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La muerte de manifestantes en 2020 en Perú se procesará como violación a los DD.HH.


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La Corte Suprema de Justicia de Perú resolvió que el proceso penal por la muerte de dos manifestantes y las lesiones a decenas de personas en las protestas del 2020 esté a cargo de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, al tratarse de una grave violación a los derechos humanos.

En una audiencia pública, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, César San Martín, declaró fundado el recurso de casación presentado por la Fiscalía, ante la paralización del proceso por una aparente controversia entre salas judiciales.

San Martín informó que la sala suprema ha establecido que el conocimiento y competencia sobre los hechos investigados en las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en 2020 corresponden a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y no la Corte de Lima, como lo fue hasta el momento.

El abogado de una de las partes afectadas, Ronald Gamarra, comentó en su cuenta de Twitter que la corte resolvió que el caso debe seguir siendo de conocimiento del sistema especializado penal por tratarse de "graves violaciones de derechos humanos".

Gamarra agregó que el caso "nunca debió suspenderse por errada decisión judicial" y pidió que, en adelante, haya una "investigación diligente y objetiva".

Por su parte, la Defensoría del Pueblo destacó que la casación establece que los hechos ocurridos en 2020 que ocasionaron la muerte de dos manifestantes y múltiples personas heridas, constituyen graves violaciones de derechos humanos.

"La Fiscalía debe continuar la investigación, correspondiendo al Poder Judicial establecer responsabilidades penales, no debe permitirse la impunidad", remarcó la Defensoría.

Asimismo, planteó que sigan las acciones que garanticen a los heridos "una recuperación integral de la salud física y psicológica".

Sotelo y Pintado fallecieron en noviembre de 2020, durante las protestas de jóvenes, en su mayoría, por la decisión del Congreso de destituir al entonces presidente Martín Vizcarra y la juramentación del opositor Manuel Merino como gobernante transitorio.

En la represión de dichas protestas también hubo decenas de heridos. Más de una decena de oficiales de la Policía Nacional fueron denunciados por la Fiscalía como presuntos responsables de la violenta represión de los manifestantes, aunque el actual Congreso archivó la denuncia constitucional contra Merino y varios de sus entonces ministros por esos hechos.

Debido a la represión de los manifestantes, Merino tuvo que renunciar al cargo, en menos de una semana, y asumió la Presidencia de la República el legislador Francisco Sagasti, quien convocó a las elecciones generales del 2021, donde se eligió al actual mandatario (2021-2026) Pedro Castillo.