ONG suspenden a España: la protección internacional es una lista de trabas

España sigue sin aprobar el Reglamento de la ley de Asilo de 2009, lo que genera "una grave inseguridad jurídica" a las personas que piden protección internacional y que se ven envueltas en procesos de solicitud de asilo, un procedimiento que se ha convertido en una lista interminable de trabas y dificultades.

Según el informe para la ONU que han realizado un grupo de ONG que trabajan con refugiados, España no solo no ha cumplido los compromisos que adquirió en 2015 en su última evaluación internacional, sino que ha retrocedido, coincidiendo con un gran aumento de solicitudes registradas en los últimos cuatro años que ha colapsado el sistema.

A finales de 2018, quedaban por resolver 78.710 peticiones de asilo, cifra que en febrero de este año ascendía a 93.140 solicitantes de protección internacional esperando respuesta. España será examinada de nuevo por la ONU en enero de 2020, a partir de los informes que proporciona el Estado, la información recogida por Naciones Unidas y la evaluación de las ONG e instituciones nacionales de derechos humanos.

La evaluación de las ONG ha sido presentada este jueves, firmada por la Plataforma para el EPU (Examen Periódico Universal), integrada por organizaciones como Red Acoge, Movimiento por la Paz, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Federación SOS Racismo, Pueblos Unidos y Diaconia, entre otros.

La presentación del informe coincide con las últimas dificultades que han salido a la luz en la atención a refugiados, en concreto en Madrid, donde casi medio centenar de solicitantes de asilo aguardan desde hace días a las puertas del Samur Social del Ayuntamiento.

Según ha denunciado Red Solidaria de Acogida, los afectados -entre ellos, trece menores- están durmiendo al raso a la espera de que "puedan ser atendidos y derivados a un recurso para poder pasar la noche".

Una situación que ya se vivió en octubre, donde otros veinte demandantes de asilo durmieron a las puertas del centro asistencial hasta que el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales llegaron a un acuerdo para acoger a estas personas en un centro en la cercana localidad de Cercedilla.

También en octubre, el pasado día 30, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) expresaba su preocupación por la devolución de dos jóvenes vietnamitas que podrían ser víctimas de trata, y que solicitaron asilo en el aeropuerto de Barajas.

En términos generales, en el documento de las ONG, se denuncia que las once recomendaciones asumidas por España en 2015 "se han desatendido", entre ellas, la de aprobar el Reglamento de Asilo de la ley de 2009, cumplir el principio de no devolución en frontera y mejorar los procedimientos de identificación de los niños extranjeros que viajan solos.

Al no existir ese reglamento que fije criterios únicos en las peticiones de asilo, estos procesos "son poco formales, cada vez más complejos y cambiantes por circulares internas de la Policía Nacional, generando una grave inseguridad jurídica y agravando las situaciones de vulnerabilidad" de estas personas que se han visto obligadas a salir de sus países.

Así, hay migrantes que deben esperar varios meses e incluso un año para obtener una cita previa para hacer una primera entrevista, antes de iniciar los trámites del asilo, y durante ese periodo de espera están desprotegidos, desamparados y fuera del sistema de protección.

En concreto, oscilan entre un mes y cinco en ciudades como Barcelona, Granada, Jaca, Alicante o Valencia, y superior a un año en municipios como Santander, detalla la investigación. La mayoría de las entrevistas se realizan en comisarías sin garantizar los derechos de intimidad y confidencialidad, y sin tener en cuenta que muchas de estas personas han sido víctimas en su país de tortura policial o de traumas severos.

La escasa formación de las personas que entrevistan en protección internacional, la mala calidad de la interpretación, la ausencia de abogado y la transcripción telegráfica o resumida que se hace de ese testimonio, no ayuda a identificar a las personas en situación de especial vulnerabilidad y por tanto no se les protege, exponen las ONG.

"Las renovaciones de las tarjetas acreditativas como solicitantes de asilo tardan mucho en concederse y se dan situaciones en que personas solicitantes que ya se encontraban trabajando pierden su empleo por no obtener cita de renovación de la tarjeta roja dentro del plazo de la vigencia de la misma", denuncian.

Las ONG lamentan que los procesos de inserción no tienen en cuenta las necesidades individuales, no se garantiza el derecho a vivienda, ni se facilita la homologación de títulos académicos bloqueando el recorrido profesional de los que han tenido que abandonar sus hogares.

"Las personas que consiguen acceder al sistema de acogida se enfrentan a un procedimiento ineficaz e inflexible que no facilita, y a menudo entorpece, la inclusión de personas en nuestros país", señala la evaluación de las organizaciones sociales.

El informe detalla que la administración gestiona directamente solo 416 plazas de acogida (el 10 % del total de plazas), delega el resto en las ONG y ha convertido los centros de estancia temporal para inmigrantes de Ceuta y Melilla en improvisados centros de acogida para refugiados, "a pesar de no cumplir con los requisitos previstos en la normativa".

Así el documento reclama aumentar las plazas de acogida, garantizar un sistema de asilo ágil y eficaz, así como más recursos económicos y humanos en puertos y aeropuertos. Además, pide modificar o dejar sin efecto el acuerdo con Marruecos que permite la devolución de personas, la disposición del régimen especial de Ceuta y Melilla que avala devoluciones sumarias y otra de la ley de Extranjería.

"Actualmente se están produciendo en Melilla 'expulsiones exprés' autorizadas por el acuerdo con Marruecos que sustituyen a la práctica de las 'devoluciones en caliente' recientemente deslegitimada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", concluyen.