La renovación del Tribunal Constitucional

Durante varios meses los Vocales del CGPJ han obstaculizado la designación de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, función que corresponde a este órgano en aplicación de la Constitución. El motivo no declarado para no proceder a esta renovación se fundaba en una construcción jurídica discutible. Para los juristas afines al Partido Popular, el artículo 155.1 de la Constitución y el artículo 16.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exigirían que la designación de los dos Magistrados que corresponden al Gobierno y de los dos Magistrados que corresponden al CGPJ haya de efectuarse de manera simultánea, ya que están en el mismo turno, pero esta interpretación es falaz e interesada. Es falaz porque, por un lado, ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se dice de modo expreso que ha de coincidir en el tiempo esa propuesta y, por otro lado, esa interpretación choca con un principio constitucional que es la autonomía de los órganos constitucionales. Bastaría, como ha ocurrido desde junio, que uno de los dos órganos (en este caso, el CGPJ) no ejerciera sus atribuciones para que el otro (en este caso, el Gobierno) no pudiera ejercitar las suyas (véase Javier García Fernández: “¿Tiene límites la facultad del Gobierno de designar Magistrados del Tribunal Constitucional?”, Sistema Digital. 8 de junio de 2022). Además de jurídicamente falaz, esta interpretación era intencionada: el Partido Popular impedía de esta manera que cesaran los dos Magistrados nombrados por el Gobierno de Rajoy (uno de ellos, precisamente, el Presidente) y así se mantenía en el seno del Tribunal Constitucional una mayoría conservadora que podría destruir toda la obra legislativa del Gobierno de coalición. Por eso la feroz pelea, a uñas y dientes, para impedir que se tramitara en las Cortes una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que obligaría a cesar a los dos Magistrados nombrados por el Gobierno del Partido Popular. La semana pasada la derecha ganó la batalla mediante un muy discutible auto que suspendió la tramitación de esa reforma en el Senado (Javier García Fernández: “La desestabilización constitucional de España”, El País, 19 de diciembre de 2022), pero es de esperar que el Presidente del Tribunal Constitucional no busque más tretas para impedir su necesaria sustitución que tendría que haberse producido en junio de este año.

Da la impresión que la propuesta que hizo la fracción conservadora del CGPJ iba de farol. No era una mala propuesta si lo vemos desde el punto de vista de las personas propuestas, pero tenía el doble inconveniente de que comportaba vetar al candidato de la fracción progresista del CGPJ y, además, de aceptar la imposición del candidato progresista por parte de la fracción conservadora. Pero, como ocurre otras veces, en los Vocales progresistas ha primado la ética de la responsabilidad y han preferido apoyar una candidatura de consenso, aunque no lo hayan propuesto ellos, antes que mantener el deterioro constitucional que, como mínimo, erosiona la democracia. Porque ahora el Presidente del Tribunal Constitucional ya no tiene excusas para convocar un Pleno que ratifique que los cuatro propuestos poseen las condiciones necesarias para ejercer el cargo.

Además de celebrar el acuerdo del CGPJ conviene añadir dos acotaciones. En primer lugar, hasta el día de ayer España ha conocido una operación “trumpista”, entendiendo por tal el rechazo de los resultados electorales como hizo Trump el 6 de enero de 2021 al incitar el asalto del Capitolio. Sin sacar a las masas a la calle, el Partido Popular ha pretendido anular los efectos de las elecciones de 2019 mediante el artilugio de ocupar ilegal e ilícitamente el Tribunal Constitucional para que éste anulara la obra legislativa del Gobierno de coalición. Es un “trumpismo” de baja intensidad, sin violencia callejera, pero también devastador, que esperemos que el acuerdo de CGPJ haya podido parar.

La segunda acotación que conviene hacer es que el comportamiento del Presidente del Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto las lagunas que tiene la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por lo que, con independencia del éxito de la decisión del CGPJ, parece necesario seguir tramitando la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos para dejar meridianamente claro que Gobierno y CGPJ pueden formular sus propuestas de Magistrados constitucionales sin estar condicionados por el otro órgano. Y no vendría mal hacer una lectura cuidadosa de toda la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para descubrir sus disfunciones y los agujeros que un Presidente desaprensivo del Tribunal puede utilizar para perpetuarse en el cargo y favorecer a su partido.