La lección de Italia: El neoliberalismo como precursor del fascismo

Durante más de un siglo, los gobiernos que se enfrentan a crisis financieras han recurrido a políticas económicas de austeridad —recortes de salarios, de gastos fiscales y de lo público— como única senda hacia la recuperación económica. Aunque como ocurrió en la crisis de las subprime, estas políticas de enorme éxito para apaciguar a los acreedores tuvieron efectos devastadores en el bienestar social y económico en países de todo el mundo.

La austeridad moderna tuvo sus orígenes en Gran Bretaña e Italia de entreguerras, cuando la amenaza del poder de la clase trabajadora en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial animó un conjunto de políticas económicas que enriquecieron a propietarios y empresarios, acogotaron a los trabajadores e impusieron un régimen económico rígido basado en acumular poder y capital a expensas del trabajo. Ahí, argumenta Mattei, es donde se puede observar el verdadero valor de la austeridad: la eliminación de todas las alternativas al capitalismo.

Cuando se habla de conceptos como «totalitarismo» y «corporativismo», se da por sentado que el fascismo está muy alejado de la sociedad liberal de mercado que le precedió y en la cual nos desenvolvemos hoy. Pero si prestamos más atención a las políticas económicas del fascismo italiano, podemos ver cómo algunas combinaciones típicas tanto del siglo pasado como de las que reclaman hoy en España neoliberales (PP) y neofacistas (Vox) se experimentaron ya en los gobiernos de Mussolini.

Un ejemplo es la relación entre austeridad y tecnocracia. Por «tecnocracia» se entiende el fenómeno por el que ciertas políticas habituales hoy en día (como los recortes del gasto social, la fiscalidad regresiva, la deflación monetaria, las privatizaciones y las limitaciones salariales) son decididas por expertos económicos que asesoran a los gobiernos o, incluso, toman directamente las riendas ellos mismos, como ocurrió en Italia con el gabinete Draghi que abrió las puertas al Gobierno neofacista de Georgia Meloni.

Poco más de un mes después de la Marcha de los fascistas italianos sobre Roma de 1922, los votos del Partido Nacional Fascista, el Partido Liberal y el Partido Popular introdujeron el llamado «periodo de plenos poderes» que concedía una autoridad sin precedentes al ministro de Economía de Mussolini, el economista Alberto de´ Stefani, y a sus colegas ultraliberales.

Los camisas negras en Bolonia, con Benito Mussolini al frente (a la izquierda), en la "Marcha sobre Roma". Dominio público.

Impulsados por Mussolini, los expertos de De’ Stefani tuvieron la oportunidad de su vida: moldear la sociedad según su modelo ideal. Desde las páginas de The Economist, el camaleónico Luigi Einaudi —que más tarde sería considerado el campeón del antifascismo liberal antes de ser elegido en 1948 primer presidente de la República italiana de posguerra— saludó entusiasmado el giro autoritario. El 28 de octubre, en vísperas de la Marcha sobre Roma, había declarado: «Italia necesita al frente un hombre capaz de decir no a todas las peticiones de nuevos gastos».

Las esperanzas de Einaudi y sus colegas se cumplieron. El régimen de Mussolini puso en marcha reformas audaces que promovían la austeridad fiscal, monetaria e industrial. Estos cambios funcionaron al unísono para imponer duros esfuerzos y sacrificios a las clases trabajadoras y asegurar la reanudación del orden capitalista, un orden ampliamente contestado en la sucesión de acontecimientos del biennio rosso 1919-1920

Entre las reformas que consiguieron acallar cualquier impulso de cambio social destacaron la drástica reducción de los gastos sociales, los despidos de funcionarios (más de sesenta y cinco mil sólo en 1923) y el aumento de los impuestos sobre el consumo (el IVA de la época, regresivo porque lo pagaban principalmente los pobres). Todo ello junto a la eliminación del impuesto progresivo sobre las herencias y una oleada de privatizaciones que puede considerarse como la primera privatización a gran escala en una economía capitalista.

El Estado fascista impuso una legislación laboral coercitiva que redujn drásticamente los salarios y prohibió los sindicatos. La derrota final de las aspiraciones de los trabajadores llegó con la Carta del Trabajo que cerró cualquier vía de conflicto de clase y codificó el espíritu del corporativismo cuyo objetivo, en palabras de Mussolini, era proteger la propiedad privada y «reunificar dentro del Estado soberano el pernicioso dualismo de las fuerzas del capital y del trabajo», que se consideraban «ya no necesariamente opuestas, sino como elementos que debían y podían aspirar a un objetivo común: el más alto interés de la producción».

La hipocresía era evidente: los economistas, tan inflexibles en la protección del libre mercado contra el Estado, no tenían ningún problema con la intervención represiva estatal en el mercado laboral. En Italia se produjo una caída ininterrumpida de los salarios reales que duró todo el periodo de entreguerras, una tendencia única entre los países industriales. Mientras tanto, el aumento de la tasa de explotación aseguraba un aumento de los beneficios empresariales.

Entusiasmo internacional

En 1924, el London Times comentó el éxito de la austeridad fascista: la austeridad requería del fascismo —un gobierno que pudiera imponer su voluntad de forma coercitiva y con impunidad política— para su rápido éxito. The Economist simpatizaba con el objetivo de Mussolini de imponer un «drástico recorte del gasto público», lo justificaba en nombre de la «imperiosa necesidad de unas finanzas sanas en Europa», se alegró en marzo de 1924: «El señor Mussolini ha restablecido el orden y ha eliminado los principales factores de perturbación».

En junio de 1924, el Times, que calificaba al fascismo de gobierno «antidespilfarro», lo elogiaba como solución a las ambiciones del «campesinado bolchevique» y a «la brutal estupidez de esa gente, seducida por los experimentos de la llamada gestión colectiva».

El mensaje era inequívoco: cualquier preocupación por los abusos del fascismo se desvanecía ante los éxitos de su austeridad, Winston Churchill, por entonces ministro del Tesoro británico, explicaba: «Diferentes naciones tienen diferentes maneras de hacer la misma cosa […] Si yo hubiera sido italiano, estoy seguro de que habría estado con vosotros [con los fascistas italianos] desde el principio hasta el final en vuestra victoriosa lucha contra el leninismo».

Lo que quería decir Churchill era la doctrina de doble rasero que sostendría después con ocasión del Golpe de Estado franquista: las soluciones antiliberales, inconcebibles en su propio país, podían aplicarse a pueblos diferentes y menos democráticos como el italiano o el español.

Los celebrados éxitos de la austeridad italiana —evaluados en términos de paz industrial, altos beneficios y más negocios para Gran Bretaña— tenían una cara represiva que iba mucho más allá de la institucionalización de un ejecutivo fuerte y el ninguneo del parlamento. La propia embajada británica informaba de los innumerables actos brutales: el asalto constante a los opositores políticos; el incendio de las sedes socialistas y los despachos obreros; la destitución de numerosos alcaldes socialistas; la detención de comunistas y muchos asesinatos políticos notorios, el más importante de los cuales fue el del parlamentario socialista Giacomo Matteotti.

El apoyo ideológico y material que la clase dirigente liberal italiana e internacional prestó al régimen de Mussolini no fue en absoluto una excepción. De hecho, la mezcla de autoritarismo, manipulación económica y austeridad inaugurada por el primer fascismo económicamente liberal ha tenido muchos epígonos: desde el empleo de los «Chicago Boys» por parte de la dictadura de Augusto Pinochet, pasando por el apoyo de los «Berkeley Boys» a la dictadura de Suharto en Indonesia, hasta la dramática experiencia de la disolución de la URSS por el gobierno de Boris Yeltsin que declaró la guerra a los legisladores rusos que se oponían a la agenda de austeridad respaldada por el FMI. The Economist no tuvo reparos en justificar las políticas de Yeltsin como el único camino que podía garantizar el orden del capital.

Como siempre, la solución de los economistas de la corriente dominante en esos países era exigir a los trabajadores que asumieran la mayor parte de las dificultades mediante salarios más bajos, jornadas laborales más largas y recortes en las prestaciones sociales.

Justamente lo que defiende la presidenta de la Comunidad que me ha tocado sufrir.