Pobreza, exclusión social y enfermedad mental
- Escrito por Hilde Sánchez Morales
- Publicado en Opinión
Tras dos crisis profundas, la financiera del 2008 y la de la COVID-19, la problemática de la pobreza y la exclusión social ha adquirido especial relieve en nuestro país y en los de nuestro entorno.
Ateniéndonos al umbral de la pobreza (según Eurostat se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas: 9.535 euros), si en 2007 ascendía en España al 19,8%, en 2021 (con datos referidos a 2020) se dispuso en el 21,7%. Por grupos de edad destacan los menores de 16 años (28,7%), en el otro extremo los de 65 años o más (17,5%).
Respecto a la tasa AROPE alcanzó al 27,6% de la población residente en España en 2021 (en 2014, primer dato registrado: 29,2%). De los siete conceptos que analiza los más involucrados fueron: no poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada” (14,3%), y haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses. Además, el 8,8% de la población declaró llegar a fin de mes con “mucha dificultad” en ese año (1,2 puntos menos que en 2020) y el 33,4% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos (35,4% en 2020). El 32,7% declaró no poder ir de vacaciones fuera de casa ni tan siquiera una semana al año (1,7 puntos inferior al dato registrado en 2020). Teniendo en cuenta los ingresos de 2020 el índice de Gini subió nueve décimas en 2021 y radicó en 33,0 (34,2 en la encuesta del 2012).
Por grupos de edad, los más afectados fueron los ciudadanos entre los 16 y 29 años (34,2% mujeres y 32,9 varones) y los menos los mayores de 65 años y más (21,7% y 17,5%, en su caso). Los hogares más repercutidos los instituidos por un adulto con hijos dependientes a cargo (54,3%) y los hogares con hijos dependientes (37,1%), resultando los menos damnificados los constituidos por 2 adultos sin hijos dependientes (20,5%).
El nivel educativo juega un papel clave, de hecho, el 38,4% de la población con un nivel de educación primaria o inferior estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, a diferencia de los que contaban con estudios de educación superior (14,9%).
Según la nacionalidad se observan también diferencias, entre los españoles el porcentaje ascendió al 23,6%, entre los extranjeros de la Unión Europea (UE) al 40,3% y entre los de los países de la UE al 65,2%.
Los ingresos medios anuales más elevados (en 2020) se dieron en País Vasco (15.544 euros por persona), Comunidad Foral de Navarra (15.269) y Comunidad de Madrid (14.836). Los más bajos se registraron en Extremadura (9.500 euros por persona), Región de Murcia (9.931) y Andalucía (9.915).
En cuanto a las tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, las más elevadas se concentraron en Extremadura (38,7%), Andalucía (38,7%) y Canarias (37,8%). En diferente coyuntura: Comunidad Foral de Navarra (14,7%) y País Vasco (16,0%).
Dejo para el último lugar consignar que la tasa AROPE entre los parados fue la más elevada entre todos los grupos ocupacionales (69,9% entre los varones y 57,2% entre las mujeres), seguidos de los inactivos (47,4% y 38,2%, respectivamente), a distancia de los jubilados y ocupados con porcentajes entre el 14% y el 17%.
Sin embargo, el estar ocupado no es sinónimo de bienestar, teniendo en cuenta la problemática de los trabajadores pobres (18%). Una de las derivaciones más perniciosas de la precariedad laboral es el impacto que tiene sobre la salud mental. Hace varios días el Ministerio de Trabajo presentó el informe Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas, en el que se ha puesto de nuevo de relieve el vínculo entre las malas condiciones laborales, la ansiedad y la depresión. Se calcula que en 2020 el 33,2% de las depresiones entre la población activa se podrían haber evitado con trabajos estables. De tal suerte, que del total de los 511.000 casos de depresión entre este sector social, 170.000 obedecen a la precariedad laboral.
Para el coordinador del precitado informe Joan Benach “… el mal empleo penetra en los cuerpos y en las mentes de las personas generando daños en la salud, sufrimiento psíquico y trastornos mentales”, de tal suerte que “… cuanto mayor es el nivel de precariedad laboral, mayor es también la prevalencia de padecer mala salud mental”.
En orden a dar soluciones a tan compleja problemática se plantean propuestas tales como mejorar el salario mínimo (recordemos que desde 2018 ha experimentado una subida del 47%, hasta alcanzar los1.080 euros mensuales); reducir la jornada laboral (entre las 32 y 35 horas a la semana); regular el trabajo a tiempo parcial (desde una dimensión de género, los cuidados y la promoción de la salud); empoderar a los trabajadores sobre el tiempo laboral y el no laboral (desconexión digital…) y sobre el tiempo de trabajo y los descansos. Asimismo proponen la creación de un nuevo Estatuto del Becario y avanzar en la regularización de los trabajadores extranjeros irregulares.
En otro orden, remarca la obligatoriedad de reforzar la sanidad. Una sanidad que de cobertura universal a la salud mental, que sea equitativa, gratuita y de alta calidad. Otra necesidad imperiosa es que se amplíen tanto los psicólogos por cada 100.000 habitantes en la atención pública (actualmente seis, tres veces menos que la media europea) y los psiquiatras (11 por cada 100.000 habitantes, la mitad que en los países bajos). Una dimensión novedosa que se desarrolla en el informe es “abrir el debate sobre la participación en el diseño y uso de los algoritmos por parte de las personas trabajadoras”.
Como vemos la coyuntura es difícil en relación a la pobreza y la exclusión social, con derivaciones que generan un extraordinario sufrimiento que deberían avergonzarnos como sociedad que se dice desarrollada. También es cierto que muchas son también las medidas a acometer, con la finalidad de revertir lo aparentemente irreversible.
No en vano, la lucha contra las mismas es uno de los objetivos de la Unión Europea en políticas sociales pues:
“De conformidad con el artículo 153 del TFUE, la inclusión social debe conseguirse solamente sobre la base de la cooperación no legislativa —el método abierto de coordinación—, mientras que el artículo 19 del TFUE permite que la Unión adopte medidas para combatir la discriminación tanto ofreciendo protección jurídica a posibles víctimas como creando incentivos”.
En consonancia con lo anterior, el actual Gobierno español está promoviendo políticas sociales de largo alcance, tal como son recogidas en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023[1] y el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024[2], que ya están ya permitiendo corregir injusticias y desmanes.
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Hilde Sánchez Morales
Nacida en Ingolstadt Donau (Alemania). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Catedrática de Sociología de la UNED. Es autora de un centenar de publicaciones sobre los impactos sociales de la Biotecnología, exclusión social, personas “sin hogar”, familia, juventud, inmigración, etc.
Es miembro y secretaria del equipo de investigación del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) de la UNED. Ha participado en una treintena de proyectos de investigación. Es evaluadora habitual de revistas de Ciencias Sociales españolas e internacionales.
Desempeña tareas de gestión en la UNED desde el año 1996. Ha sido secretaria del Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) y subdirectora del mismo. Asimismo, coordinadora del Máster en Problemas Sociales y del Programa de Doctorado en Análisis de los Problemas Sociales de la UNED.
En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido coordinadora y evaluadora de becas dentro del Área científica Ciencias Sociales.
Miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (1997-2010), vocal de la Comisión de Bioética de la UNED y Vocal Titular del Foro Local de “Personas sin Hogar” del Ayuntamiento de Madrid.