El Gobierno canario declara el estado de emergencia climática en las islas

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres / EFE El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres / EFE

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes la declaración de emergencia climática en Canarias con el propósito principal de agilizar la ley canaria de cambio climático, que pretende alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico con energías renovables, entre otros objetivos.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañado de todo su gobierno, ha precisado que el proyecto de la ley canaria de cambio climático también persigue la reducción de las emisiones de gases contaminantes y la implementación de mecanismos de absorción de carbono en los medios físicos de Canarias, así como apoyar la investigación en materia de cambio climático.

Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha afirmado que "no hay ninguna duda y está completamente comprobado" que los incendios y su proliferación están ligados a la crisis climática.

Ha lamentado que los ciudadanos de Canarias hayan sido testigo de los efectos que provoca la basura en el mar y de la virulencia de incendios forestales debido a factores vinculados a la emergencia climática.

Además, ha denunciado, en las islas cada vez se encuentran más tortugas muertas por ingerir plástico, lo que, a juicio del presidente, es una prueba de que "algo no hacemos bien del todo". Sobre la ley canaria de cambio climático, el Gobierno se compromete en su declaración a aprobarla "en el plazo más breve posible" procurando la mayor e intensa colaboración y participación activa de toda la sociedad canaria, de las instituciones y de la comunidad científica del archipiélago.

Todo ello con el fin de implementar políticas efectivas de reducción de los impactos y de mitigación de los gases de efecto invernadero, con el objetivo de alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040 e incluso, a ser posible, antes del año 2035. Asimismo, la declaración de emergencia climática establece como primer objetivo comprometer todas las políticas del Gobierno de Canarias, y de las administraciones públicas canarias, para que puedan contribuir a frenar la amenaza mundial que entraña la crisis climática.

El Ejecutivo se compromete también a iniciar las actuaciones necesarias para elaborar y aprobar, en el plazo más breve posible, el plan de acción canario para la implementación de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Detener la pérdida de la biodiversidad y, en su caso, restaurar los ecosistemas, alcanzar una política de residuos cero a través del consumo y de la economía circular y apoyar la gestión del territorio y la actividad económica enfocadas a la recuperación de la tierra fértil y al freno de la erosión, son otros de los retos del Gobierno.

También recuperar los acuíferos perdidos y mejorar la eficiencia en la gestión del ciclo del agua, avanzar en modelos de economía local y de proximidad que impulsen la soberanía alimentaria, la silvicultura, la pesca artesanal, la agricultura y la ganadería ecológicas y de proximidad, de tal modo que quienes trabajen en la agricultura, la ganadería y pesca y desempeñan un papel clave sean reconocidas como tales.

La declaración aboga, asimismo, por gestionar los recursos pesqueros para asegurar su sostenibilidad, y establecer y potenciar programas de colaboración y de actuación conjunta con África, la región Macaronésica y otras islas del mundo para luchar contra el cambio climático.

La primera encomienda a la que se refiere la declaración se dirige a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para la elaboración de un estudio de riesgos y vulnerabilidades frente al cambio climático de Canarias, que analice los riesgos potenciales y la evaluación de la eventual vulnerabilidad que puede constituir un posible daño o amenaza para las personas, bienes, medios de vida o el medio ambiente del que dependen.

No obstante, también se refiere a todas las consejerías, que, según esta declaración, deben de realizar actuaciones de análisis, evaluación y medición de las acciones que se estén desarrollando en cada una de las áreas que tengan incidencia o relación con la crisis climática.