete a esas sospechosas modalidades. Parece, de entre todas, que la Gurtel es Marca España.

La Corona queda bajo sospecha cuando se permitió, por intermedio de sus portavoces, reclamar que se acelerase el proceso que tenía imputada a una de sus herederas. También al no evitar los negocios de Juan Carlos I. Todo el aparato del Estado, que debería estar al servicio de la seguridad de los ciudadanos, parece reservarse a la protección sin matices de la figura monárquica. Aún cuando esta institución no parece haber estado a la altura de sus cometidos constitucionales.

En sospecha queda la seguridad pública y los episodios de violencia manifiesta, en los que las fuerzas de seguridad se han visto implicados. Las tramas paralelas de funcionarios y recursos de inteligencia puestos al servicio que la lucha política. Actos estos que parecen ser la expresión de la garantía oficial a la desmesura de los excesos del aparato financiero, empresario y político de este país.

La Justicia se aviene a un desempeño que resulta llamativo al conjunto social. La sospecha. No todos los ciudadanos se sienten tratados de manera equitativa por sus procedimientos y normativas. Esto incluye al entusiasmo de la Fiscalía por actuar en defensa de figuras públicas en trance de ser indagadas en temas de corrupción. En un alarde de insolencia, los sospechados se permiten argumentar razones de memoria a la hora de ser llamados a declarar por los jueces. Nada parece detener la modalidad frente a la estupefacción de la mayoría de habitantes de España. Se burlan impunemente. No es decoroso quedar bajos la sospecha de ser el brazo punitivo de un sector del poder en este país.

Las Comunidades Autónomas repiten que cumplen con su función, pero los ciudadanos aprecian que atienden antes a los integrantes y empresarios del color político que los gobiernan. La derecha sigue recortando, con la complicidad de sus socios en los gobiernos autonómicos. Así, sufren las oberturas que atienden la salud, la educación, la dependencia y las pensiones en esos sitios. Los ciudadanos honrados sospechan de la intención que alientan esos recortes. Contrataciones sospechosas. Razones les asisten.

Es sospechosa también la discrecionalidad con la que actúa el oligopolio energético o bancario. Dejan en una posición penosa a la transparencia de sus negocios. Se sigue respondiendo a los embates de la voracidad por el beneficio empresarial por encima del beneficio común. Esta avaricia y los hechos, demuestran la existencia de servidumbres inconfesables. Nada ha cambiado.

Los medios de comunicación eluden el tratamiento de aquellas noticias que resulten incómodas para el poder gobernante. Esto hace sospechar a los ciudadanos sobre la calidad de la libertad de expresión ejercida en España. Por el contrario, se utiliza la palabra ambigua, la declaración confusa o el plató televisivo como medio para establecer esas infames denuncias sobre fakes y medias verdades a ofrecer al ciudadano. Y se permiten sorprenderse cuando se acude a la hemeroteca y se los deja en evidencia.

Una parte de la oposición está bajo sospecha. Deja traslucir en su comportamiento difamatorio una debilidad manifiesta. En algunos temas, pareciera que se está en presencia de un pacto que garantice la impunidad de actos pasados, presentes y futuros que afecten a sus dirigentes. La clase política no supera el aprobado en encuestas nada sospechosas de manipulación. La verdad histórica, la derogación de la reforma laboral, la fiscalidad más equitativa y la lucha efectiva contra el gran fraude. Son temas que deben afrontarse para disipar las sospechas.

Porque España está bajo sospecha. Aunque no toda.