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Las defensas del procés acusan a la Fiscalía de forzar la rebelión con poco rigor

Las defensas del procés acusan a la Fiscalía de forzar la rebelión con poco rigor / EFE Las defensas del procés acusan a la Fiscalía de forzar la rebelión con poco rigor / EFE

Varias defensas del "procés" han cargado este miércoles contra la Fiscalía por "tergiversar" el relato y "magnificar" la actuación de los acusados con "poco rigor" y a través de "interpretaciones forzadas" para hacer que su papel se encuadre en el delito de rebelión o malversación.

Es el argumento común de los informes de los cuatro abogados de la defensa que han intervenido en la última jornada del juicio del "procés", que quedará esta tarde visto para sentencia una vez los acusados intervengan por última vez en su turno de última palabra.

Para los letrados, los hechos se han "sobredimensionado" para forzar el encaje de una rebelión que no tiene cabida al no poder sustentarse jurídicamente, como tampoco lo tiene la sedición porque "no hubo alzamiento tumultuario" con el que se pretendiera alcanzar la independencia sino "un conflicto político que trae causa de una crisis constitucional".

Ni el 1-O ni la conducta de los acusados fue, según los letrados, "capaz de doblegar el Estado" y, por tanto, han defendido que "no hubo rebelión porque no hubo violencia". Lo ha verbalizado el letrado de la exconsellera Dolors Bassa, que ha criticado cómo la Fiscalía "empezó diciendo que se había liquidado la Constitución" pero al definir la violencia bajó "el tono" hasta una "violencia 'soft', una fuerza intimidatoria o una violencia normativa".

Como otras defensas, Mariano Bergés ha incidido en que la aplicación del 155 de la Constitución "bastó" y se llevó a cabo "sin ninguna resistencia" por lo que "no se le puede pedir al tribunal que actualice el tipo de rebelión" para condenarles.

Y ha defendido que la declaración unilateral de independencia no es delito sino "un acto político y pacífico" que "no formaba parte del plan inicial" del Govern, que pretendía alcanzarla "a través de un proceso refrendario y ordenado".

Para él, lo que ocurrió aquel otoño de 2017 fue "un incumplimiento de obligaciones constitucionales, nada más"; y a juicio de la letrada de Jordi Cuixart, fue el ejercicio de los derechos de manifestación y reunión, que la acusación identifica con "desorden, caos, malestar y desafío a la autoridad".

Ella también sostiene que la Fiscalía "ha tergiversado" el relato para "hacer cuadrar la actuación" del líder de Òmnium en el delito de rebelión cuando -ha precisado- él solo insistió en que la protesta del 20-S frente al registro de la Conselleria de Economía "debía mantener un carácter pacífico"

La letrada Marina Roig considera "irrelevante" para el juicio que Cuixart se subiese a un coche dañado de la Guardia Civil y utilizase "palabras como 'desde este altar majestuoso'" porque no es delito, y ha indicado que la "defensa de la unidad de España" no puede "enturbiar" la protección de los derechos fundamentales.

Pero si estas defensas han cargado contra la Fiscalía por torcer el relato, la de la expresidenta Carme Forcadell ha ido más allá al acusarla de "magnificar" su actuación, y ha opinado que "se la está juzgando por quién es y no por lo que ha hecho".

Denuncia la abogada Olga Arderiu -que como Roig ha pedido la libertad de su cliente- que Forcadell se enfrente a 17 años por rebelión por hacer lo mismo que sus compañeros de Mesa del Parlament, que serán juzgados en Cataluña por desobediencia, que no conlleva pena de cárcel.

"Ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no habló, se han inventado tuits y se han mutilado declaraciones", ha señalado la letrada, que a diferencia de otras defensas no ha admitido el delito de desobediencia.

Según Arderiu, Forcadell -a quien Estrasburgo ha rechazado su demanda contra su situación de prisión preventiva- no tenía "facultad" para impedir las leyes de desconexión, que fueron suspendidas un día después, ni autorizó el referéndum ni "arengó a las manifestaciones violentas".

Así, toda esta "rebelión posmoderna" que concibe la Fiscalía -término acuñado ayer por el letrado Xavier Melero-, "ha sustentado también una malversación posmoderna", según su compañera de despacho, Judith Gené, abogada de la exconsellera Meritxell Borràs.

Gené se ha centrado en negar el delito de malversación que, según ha dicho, no se ha podido probar, y ha reprochado el "sesgo acusatorio" de una Fiscalía que solo tiene en cuenta "lo que perjudica" y no los hechos en global.

Y ha aprovechado para pedir al tribunal que no tenga en cuenta en su sentencia las conclusiones de Vox, cuya actuación ha tachado de "arbitraria" y "manifiestamente discriminatoria" por rebajarle la acusación a Santi Vila cuando se le imputan "hechos absolutamente idénticos" a los de otros acusados.

La negativa de la malversación la ha cerrado el letrado de Bassa en relación al uso de los colegios el 1-O que, a su juicio, no implica desvío de fondos porque "los locales estaban excluidos del mercado" y "no se podían alquilar", por lo que "su uso no comportó un lucro cesante".

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