El estatuto del becario

Este tema, que quedó pendiente en la última reforma laboral, deberá aprobarse, con o sin acuerdo entre sindicatos y patronal. Es por ello que hasta ahora se han elaborado cinco borradores y nadie tenga claro, salvo la Ministra de Trabajo, que pueda darse carpetazo a este asunto antes de mayo. En este caso las posiciones críticas de la CEOE están acompañadas de ciertas reticencias por parte de la Universidad y de algunas organizaciones de estudiantes.

El estatuto pretende regular las prácticas que realizan los estudiantes durante su formación, en la mayoría de los casos su primera experiencia laboral; por eso se enfoca a permitir una formación académica dentro del mundo del trabajo. Esa primera relación es muy importante y la transmisión de conocimientos entre la teoría y la práctica resulta vital para su desarrollo profesional del futuro, y no hay que confundirlo con el contrato de prácticas para titulados, que tienen relación laboral, ni tampoco con las becas de prácticas para estudiantes.

Actualmente las prácticas externas de los estudiantes están reguladas por el R.D. 592/2014 en lo que se llama “convenio de prácticas”, dirigido a estudiantes que obligatoriamente deben realizarlas porque forman parte del plan de estudios. Son las denominadas “prácticas curriculares”, y las prácticas voluntarias que no forman parte del plan de estudios son las “prácticas extracurriculares”.

El nuevo estatuto elimina según esos primeros borradores hasta ahora conocidos, estas últimas prácticas y solo permite las prácticas obligatorias que tienen los currículos de los diferentes planes de estudio. De ahí la definición que se hace en el texto del becario: “estudiante que a través de un convenio de prácticas desarrolla tareas formativas, incluidas en programas oficialmente reconocidos por centros de Formación Profesional o por la Universidad”.

Lo cual supone que se eliminan las prácticas extracurriculares y los becarios deberán tener unos derechos que hasta ahora no tienen, como. Un apoyo económico para gastos de desplazamiento, alojamiento si fuera necesario y manutención, cuando la beca no sea remunerada. Además, las tutorías serán obligatorias y nunca deberán superar los cinco alumnos en formación o tres en empresas de menos de treinta trabajadores. Por otro lado, tendrán los mismos derechos que los empleados en cuestiones como vacaciones, períodos de descanso, calendario laboral o servicios derivados de los derechos laborales y sociales de la empresa.

Los horarios y jornada son los que aplica el convenio de la empresa: eso sí, no podrán desempeñar su actividad en horarios nocturnos, ni por turno, salvo razones justificadas por no poder desarrollar la formación en otros períodos, mientras que el número de becarios no deberá superar el 20% del total de la plantilla, con un mínimo de dos personas en formación práctica. De hecho, la empresa debe dar de alta en la Seguridad Social a cada becario, tiempo que les será computable para su período de cotización. A cambio y salvo modificaciones que puedan producirse en la negociación, las empresas contarán con una bonificación del 75% de los costes a la Seguridad Social. Se plantea un período transitorio de tres años desde su aprobación.

Las discrepancias conocidas hasta ahora están en la modalidad de las prácticas extracurriculares. Para las que no hay acuerdo entre los sindicatos y la CEOE. Para los primeros es fundamental su eliminación, (como proponía la inicial propuesta del Ministerio) para evitar el fraude, imposibilitando que ningún becario trabaje de manera gratuita y sin cotizar a la S.S. Para los empresarios, deben mantenerse porque acogen a numerosos estudiantes que quieren hacer prácticas aunque no las contemple su currículo. En esta misma posición de la CEOE por mantener las extracurriculares están también las universidades que presionan para mantenerlas.

Parece ser que se ha abierto una alternativa a estas posiciones. El Ministerio planteó recientemente una moratoria en la prohibición de estas prácticas de hasta tres años, y un tope de 900 horas (36 créditos), la cual fue rechazada por los sindicatos.

De los únicos estudios fiables que se conocen sobre el fraude en este tema, está un Eurobarómetro de 2013 que recoge que el 73% de los estudiantes en prácticas realizan las tareas de una persona que sí tenía una relación laboral. Por otro lado, un informe de la organización juvenil de UGT plantea que las empresas se han ahorrado 300.000 puestos de trabajo con estas prácticas y más de 1.143 millones de cotizaciones a la S.S., gracias a los falsos becarios.

Como vemos, un tema de vital importancia para el futuro de los millones de jóvenes españoles que en el futuro van a engrosar el mercado laboral de nuestro país, y que va a ser una buena piedra de toque para la capacidad de negociación del Gobierno con los agentes sociales, en este período preelectoral.