La pendiente resbaladiza hacia la fragmentación

En este sentido, los términos del debate no han sido precisamente amables ni entre los socios ni tampoco entre los apoyos parlamentarios, que aunque siguen estando condenados a entenderse no se han ahorrado en cuestionar las posiciones de principio ni en mutuas descalificaciones entre los socios de gobierno ni en los reproches a la falta de acuerdo por parte de los aliados parlamentarios.

Como era de esperar, esta reforma unilateral a iniciativa del PSOE ha sido aprovechada por parte de la derecha para presentarse como garante de la rectificación de los efectos indeseados de la ley y con ello como partido garante de la moderación frente a los extremismos. Tampoco ha dudado en echar sal en la herida de la division en el seno de la coalición de gobierno desde el tópico socialcomunista.

Con todos estos inconvenientes, el tiempo transcurrido desde los primeros efectos indeseados, el progresivo goteo de rebajas de penas aunque aún estén pendientes de recurso y la fractura entre los socios del gobierno que ha impedido una iniciativa conjunta para atajarla, son una muestra de inmadurez y de irresponsabilidad que hace un flaco favor a la trayectoria de acuerdos y de estabilidad de la legislatura. Algo de lo que ninguno saldrá beneficiado ni tampoco indemne.

Lo primero que cabe preguntarse entonces es si los lineamientos del programa acordados por el gobierno de coalición no carecían del necesario grado de concreción en estos temas potencialmente tan conflictivos, no solo por su propio contenido, sino también por las diferencias que suscitaban y suscitan entre los partidos de la izquierda y el seno del movimiento feminista. Además, en un gobierno que finalmente nació y más adelante se renovó parcialmente siempre como un gobierno compartimentalizado más que compartido, organizado en torno a personas concretas y en departamentos casi estancos repartidos entre los dos partidos de la coalición, y que como consecuencia no es la primera vez que intenta resolver sus diferencias trasladándolas al parlamento, en vez de resolverlas en el seno consejo de ministros, como corresponde.

Es cierto que se trata una discrepancia en las posiciones que ya existía desde hacía tiempo en el movimiento feminista, más en concreto con relación a los temas más polémicos como la abolición de la prostitución o en torno a la llamada identidad de género, pero que se ha terminado expresando en forma de crisis sino de verdadera ruptura en las movilizaciones más recientementes como en el ocho de Marzo. Todo ello como consecuencia de las diferencias entre los partidos del gobierno de coalición, inicialmente con respecto a quien debía ostentar el Ministerio de Igualdad, y a lo largo de estos más de tres años de legislatura, tanto en relación a las leyes impulsadas desde el Ministerio de Igualdad de Unidas Podemos como con las posiciones a veces discrepantes del grupo parlamentario socialista.

La inquietud es si la actual confrontación en torno a la ley de garantía integral de la libertad sexual pudiera extenderse a otras materias de la agenda feminista o lo que es peor pueda afectar en general a la cohesión y la estabilidad del gobierno en este año decisivo. De hecho, no es buen augurio la inmediata presentación del anteproyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión, que ha sido anunciada y presentada por el Presidente y por la parte socialista del gobierno sin tener en cuenta siquiera al Ministerio de Igualdad.

Por otro lado, la cuestión esencial es si un gobierno puede trasladar mecánicamente al ámbito de la acción política e incluso provocar una mayor polarización entre las corrientes del movimiento feminista, cuando éste se sitúa en el terreno de los principios y de la necesidad, a diferencia del más propio de la política: el de la realidad y de las posibilidades.

Más allá de las políticas de igualdad de género, los duros términos esgrimidos y la polarización del debate parlamentario contradicen la voluntad anunciada por el presidente del gobierno de recomponer un acuerdo a lo largo de la tramitación de la reforma de la ley del solo sí es sí. Una tramitación que bien pudiera prolongarse hasta la misma campaña de las elecciones municipales y autonómicas del último domingo del mes de Mayo, con los consiguientes efectos en el incremento de la desmovilización del voto de la izquierda. Por eso, llama poderosamente la atención que a estas alturas de la división todavía no se haya convocado el órgano de seguimiento de la coalición para abordar la crisis e intentar reconducirla, si en realidad se pretendía acotar las diferencias para que estás no se agravasen ni se trasladasen como un clima de desconfianza a la relación entre los socios de gobierno y por extensión a la mayoría de investidura.

La frase de Yolanda Díaz como conclusión del debate de que 'nunca deberíamos haber llegado hasta aquí' expresa claramente no solo el malestar ante la oportunidad perdida para el acuerdo, sino también ante la gravedad de los posibles efectos la ruptura, si ésta no se ataja cuanto antes. Por lo pronto, la imagen de Yolanda Díaz como mediadora, al igual que ocurre en toda confrontación, ha salido menoscabada. Y esto es algo que el conjunto de la izquierda tampoco puede permitirse.